La Policía impide a más de un centenar de ambulantes instalarse en el mercadillo

Un amplio dispositivo policial instalado desde las seis y media de la mañana en el entorno del recinto ferial impidió a los vendedores ambulantes "sin papeles" instalarse en el mercadillo. Sólo contó con la presencia de 66 puestos, cuando habitualmente se instalan 220, es decir un 30 por ciento. La Policía prohibió el paso a unos 120 vendedores, mientras que el resto se solidarizó con los afectados y optó por no acudir.

Los agentes de la Policía Local instalaron conos para habilitar dos carriles en la calle Rafael Areses y solicitaron la documentación a todos aquellos vehículos que intentaban entrar en la explanada del recinto de A Xunqueira.

A lo largo de la mañana no se produjeron incidentes. Un grupo de vendedores se concentró en los alrededores a la espera de recibir noticias del presidente de la Unión del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Giménez. Al final este amplio colectivo que forma parte de una cooperativa, tras escuchar las recomendaciones de los "patriarcas" que se acercaron a la zona enviados por Giménez, optaron por marcharse a Vilagarcía de Arousa, donde también se celebraba feria.

Muchos ciudadanos se quedaron sorprendidos al llegar al mercadillo y ver los pocos puestos instalados. El hecho de ser la primera feria del mes, junto con el buen tiempo, llevó a muchos pontevedreses al recinto ferial.

El concello capitalino ha tomado esta decisión tras un plazo de varios meses en el que ha estado abierto el proceso para que los vendedores se ajustaran al último decreto de la Xunta, que obliga al ambulante, sea autónomo o de cooperativa, a disponer de tarjetas de identificación, alta en la Seguridad Social y otros requisitos.

En este sentido, la concejala de Mercados, Teresa Casal, manifestó que "este ha sido un proceso largo que se prolongó por espacio de cinco meses para que los vendedores se pusieran al día y pagasen las tasas". Casal asegura que la mayoría de los que en un primer plazo no pagaron las ordenanzas municipales se les dio un segundo plazo e incluso se les facilitó que fraccionasen el pago de la deuda y ni uno de ellos pagó, ni siquiera una parte".

El presidente de la Unión del Pueblo Gitano de Galicia, Sinaí Giménez, que representa al colectivo más afectado por esta nueva normativa, aseguró ayer que todo se debe "a una persecución de la concejala, Teresa Casal" a la que calificó de "xenófoba".

El pasado mes de marzo, los concejales de Mercados de los concellos de Pontevedra, Vilagarcía, Tui, Marín, Redondela, Sanxenxo, Porriño y Mos acordaron regularizar sus respectivos mercadillos y expresaron su intención de acabar con los "intentos de dominar" las ferias por parte de "determinados clanes".

Esta iniciativa fue calificada de "racista" por el grupo de cooperativas que lidera Sinaí Giménez que realizaron hace unos meses una campaña de movilizaciones contra el gobierno local para demandar cambios en el día de la celebración del mercadillo, nuevas formas de pago y regreso al centro. El concello no atendió ninguna de estas "sugerencias".

Giménez manifestaba ayer que "aquellas movilizaciones son la causa de que ahora nos quieran echar del mercadillo". Califica la actitud del concello de "franquista" y afirma que la normativa municipal que pretende regular a los vendedores ambulantes "es ilegal, ya que cualquier trabajador debe poder elegir entre estar es una cooperativa o ser autónomo".

Por su parte, desde el concello se indica que en el fondo de aquellas protestas, lo que se escondía era un supuesto intento de dominar toda la feria y controlar a los vendedores.

De hecho, en el transcurso de una asamblea de vendedores ambulantes, el jefe gitano llegó a agredir al representante de los autónomos que no estaba de acuerdo con el colectivo de etnia gitana y miembros de cooperativas que lidera Sinaí Giménez.

Por su parte, la organización de autonómos de la provincia parece posicionarse a favor de los planteamientos del gobierno municipal y denuncia la "falta de control" sobre determinadas cooperativas.

Para el presidente del Pueblo Gitano, "si esta medida se aplica en otros sectores se destruirían el 70% de los puestos de trabajo en Galicia y en España".

Según Giménez, "Casal ha activado un plan franquista en contra de los vendedores". Ahondó en sus acusaciones contra esta concejala al afirmar que "no vamos a consentir que un capricho personal ordene y mande al pueblo gitano y a los vendedores ambulantes a delinquir; un capricho de Teresa Casal puede mandarnos a la gente a robar".

Asimismo, anunció que tomarán todas las medidas legales para evitar que el próximo día 15 vuelva a suceder lo de ayer y los vendedores puedan instalar sus puestos, algo que no comparte el gobierno local, que insta a los vendedores afectados a ponerse al día en el pago y a que tengan toda la documentación en regla.

Giménez aseguró que los asesores jurídicos de su asociación llevan un mes intentando reunirse con Casal sin obtener respuesta. Además, recuerda a la edil sus promesas de mejora de las instalaciones del mercadillo, asegurando que "nada se ha cumplido. Sólo se han colocado unos servicios a dos kilómetros de la feria".

La organización de autónomos cree que los socios de las cooperativas deben cotizar como autónomos, pero no siempre lo hacen o únicamente lo hace uno, que después subroga el permiso a otros vendedores, lo que consideran "competencia desleal".