Los vecinos de Placeres no quieren esperar "entre dos y tres años" a que se ejecute la sentencia que obliga a suprimir los pasos a nivel de la vía ferroviaria en la plaza. Ese es el plazo de cumplimiento del fallo del Tribunal Supremo, según las estimaciones de los asesores legales de la plataforma. Pero los afectados por el trazado de la vía no quieren aguardar tanto tiempo, y por eso solicitarán al Gobierno que agilice la ejecución de la sentencia.

El presidente de la plataforma, Eladio Torres, recuerda que en la primera reunión que el colectivo mantuvo con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, poco después de acceder al cargo, éste se comprometió a que el Ejecutivo acataría y ejecutaría cualquier resolución judicial al respecto, y para los vecinos este es el momento de cumplirlo.

La misma solicitud que presentarán al subdelegado del Gobierno la harán llegar a la conselleira de Política Territorial, como administración también responsable de esta obra.

Dado que ambas administraciones están ahora gobernadas por el PSOE, los vecinos solicitarán además una entrevista con los responsables de este partido, para que sus grupos parlamentario en el Congreso y en la Cámara gallega, exijan responsabilidades públicas a los promotores políticos de la obra, el ex conselleiro Cuiña Crespo y el ex ministro Álvarez Cascos, ya que ambos continúan en activo con altos cargos en el PP.

Comisión de investigación

Los vecinos propondrán al PSOE que abra una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia y en el Congreso de los Diputados sobre la actuación de la consellería de Política Territorial y el Ministerio de Fomento respecto a esta obra.

Además, la Plataforma en Defensa da Praza dos Praceres ha iniciado la valoración de los gastos económicos y los daños morales sufridos por los vecinos del barrio afectados por las obras, para reclamar al Estado las correspondientes indemnizaciones.

Su equipo jurídico cuantificará los daños morales sufridos por los afectados, vecinos agredidos, juzgados, sancionados y "humillados" durante todos estos años de oposición a las obras -como afirmó el presidente de la plataforma, Eladio Torres-, para exigir una compensación económica a las administraciones responsables de la ilegalidad que supone este ramal ferroviario.

La agrupación enviará cartas a distintos responsables públicos, como el alcalde de Pontevedra, la ministra de Fomento y la conselleira de Política Territorial, para interesarse por sus intenciones respecto al cumplimiento del fallo judicial. Les recordarán que a pesar de las agresiones y multas sufridas, los vecinos tenían razón y defendían la justicia, en consonancia con lo ahora dictaminado por el Tribunal Supremo.

Lores

Eladio Torres apunta que si el alcalde "no tiene competencias en vías ferroviarias" -como según el portavoz vecinal aseguró Lores-, "tampoco tiene competencias en sanidad para reclamar el hospital único, ni en vías estatales para hablar de la circunvalación, ni en Costas para expulsar a Ence, ni en educación para querer nuevas facultades de la Universidad".

El alcalde "sí es competente en intentar lograr el bienestar de los ciudadanos, y si no se cree competente en esto, lo mejor que puede hacer es marcharse para casa", manifestó Torres.