Todos los edificios de la ciudad con cincuenta años o más (construidos por tanto antes de 1964) deberán superar el próximo año una exhaustiva inspección de todas sus condiciones de seguridad que incluye los sistemas eléctricos, cubiertas, cimentaciones, fachadas, instalaciones de agua y demás elementos que inciden en el buen estado de los inmuebles. Así se detalla en el borrador de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) que ultima el Concello y que ayer fue analizado por el concejal de Urbanismo, Antón Louro, con el Colegio de Arquitectos (COAG).

El gobierno local trabaja desde hace varios meses en los detalles de esta ordenanza y se ultima su redacción final, que acaba de incorporar uno de los aspectos clave: la "edad" de los inmuebles que deben ser sometidos a esta inspección. Cada vez que un edificio cumpla 50 años sus propietarios deberán contratar un equipo técnico que analice todos esos aspectos de seguridad y emitir un certificado que determine el estado real de la edificación y, de ser el caso, establezca qué mejoras precisa. Esta inspección tendrá que renovarse, además, cada 15 años. Este plazo de 50 años es el tope que fija la ley y se ha descartado en el Concello reducirlo a un periodo más corto.

Se calcula que en el primer año de funcionamiento de la ordenanza, en 2013, podrían resultar afectados unos dos mil inmuebles. Solo en el casco viejo hay un censo de unos 700. Los datos del Catastro sobre la antigüedad de los inmuebles en el casco urbano revelan que hay unos 400 inmuebles anteriores a 1901, medio millar entre 1901 y 1950 y cerca de mil entre 1951 y 1963, aproximadamente.

Por ello, se aguarda una avalancha de inspecciones este primer ejercicio, por lo que se plantea la creación de una página web que facilite la tramitación telemática y agilice el proceso. Esta plataforma por internet -expertos en informática asistieron a la reunión de ayer- permitiría "la estandarización de todo tipo de formularios y un intercambio inmediato de la documentación entre el concello y los colegios profesionales, lo que se traducirá en una reducción de la carga administrativa", según informó ayer el concello. La experiencia en otras ciudades donde existe esta ordenanza demuestra que la tramitación tradicional ha provocado en algunos casos retrasos de hasta cuatro años en las primeras inspecciones.

Esta nueva normativa completará la ordenanza que desde hace década y media existe en Pontevedra, pero que se limita a exigir la inspección de determinadas fachadas, en especial aquellas recubiertas de losetas o de aplacados de piedra. Louro admite que este tipo de certificados supondrá un gasto para los propietarios, pero ha explicado que la finalidad básica es garantizar la seguridad y "evitar lamentables accidentes", tanto por la caída de elementos de las fachadas como por hipotéticos desplomes de inmuebles. El concejal de Urbanismo recuerda que "en Pontevedra no se han producido accidentes graves, pero basta con que se produzca la caída, total o parcial, de un solo edificio, para generar una grave alarma social".