Derribo de un Bien de Interés Cultural
La demolición de la antigua Casa de Baños de Ourense llega a la Fiscalía Provincial
El colectivo gallego en Defensa do Patrimonio pide esclarecer si existían informes que avalasen el derribo y determinar cuáles serían las responsabilidades legales en caso de que supusiese un delito
El estado actual de la Casa de Baños, Bien de Interés Cultural / Iñaki Osorio
Añádenos en GoogleLa Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego—Apatrigal— ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Ourense una denuncia para que se investigue la demolición de la histórica Casa de Baños do Outeiro, integrada en el ámbito del Bien de Interés Cultural de As Burgas y su entorno, cuya historia arrancó en el siglo XIX, con el diseño del emblemático arquitecto modernista Daniel Vázquez-Gulías. El escrito, de 67 páginas, pone el foco tanto en las circunstancias que rodearon la destrucción del inmueble como en la posible desaparición de elementos de valor patrimonial durante los trabajos.
La demolición se produce después del incendio que sufrió el antiguo balneario el pasado 15 de mayo, cuando las llamas agravaron el estado de un conjunto formado por tres edificios que ya se encontraba en una situación muy deteriorada después de años de abandono, expolio y okupación, ya que en los últimos años había sido refugio de personas sin hogar y con adicciones a las drogas. Un estado que no mejoró desde que el Concello de Ourense asumió su propiedad en 2016. Así lo acreditan desde el Centro Cultural que preserva el legado de Daniel Vázquez-Gulías, al frente del cual se encuentra su nieta, Lucila Vázquez-Gulías, quien tras el incendio reclamó al Concello y a la Dirección Xeral de Patrimonio que se ejecutase alguna actuación de seguridad, conservación y protección del edificio que forma parte del Plan Urbanístico Especial para la Dinamización de As Burgas y su entorno.
El fuego no apaga el BIC
Así, recuerdan desde Apatrigal que apenas doce días después del fuego, el 27 de mayo, se solicitó formalmente a la administración el apuntalamiento del inmueble y la adopción de medidas urgentes para evitar nuevos daños y favorecer su restauración. Para la asociación resulta «fundamental» esclarecer que fue lo que sucedió para determinar que era necesario demoler. Piden «saber que informes técnicos se elaboraron tras el incendio, qué alternativas de consolidación y restauración fueron estudiadas y quién decidió finalmente que el derribo era necesario».
El colectivo considera que los hechos revisten especial gravedad «por la relevancia histórica y arquitectónica del inmueble», ya que la Casa de Baños do Outeiro formaba parte del ámbito protegido por el decreto 17/2007 que declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de sitio histórico, el conjunto fuentes termales de As Burgas y su entorno. Apatrigal subraya que «no se puede convertir un incendio en una sentencia de muerte para el patrimonio» porque el fuego «no elimina la protección de un BIC ni autoriza automáticamente su demolición».
Hay bañeras que aún forman parte de la pila de escombros a los pies del antiguo balneario. / Iñaki Osorio
El presidente de la asociación, Carlos Henrique Fernández, expresa que «la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia establece que no se puede demoler un BIC sin la correspondiente autorización de la administración competente en materia de patrimonio cultural», por ello considera «imprescindible» determinar si existía «tal autorización» y en caso contrario «por qué se inició la demolición sin ella».
«No discutimos una obra pública»
Señalan además que la intervención de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta añadió otra capa a la polémica. Tras una consulta de FARO la Consellería de Cultura aseguró que «en canto a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tivo coñecemento do acontecido na Casa de Baños do Outeiro, abriu un expediente de dilixencias informativas co fin de reunir todos os datos sobre este feito». Además, «notificou de oficio ao Concello a petición desta información e tamén o emprazou á paralización da demolición do inmoble ata que se resolvan e clarifiquen as actuacións sobre este ben».
A patrigal lamenta que «los trabajos continuaron después de la intervención de Patrimonio» «provocando una mayor desaparición de la estructura histórica del edificio». «No estamos ante una simple discusión sobre una obra municipal, estamos ante la posible destrucción de un bien integrado en un ámbito declarado BIC y ante una actuación que debe ser explicada documentalmente», reclama Henrique.
La denuncia no anticipa responsabilidades penales; su objetivo es poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para que determine si pueden ser constitutivos de delito y si es así qué responsabilidades podrían derivarse. Por ello, reclaman que se examina el proceso completo desde la adquisición municipal del inmueble en 2016 hasta los trabajos de demolición iniciados este mismo verano tras el incendio. Asimismo, piden que se preserven los restos existentes y que se identifiquen y documenten los elementos patrimoniales que hayan sobrevivido, entre ellos la escalera, las bañeras y otros vestigios del antiguo establecimiento termal, piezas todas ellas que el pasado viernes la nieta del arquitecto, Lucila Vázquez-Gulías, lamentaba que estaban «tiradas» y afeaba la «falta de sensibilidad» y la «desidia» a la hora de velar por el patrimonio, apremiando la administración local a evitar la sustracción de los objetos depositados entre los escombros.
El BNG reprocha que la actuación no cuenta con «cobertura jurídica»
La denuncia llega en la misma jornada en la que el Bloque Nacionalista Galego ha vuelto a cargar contra el gobierno local por la gestión del derribo, una actuación que según el portavoz municipal del grupo, Luis Seara, «no tiene ninguna cobertura jurídica».
Los nacionalistas aseguran que desde el punto de vista legal no se puede justificar una tramitación de emergencia tres meses después del incendio. Señalan que el transcurso de un trimestre desvirtúa por completo «la inmediatez que exige el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público» y exponen que a estas alturas «es obligatorio redactar y aprobar un proyecto técnico completo antes de licitar los trabajos. Solo cabría la excepción de actuaciones de seguridad inmediatas si transcurridos los meses se desprendiesen cascotes o existiese riesgo de derrumbe».
Sostienen además que «no consta enPatrimonio ninguna solicitud de autorización para la intervención del edificio» y denuncian que el Concello «comenzó el derribo sin informe de necesidad, sin existencia de documentos técnicos y sin la autorización que avalase la decisión». «Fixérono porque lles deu a gana, porque non teñen a máis mínima sensibilidade en relación co noso patrimonio e cun edificio simbólico para a cidade», reprocha Seara.
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