El juzgado de guardia ha decretado libertad con cargos, según fuentes oficiales de la Comisaría, para un hombre que fue detenido en la madrugada del pasado sábado en su propio domicilio por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar. El hombre, del que no se ha facilitado iniciales ni edad (aunque sí ha trascendido que es de nacionalidad rumana) fue denunciado por su propia esposa, que le acusa de una agresión, al recibir supuestamente un puñetazo en un ojo.
Según la versión facilitada por la Policía Local, que practicó la detención, el matrimonio se encontraba en su domicilio, ubicado en el casco urbano pontevedrés, en el momento de la supuesta agresión. La mujer, que presentaba un ojo amoratado, tuvo que acudir a un vecino para obtener una moneda con la que llamar desde una cabina telefónica de la calle a los agentes y denunciar a su marido. Tras la detención, el individuo fue entregado a la Comisaría, y fue puesto a disposición judicial. No ha trascendido si también se ha impuesto una orden de alejamiento.
Se trata de un matrimonio joven que tiene cinco hijos, todos ellos de corta edad. La supuesta agresión no se produjo en presencia de los pequeños y el detenido no cuenta con antecedentes por casos similares.
El juez ratifica la sanción a un policía condenado
Una sentencia judicial acaba de ratificar la sanción administrativa de tres años y tres meses de suspensión aplicada en su día por el concello al agente de la Policía Local F. S. M. El funcionario había sido condenado judicialmente por malos tratos a su mujer y a raíz de esa condena se aplicó la sanción municipal.
El agente sancionado formuló un recurso judicial contra esa suspensión, alegando, entre otras razones, supuestos defectos en la tramitación del expediente disciplinario.
F. S. M. había sido detenido por sus propios compañeros de la Policía Local a finales de julio de 2004 por maltrato, supuestamente continuado, a su compañera en el ámbito familiar. La detención se produjo cuando el agente se incorporó a su puesto de trabajo.
En aquella ocasión, el ayuntamiento ya acordó una inmediata medida de apartar temporalmente del servicio al agente, a la espera de resolver el caso.
En 2005 se celebró el juicio, en el que el acusado aceptó una condena de 21 meses de prisión y 31 días de trabajo a favor de la comunidad.
Una vez conocida esta sentencia, el concello abrió un expediente disciplinario cuyo resultado se conoció hace aproximadamente un año, y que decretaba una sanción de tres años y tres meses de separación del servicio. Esta sanción es la que ahora ratifica el juez.
