El concello tiene prácticamente cerrada la propuesta urbanística para recalificar las viejas sedes de la Xunta en la ciudad, que quedarán sin uso con su futuro traslado a la "ciudad administrativa" de Campolongo. La propuesta se basa en los acuerdos alcanzados hace varios meses entre ambas partes, y establece, como principal característica, la construcción de unas 130 viviendas, 45 de ellas en el solar que quede libre en la calle Benito Corbal, y otras 85 (al menos 52 de ellas de protección), en los actuales terrenos de Sanidade y el centro "Avelino Montero".

Esta propuesta estará finalizada por los técnicos municipales el próximo mes de agosto, cuando será entregada a la Consellería de Presidencia (con competencias en materia patrimonial) para su análisis. Todo apunta a que la Xunta introducirá algunas modificaciones, especialmente en Sanidade, donde se baraja que se reserve terreno para un nuevo edificio judicial, que complete al de A Parda, ya muy saturado tras diez años de funcionamiento.

12.300 metros cuadrados

En la avenida de Vigo, la Xunta dispone de 12.300 metros cuadrados de terreno, de los que casi siete mil corresponden a Sanidade y el resto al centro de menores. Según la propuesta municipal, un total de 10.300 se destinarán a espacios libres, viales, equipamientos (donde encajaría la sede judicial) y zonas verdes y los dos mil restantes serán destinados a uso residencial, con esas 85 viviendas, de las que al menos 52 contarán con algún tipo de protección.

En el caso de Benito Corbal, hace tiempo que estaba decidida su demolición, ya que es ilegal que un edificio de usos residenciales tenga más de siete plantas. Además, el inmueble no es habitable. Ocupa 641 metros cuadrados de solar, y sus nueve plantas y un sótano suman 5.800 metros cuadrados. El futuro edificio de viviendas previsto ese lugar tendrá 4.679 metros cuadrados de uso residencial (unas 45 viviendas) y 641 de bajo comercial.

Las zonas verdes y equipamientos que obligatoriamente corresponden a esta recalificación se habilitarán en Sanidade, ya que en Benito Corbal no hay sitio para ello.

Oficinas en Michelena 30

El edificio de Michelena 30, sede actual de la Consellería de Facenda y que también entraría en la operación, pero sin derribos ni viviendas, ocupa una parcela de 774 metros cuadrados, y cuenta con 2.400 meros cuadrados de oficinas y algo más de mil de sótano.

Se trata de un edificio con protección integral (lo que impide su derribo y limita las modificaciones), por lo que se mantendrá básicamente como ahora, pero se destinará a oficinas en el mercado libre.

Nueva sede de Hacienda

Al margen de la sede de la Xunta, la "ciudad administrativa" de Campolongo albergará la futura delegación del Ministerio de la Agencia Tributaria, cuyo proyecto ya ha sido encargado.

De hecho, el Ministerio de Hacienda acaba de abrir el proceso para contratar a un arquitecto y un aparejador para que se hagan cargo de la dirección facultativa de la obra.

En todo caso, el estreno de esta nueva sede no supondrá que Hacienda abandone su actual delegación, en la plaza de A Ferrería. Después de barajar varios destinos, incluso ajenos al Estado, el ministerio ha optado por mantener algunos servicios en ese histórico edificio, anexo al convento de San Francisco.

Un mínimo de 20 millones de euros con la venta de solares

Con todas estas operaciones, la Xunta espera ingresar más de 20 millones de euros. Esa cifra ya se puso sobre la mesa hace varios meses, calculando el número solares, la ubicación y las posibilidades edificatorias o de reaprovechamiento inmobiliario. Estos ingresos se destinarían a financiar las obras de la ciudad administrativa de Campolongo.

La delegación de Política Territorial de la calle Alcalde Hevia no entra en estas negociaciones, ya que no está aclarada la titularidad de sus terrenos.

A cambio de estas recalificaciones, la sede de Educación en el paseo de Montero Ríos pasará a manos del concello, según se firmó en su día. El gobierno local ya lo ha ofrecido a la Diputación a cambio de que financie el nuevo puente sobre el río Lérez en Monte Porreiro.

Mientras el apartado urbanístico se cerrará a partir de agosto, el principal "fleco" pendiente es el traslado del centro "Avelino Montero", un asunto que depende de la Vicepresidencia de Benestar y que está muy verde. De hecho, el departamento de Anxo Quintana no tiene aún decidido qué modelo de centro se creará ni tampoco en qué lugar se ubicaría. Eso sí, desde el concello aseguran que se dispone de fondos para ello.

Sin fecha para trasladar mil funcionarios a Campolongo

Todo este proceso recalificatorio, que el concello pretende concretar en pocas semanas, será posible gracias a una de las mayores inversiones de la Xunta en Pontevedra: el macrocomplejo administrativo del antiguo cuartel de Campolongo, en obras desde abril de 2005 y que pretende agrupar casi todas las delegaciones autonómicas y reunir a más de mil funcionarios desperdigados ahora por el casco urbano.

Se trata de un gran edificio con dos torres de diez plantas y 40.000 metros cuadrados construidos, con un presupuesto total de 40,5 millones de euros y un plazo inicial de ejecución de 28 meses. Al tratarse de un complejo de enormes dimensiones, con dos torres de diez plantas, los diseñadores tuvieron especial cuidado en que "no moleste a las viviendas ni al parque".

Los plazos iniciales ya están superados, y aunque la Consellería de Presidencia confiaba en concluir los trabajos este verano, lo cierto es que a día de hoy no existe ninguna fecha oficial para comenzar la mudanza de esos mil funcionarios. Se calcula que la ejecución material del inmueble podría concluir en pocos meses pero aún será necesario acometer después su equipamiento interior, por lo que no estará operativo hasta bien entrado en año 2008.

Precisamente esta "dilatación" en los plazos iniciales ha frenado las "prisas" que inicialmente tenía la Xunta sobre el plan de recalificación de sus viejas sedes. En su día, llegó a solicitar un acuerdo rápido con el concello, con el objetivo de acelerar la recalificación y obtener los ingresos por la venta de los solares, para financiar, en parte, la construcción de la "ciudad administrativa".

Ahora no se aprecia tanta prisa, además de que todavía no hay ninguna decisión concreta sobre el centro de menores "Avelino Montero". No se sabe si será trasladado o, simplemente, suprimido.