El exmarido de Carmen Gallego confía en el Supremo para salvar su casa del derribo

Una maniobra legal con la que ganar tiempo ante la "premura" con la que la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) pretende derribar la vivienda ubicada en Riomaior en la que hasta hace unos meses vivía la diputada socialista Carmen Gallego. Esto es a lo que ha tenido que recurrir su exmarido y actual propietario de la vivienda. Enrique López Patricio impidió ayer el acceso a los técnicos y funcionarios de ese organismo del Gobierno gallego para realizar una inspección incluida en el proceso de demolición. El afectado recuerda que ya se ha presentado un recurso en el Supremo y que, además, el inmueble dispone de licencia municipal. "Parece que nada disto lle vale á Xunta; hai unha intencionalidade política descarada", lamenta.

Si bien la denuncia data de hace casi diez años, el caso saltó a la luz cuando Gallego ejercía como conselleira de Pesca en la etapa del bipartito. Tras esto, ella y su pareja se divorciaron y es el hombre quien, con una hija mayor de edad, reside en esta vivienda insertada dentro de los 100 metros de protección de la línea de costa, como la gran mayoría del núcleo poblacional existente en esta zona de Vilaboa, entre San Adrián y Santa Cristina.

"Como a cousa vai tan rápida pois hai que ir actuando sobre a marcha", indicaba ayer el dueño de la casa en relación a la visita que, minutos antes, había realizado a su domicilio personal de la APLU. Asesorado por el despacho de abogados que lleva su caso, negó de forma dialogada el acceso a su parcela. Por tanto, no se pudo levantar el acta de inspección que se incluía en la agenda de este organismo. De ahí que Enrique López haya ganado un poco de tiempo en espera de un fallo firme del Supremo o de que el nuevo PXOM de Vilaboa entre en vigor y reconozca la presión demográfica del lugar. De hecho, apuntó que "dende o Concello intentan falar co conselleiro polo tema do PXOM para que se anule a afección dos 100 metros e se recolla unha máis acorde coa realidade".

López admite que la vivienda, "polo menos en parte" se encuentra dentro de esos 100 metros. Pero no baraja la opción de que se derriba únicamente un trozo del inmueble. "Eu o único que contemplo é que non ma tiren", explica, desconfiando de las verdaderos motivos que han conducido hasta esta situación. Además, puntuliza que en caso de que finalmente su recurso no surta efecto, sería él mismo quien procediese al desmantelamiento.

"Hai centos de casos que si teñen sentencias firmes de derribo dende hai moitos anos e en cambio están sen executar, pero agora montan todo este tinglado con moita premura e nunha casa onde vive unha familia", explica el propietario, advirtiendo una "intencionalidade política descarada". Y es que es consciente de que su esta sentencia del TSXG adquirió mayor relevancia por ser este el hogar de la exconselleira. Aunque ahora ya no lo sea, "a imaxe pública é a de Carmen Gallego". Además, añade que su exmujer "está indignada e convencida de que este é un tema político contra ela e o PSOE".

Por otro lado, siguiendo con sus hipótesis sobre el origen de todo esto, también carga contra la asociación Salvemos Pontevedra, la que denunció la situación ilegal de la vivienda. "Teñen denuncias en dúas ou tres casas unifamiliares sobre as que non constaba directiva nin nada, paréceme una asociación ecoloxista un pouco fantasma e penso que detrás deles pode estar o PP", sospecha.