Un vacío legal deja sin ayudas para vivienda rural a jóvenes gallegos que compraron entre octubre y diciembre de 2025

Desde el 27 de agosto, los jóvenes gallegos que hayan comprado o construido casa en el rural este año pueden conseguir una considerable ayuda para su proyecto de vida. La Xunta de Galicia ha abierto un año más su convocatoria destinada a menores de 36 años que adquieran o autopromuevan su residencia habitual en un concello de 10.000 habitantes o menos, y las ayudas no son para nada desdeñables: cada beneficiario puede recibir hasta 15.000 euros o un 20% del precio de la vivienda o del coste de construcción, unas subvenciones considerablemente más generosas que las del año anterior, cuando la ayuda máxima se fijaba en 10.800 euros.

Sin embargo, una parte de quienes cumplen todas las condiciones para ser ayudados a proyectar su vida en el rural no recibirá la financiación... por el único motivo del mes en el que compró la vivienda. Así, aquellos jóvenes que adquirieron su nueva propiedad rural entre el 16 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 no pueden aplicar ni a la convocatoria del año pasado ni a la actual, ya que ninguna de las dos ayudas contempla esas fechas de adquisición entre las admitidas.

El caso de Silvia Álvarez en Toén

El vacío entre planes afecta directamente a casos reales, como el de la ourensana Silvia Álvarez Lamas. Madre desde hace unos pocos años, la vivienda de unos 50 metros cuadrados en la que vivía con su pareja se quedaba pequeña para una vida entre tres, por lo que emprendieron la búsqueda de un hogar para la nueva familia. Lo encontraron en Toén, un concello con menos de 2.500 vecinos donde disfrutar tanto de la tranquilidad del campo como de su proximidad a la ciudad de Ourense, donde Álvarez trabaja. Y aunque las ayudas que ofrecía la Xunta no fueron determinantes en su decisión, se informaron sobre si su compra entraría dentro de las condiciones establecidas por la convocatoria, como que la vivienda costase menos de 250.000 euros o que se fuera a convertir en su residencia habitual, entre otras.

Silvia marcaba por el momento todos los checks, hasta que se topó con la condición de que las escrituras de la vivienda fuesen firmadas a partir del 1 de enero de 2026, mientras que ella lo hizo el 25 de noviembre del año pasado. Sin embargo, para recibir las subvenciones correspondientes a 2025 debía haber suscrito el contrato antes del 15 de octubre; es decir, entre convocatoria y convocatoria hay un vacío temporal de dos meses y medio en el que los compradores quedan desamparados: «En esta nueva convocatoria cumplo todos los requisitos, y aun así me vuelvo a quedar fuera. Cuando lo vi me quedé alucinando», explica la ourensana afectada, que ya ha enviado un escrito al Instituto Galego da Vivenda e Solo, a la Valedora do Pobo y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que estudien una posible solución.

Aunque no existen registros sobre el número exacto de damnificados, Álvarez no es la única afectada por este vacío en las convocatorias. Atendiendo al ritmo medio de concesión de ayudas en el último programa de subvenciones, el número de posibles beneficiarios que se quedarán fuera por el vacío entre planes podría estar entre el medio centenar y el centenar de personas, pero esta estimación se basa en la convocatoria de 2025, con requisitos mucho más estrictos que los de ahora. Este año, el precio máximo de la vivienda adquirida pasa de 120.000 a 250.000 euros, y los ingresos de la familia solicitante podrán sobrepasar hasta 4,5 veces el IPREM, cuando antes solo se permitía triplicarlo. Teniendo también en cuenta el volumen oficial de compraventas, se estima que el vacío podría afectar a alrededor de 150 o 200 jóvenes en Galicia.

El cambio de plan estatal explica el bloqueo

Para entender por qué se ha dado esta problemática entre dos convocatorias muy similares, hay que entender de dónde viene el dinero para estas subvenciones. Las ayudas para fomentar la compra de vivienda rural entre jóvenes forman parte del Plan Estatal de Vivienda, dependiente de su correspondiente ministerio, que otorga fondos a los gobiernos autonómicos para que sean ellos quienes impulsen y gestionen programas para distribuirlas. En el caso de la Xunta de Galicia, el Instituto Galego da Vivenda e Solo no tramitaba las ayudas al rural en una convocatoria individual, sino que las agrupaba en una misma llamada con otras dos modalidades de subvenciones: las dirigidas a quienes hubiesen comprado una vivienda protegida o una situada en el ámbito de un casco histórico. A diferencia de las del rural, estas dos líneas de ayuda están financiadas con fondos gallegos a través del Pacto da Vivenda de Galicia.

El problema llega en 2025, cuando ambos planes de vivienda —tanto el gallego como el estatal— finalizan el último de sus cuatro años de vigencia y deben dar paso a dos nuevos programas cuatrienales. Durante los ejercicios anteriores, que se encontraban todos bajo el paraguas del mismo Plan Estatal 2022-2025, el cierre de una convocatoria antes de finalizar el año no suponía perder la ayuda: las compras realizadas después podían incorporarse a la convocatoria siguiente, que retomaba las adquisiciones desde el punto en el que había terminado la anterior. El cambio de plan impide repetir ahora ese mecanismo. El real decreto que regula el nuevo Plan Estatal establece que sus ayudas solo pueden aplicarse a adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2026, por lo que la Xunta no puede emplear estos fondos para subvencionar compras anteriores a esa fecha. Al haber cerrado la convocatoria gallega de 2025 el 15 de octubre, las operaciones realizadas desde entonces y hasta el final del año quedaron atrapadas entre el final de un programa y el comienzo del siguiente.

El vacío legal solo castiga al rural

De esta forma, las tres líneas de ayuda a la compra de vivienda en Galicia que antes convivían en una misma convocatoria pasan en 2026 a dividirse en dos: la VI501B, para jóvenes con hogar en el rural, que es en la que existe el vacío; y la VI501A, para las viviendas protegidas y en casco histórico, que sí acepta a beneficiarios que comprasen a partir del 15 de octubre de 2025, ya que depende del plan autonómico.

Esta situación añade aún más polémica al fallo administrativo, ya que supone de facto una discriminación a favor de la vida urbana: «Todas las viviendas de casco histórico están en las ciudades, y también la mayoría de las protegidas. ¿Por qué vivir en el rural tiene que penalizarnos?», exclama Silvia, que asegura que «no pedimos que se incumpla ninguna norma, pedimos que se solucione una situación que la propia reestructuración de las ayudas ha creado y que afecta precisamente a personas que apostaron» por una vida en el campo.

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