Medio centenar de ex-trabajadoras de Pontesa, la fábrica que el Grupo de Empresas Álvarez (GEA) tenía en Pontesampaio, irrumpió ayer en la sede de la CIG para exigir información sobre su situación y para dejar constancia de su malestar e indignación por las denuncias hechas por los secretarios comarcales de Pontevedra y Vigo, Rafael Iglesias y Xerardo Abraldes, de que "personas afines al PP" estaban sembrando dudas y manipulando al personal para enfrentarlos al sindicato, haciendo correr el rumor de que no cobran las indemnizaciones pendientes por su culpa. Ambos dirigentes dieron un paso más allá y pusieron nombre y apellidos al supuesto instigador del enfrentamiento: Ramón Agulla Bará, presidente de la asociación de vecinos "Héroes de Pontesampaio" y marido de una ex-trabajadora de la fábrica de loza.

Cuando llegaron a la sede de CIG las mujeres, que afirmaron ser afiliadas al sindicato, exigieron una reunión con el secretario comarcal, lo que consiguieron una hora después ya que Rafael Iglesias no estaba en el local cuando ellas llegaron.

Iglesias se reunió con ellas y les reprochó la algarada, ya que él nunca se había negado a dialogar con los trabajadores de Pontesa y como aval puso las más de 15 asambleas promovidas por la central nacionalista desde 2001, frente a las tres ó cuatro organizadas por los otros sindicatos, CC.OO y UGT. Además pactaron una nueva asamblea para el 5 de junio.

Recordó el secretario comarcal de CIG que su sindicato ostenta algo más del 25% de la representación de GEA, frente al 55% que suman CC.OO y UGT y al 22% del GOP (Grupo de Opinión de Pontesa).

La plantilla de GEA está pendiente del PGOM de Vigo para recalificar sus propiedades y poder cobrar las indemnizaciones.