El conflicto tras la condena por estrés térmico de los trabajadores de la estación del AVE de Ourense, llega al Congreso de los Diputados

La problemática generada con el caso del estrés térmico de 14 trabajadores de la estación del AVE de Ourense, tras la sentencia que reconoce que trabajan en situaciones de calor insufribles, llega al Congreso. El diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego Candamil, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central al amparo del artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso. La iniciativa busca que el Ejecutivo aclare qué medidas piensa adoptar con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ante las severas deficiencias térmicas detectadas en la estación del AVE de Ourense.

Este paso político se produce como consecuencia directa de una reciente resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Ourense. En dicho fallo, la justicia ha condenado de forma conjunta a la empresa pública ADIF y a la firma subcontratada Grupo Control a abonar una indemnización de 3.512 euros a cada uno de los 14 trabajadores encargados del servicio de vigilancia en la terminal orensana. La sentencia ratifica que el personal estuvo expuesto de forma continuada a elevadas temperaturas sin que se habilitaran los mecanismos de protección pertinentes, vulnerando con ello la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, regulador de las condiciones de trabajo ante fenómenos meteorológicos adversos.

Durante el proceso judicial, ADIF intentó desvincularse del conflicto argumentando una falta de responsabilidad directa sobre las condiciones de trabajo del personal contratado por la empresa subcontratista. Sin embargo, la resolución judicial ha rechazado este argumento de plano, recordando la doctrina legal sobre la coordinación de actividades empresariales.

El fallo es taxativo al señalar que las entidades que contraten o subcontraten servicios correspondientes a su propia actividad y desarrollados dentro de sus propios centros de trabajo tienen la obligación legal de vigilar activamente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos por parte de las contratistas. Por tanto, se establece que la compañía estatal no es ajena a la precariedad térmica que sufre el personal de vigilancia y otros colectivos que prestan servicio en estas dependencias públicas.

Desde la formación nacionalista remarcan que las olas de calor han dejado de ser episodios puntuales para convertirse en una realidad recurrente, también en Galicia. Por ello, sostienen que las administraciones y las empresas públicas deben actuar como modelos a seguir en la implantación de protocolos frente al riesgo térmico, especialmente cuando se activan alertas meteorológicas de nivel naranja o rojo.

Exigencias

En el escrito parlamentario formalizado en la Cámara Baja, el BNG recuerda que el marco normativo actual —reforzado tras el Real Decreto-ley 8/2024— contempla permisos retribuidos de hasta cuatro días en situaciones de riesgo grave derivado de altas temperaturas. En este contexto, el grupo soberanista insta a ADIF a adaptar de forma urgente las instalaciones afectadas mediante la instalación de cabinas climatizadas y el acondicionamiento térmico de garitas de vigilancia, zonas de armarios y taquillas de venta de billetes.

Para fiscalizar la actuación del Ministerio de Transportes y de la gestora ferroviaria, Néstor Rego ha formulado una batería de seis preguntas de respuesta escrita dirigidas al Gobierno.

Entre las cuestiones que plantea están saber que medida vana tomar tras la condena «y las acciones inmediatas que va a ejecutar Adif para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Ourense que la obliga a indemnizar a los 14 vigilantes afectados».

También quiere saber el BNG qué obras a realizar Adif en la estación y si va a climatizar los servicios que están en condiciones climática inadecuadas, y que avance los planes para el resto de Galicia, si habrá actuaciones similares de alivio térmico en otras estaciones de la red ferroviaria gallega para beneficio de usuarios y trabajadores.

El disputado exige al Gobierno central que de respuesta sobre qué le ha parecido esta sentencia, que denota que se incumple la prevención de riesgos y si tiene algún plan de emergencia climática para sus trabajadores o un plan de choque ante posibles olas de calor como las que, especialmente, suelen afectar a Ourense. El Ejecutivo dispone ahora de un plazo reglamentario para ofrecer respuesta escrita a las cuestiones planteadas por la representación del BNG en el Congreso.

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