Los propietarios de las once chabolas construidas ilegalmente en el poblado de O Vao sobre las que pesa una orden judicial de demolición tienen de plazo hasta el próximo 9 de agosto para llevar a cabo el derribo y poner en práctica lo establecido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el pasado mes de febrero. Transcurrido este plazo, en el caso de que las familias gitanas no asuman las obras, será el Concello el que deba ejecutarlas. La fecha límite para hacerlo será el 5 de septiembre.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra ha emitido un auto que obliga a la aplicación forzosa de la sentencia de derribo y establece plazos "improrrogables" para su cumplimiento. El juez considera que, a estas alturas del proceso, "no se puede esperar al desarrollo de futuros convenios urbanísticos o de realojamiento que no se hubieran iniciado y madurado ya, como tampoco a una ejecución de planes imprevisibles e inciertos".

Estas palabras reflejan desconfianza hacia el plan de realojo diseñado por el Concello de Poio, consistente en la creación de cuarenta viviendas protegidas para el realojo de las familias, así como la urbanización de toda la zona y la construcción de un vial. También la asociación de vecinos de O Vao muestra su escepticismo hacia los planes del Concello ya que, según afirma un portavoz, las viviendas planeadas por el gobierno local no serían propiedad de los gitanos, sino que estos solamente podrían alquilarlas.

Si llegado el 5 de septiembre las infraviviendas continúan en pie, la justicia emprenderá acciones contra la Administración local, concretamente, contra el concejal de Urbanismo Xulio Barreiro. El edil tendrá que hacer frente, en caso de desacato, a una multa coercitiva de 1.200 euros que se reiterará cada dos semanas hasta que se acometan las obras.

Asimismo, el auto impone a Barreiro la obligación de informar al juzgado de las diligencias emprendidas antes de los días 28 de julio, 18 de agosto y 11 de septiembre. En el supuesto de que el responsable municipal de Urbanismo obvie este requerimiento, se le impondrá una sanción de 450 euros por cada incumplimiento.

La resolución no es firme y contra ella cabe la interposición de un recurso apelación en un plazo de 15 días.