La resolución el juzgado pontevedrés no sorprendió al alcalde de Poio, Luciano Sobral, que sigue defendiendo la urbanización de O Vao y la construcción de viviendas sociales para realojar a las familias perjudicadas por la orden de demolición.

El regidor considera que el nuevo auto judicial puede conseguir que las consellerías implicadas en el proyecto (Ordenación Territorial y Vivenda) agilicen los trámites para dar inicio a las obras. El primer paso sería la aprobación de la modificación puntual del PXOM, que permitiría edificar en el poblado, cuyo suelo está catalogado como industrial.

Sobral dice confiar en que sean los ocupantes de las infraviviendas quienes acometan voluntariamente el derribo. En los próximos días, iniciará una ronda de reuniones con los propietarios para "tratar de convencerlos de que asuman eles mesmos os traballos". En caso de que esto no suceda, el Concello solicitará el auxilio de las fuerzas públicas para ejecutar la demolición ya que "en ningún caso se desoirá á xustiza", afirmó.

El alcalde confirmó también que no tiene previsto adelantarse a los acontecimientos y que esperará hasta el último momento para iniciar la redacción de los proyectos de demolición. "Son vivendas con estructuras moi sinxelas que non requiren grandes estudios", aseveró.