Concello de Ourense
El interventor pone una larga lista de reparos a las cuentas de 2025 aprobadas por decreto
El informe fiscalizador advierte del funcionamiento sin contrato de los más importantes servicios públicos, supuestas anomalías en Personal o irregularidades en Recaudación
Por su parte BNG y PP ratificaron aye que no aprobarán los nuevos presupuestos de 2026 si no son informados por Intervención

El alcalde, (izquierda) y el interventor (derecha) en un pasado pleno municipal / Iñaki Osorio
Las discrepancias entre el Gobierno local del Concello de Ourense y la Intervención municipal parecen no tener fin, y pese a la sentencia que reconoció a este funcionario como víctima de acoso por los intentos del regidor «de desprestigiar» acusándole de hacerle «guerra judicial» al retrasar la presentación de expedientes, o ponerle excesivos reparos legales, el desencuentro continúa. De hecho ayer hubo comisión de pleno y por ahora BNG y PP ya adelantaron que no aprobarán de forma definitiva los presupuestos de 2026 si no se incluye el informe fiscalizador del interventor.
Pero aún hay más. La gestión económica y administrativa del Concello vuelve a quedar bajo la lupa del control interno de Intervención, de modo que, mientras que el pleno ordinario del próximo 3 de agosto incluye en su orden del día la aprobación por decreto de la liquidación de cuentas de 2025 —algo fundamental para la aprobación del presupuesto de 2026—, un informe del interventor emite un escenario de deficiencias estructurales, incumplimientos de la normativa de contratación pública y deficiencias en el control financiero del consistorio, entre otros.
¿Es de nuevo guerra judicial por parte de este habilitado nacional como dice Jácome o realmente las irregularidades son tantas y tan graves como apunta?
Servicios públicos
Uno de los bloques más críticos del informe se centra en la situación de precariedad jurídica en la que se prestan los principales servicios públicos de la ciudad. Prestaciones de carácter esencial como el transporte urbano, el abastecimiento de agua, la recogida de basuras y limpieza vial, el mantenimiento de semáforos, la ORA y el servicio de grúa carecen actualmente de un marco contractual vigente.
Resalta el desfase técnico de las condiciones reguladoras, citando como ejemplo el servicio de agua, cuyos pliegos datan del año 1992. El interventor subraya además que el volumen económico que abona mensualmente el Concello para sostener estos servicios sin contrato contraviene la Ley de Contratos del Sector Público, que exige que estas prestaciones se sometan a licitación pública bajo los principios de abierta y libre concurrencia competitiva.
Gastos de personal
Por otro lado, y en el apartado de Recursos Humanos, el dictamen recoge la falta de fiscalización previa en las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Según el informe, se alteró supuestamente la RPT sin el preceptivo dictamen del órgano de control para incrementar el complemento específico de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos con el fin de absorber pluses de nocturnidad y festividad.
En cuanto a las Atribuciones Temporales de Funciones (ATF) por encima del límite legal de seis meses, el interventor fiscalizador advierte de que este mecanismo extraordinario se ha empleado «como vía habitual de provisión de puestos», eludiendo los procesos ordinarios de concurrencia y mérito, dándose casos de personal operario desempeñando funciones propias de la escala auxiliar administrativa.
En su informe, el órgano fiscalizador de Intervención del Concello de Ourense advierte de una supuesta vulneración organizativa en el Órgano de Gestión Tributaria y Recaudación. Así, afirma que el puesto de jefatura, reservado por ley a funcionarios con habilitación de carácter nacional, viene desempeñándose de forma accidental e irregular desde mayo de 2022, rebasando el límite legal de tres meses establecido para este tipo de adscripciones temporales.
Considera que esta circunstancia puede generar un riesgo directo de nulidad sobre los actos administrativos dictados por ese departamento. Va más allá al señalar que esto puede afectar a los contribuyentes en apartados como la emisión de providencias de apremio o ejecuciones de embargo, pues se podría incurrir en causa de invalidez si son impugnadas en vía administrativa o judicial.
Finalmente, también hace constar el informe que la omisión de la fiscalización previa en diversos expedientes de contratación y de personal le impide comprobar las inversiones en los términos que marcan la ley. El interventor incluso hace mención a la falta de medios en su departamento, como impedimento para la aplicación de procedimientos de muestreo para auditar la ejecución final del gasto y los ingresos municipales.
Comisión de pleno
En este contexto y tras una comisión de pleno celebrada ayer para llevar a aprobación definitiva los presupuestos del Concello de 2026, el BNG ratificó que no aprobará esos presupuestos de 2026 porque asegura, como ya dijo, que son nulos de pleno derecho, al carecer de informe de Intervención.
Por su parte, el grupo municipal del PP se posicionó al respecto también en rueda de prensa. La portavoz municipal Ana Méndez Gil aclaró que «mientras no exista el preceptivo informe de la Intervención General, el PP no va a apoyar estos presupuestos ni por asomo”. Recordó que la ausencia de este informe fue una de sus alegaciones a los presupuestos.
El pleno debatirá una moción del BNG para reactivar el tranporte metropolitano
El pleno del próximo miércoles abordará también en su orden del día varias mociones. Entre ellas destaca la presentada por el BNG para que se impulse la puesta en marcha del transporte metropolitano en la comarca de Ourense.
Los nacionalistas apelan a los acuerdos del comité técnico-político creado en 2024, que se basan fundamentalmente en aplicar la extensión de ocho líneas del transporte público colectivo del Ayuntamiento de Ourense.
En este sentido, reclaman la reordenación de las líneas concesionadas por la Xunta de Galicia para adaptarlas a la ampliación de los servicios de la capital. También adaptar los sistemas tecnológicos que permitan habilitar el billete único, las bonificaciones y los transbordos gratuitos, e instar a la Xunta de Galicia a asumir la totalidad de los costes añadidos.
Moción del PP
Por su parte el grupo municipal del PP defenderá una moción que fue adelantada ayer por su portavoz, Ana Méndez, en la que pide la recuperación de la antigua Rúa das Artesáns, activa hace décadas en la calle Colón, como una forma de dinamizar el casco histórico y sus bajos cerrados.
Propuesta del PSOE
Asimismo el PSOE defenderá una moción para crear un plan de promoción de la lectura en la ciudad, que incluya el apoyo a la creación literaria.
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