Constructores alertan de una caída del 46,85% en la licitación de obra pública

Los últimos datos que reveló la Federación Gallega de la Construcción (Fegacons) correspondientes al primer semestre de este año 2026 en licitación pública situán a Ourense a la cola de la comunidad gallega. Unos datos que preocupan al sector de la construcción, quienes demandan medidas y planificación a las administraciones con la intención de paliar el creciente desequilibrio territorial que se da en materia de inversión pública.

Los datos apuntan a que durante los meses de enero y junio, la licitación de obra pública en toda Galicia llegó a alcanzar los 998,97 millones de euros, lo que supone un incremento del 28,24% con respecto al mismo periodo del año 2025. Sin embargo, la provincia de Ourense no muestra datos favorables ya que, en su caso, el volumen licitado descendió desde los 89,23 millones de euros hasta los 47,43 millones. Esto supone una caída del 46,85% en la provincia mientras cabe señalar que sería la única en la que las cifras se muestran desfavorables mientras el resto del territorio gallego aumenta.

Desde la Confederación Empresarial de Ourense (CEO) y la Asociación provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense (ACO) destacan que la evolución de la inversión autonómica resulta especialmente significativa. Mientras que para el conjunto de la comunidad, la licitación de la Xunta de Galicia aumentó cerca de un 90%, en Ourense se redujo un 69,44%, pasando de 30,44 millones de euros en el primer semestre de 2025 a apenas 9,30 millones en 2026.

Mientras, en el caso de la Administración del Estado, la cuantía de la licitación destinada a Ourense también descendió en un 34,99% hasta situarse en la cifra de 11,51 millones de euros.

Otro de los datos que perturba al sector es la evolución de los contratos de aquellos servicios que están vinculados a la construcción. En este primer semestre del año, Ourense pasó de 42,03 millones de euros licitados a únicamente 1,49 millones en el mismo periodo del pasado año, lo que representa una reducción del 96,45%.

Desde la CEO y ACO plantean que "desde el sector empresarial de la construcción queremos trasladar estos datos desde una posición de responsabilidad institucional y de plena disposición al diálogo. Somos conscientes de que la licitación pública no mantiene un comportamiento lineal y de que determinadas actuaciones de gran importe pueden producir variaciones significativas entre ejercicios. No obstante, la reiteración y magnitud de estas diferencias obligan a realizar una reflexión profunda sobre la posición de Ourense en la planificación de las inversiones públicas".

Apuntan, además, que no se trata de establecer comparaciones entre provincias o cuestionar las inversiones del resto de vecinos de la comunidad. Sino que se trata de "defender" que Ourense disponga de un nivel de inversión acorde con sus necesidades, con su extensión territorial y con los retos que afronta en materia de infraestructuras, vivienda, movilidad, rehabilitación, servicios públicos, actividad económica y lucha contra la despoblación.

"La inversión pública no solo permite mejorar carreteras, equipamientos, redes hidráulicas, centros educativos, sanitarios o viviendas. También genera empleo, impulsa la actividad de las empresas locales, favorece la fijación de población y contribuye a mejorar la competitividad y la cohesión territorial", alegan desde las entidades.

Por ello, solicitan a todas las administraciones públicas desde el gobierno central, la Xunta de Galicia, Diputación y los ayuntamientos, que refuercen la coordinación y establezcan una planificación plurianual de inversiones para Ourense, con proyectos maduros, plazos definidos y una dotación presupuestaria suficiente.

Alegan que el sector de la construcción de Ourense cuenta con «empresas solventes, profesionales cualificados y capacidad para ejecutar proyectos de diferente dimensión».

«Estamos preparados para contribuir a la transformación de la provincia, pero resulta imprescindible disponer de una cartera estable de actuaciones que permita planificar recursos, mantener empleo y garantizar la continuidad del tejido empresarial», zanjan.

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