Paralizan la adjudicación del servicio de los autobuses urbanos del Concello de Ourense

La adjudicación del nuevo contrato del servicio de transporte urbano de la ciudad de Ourense deberá volver a ser revisada. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha anulado la adjudicación realizada a la UTE Sagalés-Gavilanes y ha ordenado retrotraer el procedimiento para que la Mesa de Contratación del Concello analice con mayor profundidad cuatro aspectos de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.

La resolución, dictada tras estimar parcialmente los recursos interpuestos por tres de las empresas participantes en el concurso, no determina que exista ninguna causa de exclusión ni ordena apartar a ninguna de las licitadoras. En cambio, emplaza al órgano municipal a examinar diversos aspectos técnicos y económicos antes de adoptar una nueva decisión.

Entre las cuestiones que deberán ser objeto de análisis figura el cumplimiento de los requisitos exigidos para las naves ofertadas por la adjudicataria y por las empresas clasificadas en segundo y tercer lugar. Asimismo, el tribunal pide revisar la documentación presentada para acreditar la solvencia técnica de la UTE Sagalés-Gavilanes, una posible inexactitud en su declaración responsable y la corrección de los estudios económicos aportados por las tres primeras clasificadas.

El Concello, quien se ha encargado de trasladar el contenido del auto, destaca que tres de estas cuatro posibles causas de exclusión fueron planteadas por primera vez en los recursos presentados ante el TACGal y no habían sido objeto de controversia durante la tramitación administrativa del expediente. La única cuestión ya analizada durante el procedimiento era la relativa a los estudios económicos.

Tras la resolución, la Mesa de Contratación deberá volver a reunirse y solicitar, si lo considera necesario, aclaraciones o informes complementarios antes de pronunciarse sobre la existencia o no de las posibles causas de exclusión señaladas por el tribunal.

La resolución también rechaza íntegramente otra de las pretensiones formuladas en los recursos. En concreto, el TACGal desestima la solicitud de anular toda la licitación por las modificaciones introducidas en los últimos meses en las líneas del servicio de transporte urbano, al considerar que no procede invalidar el procedimiento por ese motivo.

La respuesta de la oposición

La oposición no ha tardado en responder. Desde el Partido Popular denuncian que la anulación de la adjudicación del autobús urbano es una muestra de «la pésima gestión del gobierno del regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome».

La portavoz municipal del PP, Ana Méndez, sostiene que el tribunal anuló la adjudicación «porque el Concello de Ourense no comprobó ni justificó adecuadamente aspectos claves de las ofertas presentadas» para un contrato de 57 millones de euros, que «vuelve a atrasarse por no hacer bien las cosas y por la pésima gestión del alcalde».

Para la candidata popular a la alcaldía, la resolución pone de manifiesto la forma de actuar de «un gobierno que se caracteriza por la improvisación, la ausencia de planificación y la incapacidad para sacar adelante contratos fundamentales».

Desde las filas socialistas el grupo municipal también habla de «improvisación» y lamenta que el servicio público de transporte urbano continúe en precario. La edil María Fernández apunta que su formación lleva tres años señalando que «los procesos de adquisición de nuevos vehículos y la adjudicación de la licitación no se estaban desarrollando ni con un criterio lógico ni pensando en las necesidades reales de la ciudad». «Preferíamos hablar de un servicio moderno y de nuevas propuestas para el mismo, pero continuamos atrapados en el pasado», afea.

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego convoca este viernes una rueda de prensa en la que el portavoz municipal, y también candidato a la alcaldía, Luis Seara, tratará temas de «transporte municipal, cacicadas y algo más».

El proceso de contratación del nuevo servicio de autobuses urbanos queda así de nuevo pendiente de la decisión que adopte la Mesa de Contratación una vez complete el análisis ordenado por el tribunal, que retrasa la renovación de una concesión caducada desde el año 2015.