Ourense reclama más ambulancias medicalizadas para paliar la 'discriminación territorial' con el resto de Galicia

El pleno celebrado este jueves en la Diputación de Ourense sacó adelante, con los votos a favor de Democracia Ourensana (DO), PSOE y BNG y la abstención del PP, una moción defendida por el grupo municipal de DO, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, para exigir que se dote con más ambulancias medicalizadas a la provincia, pues solo hay una, ubicada en la ciudad, lo cual puede rebajar las posibilidades de supervivencia, alertaron, en caso de infartos, accidentes u otros imprevistos graves que se produzcan en puntos más aislados del rural de la provincia.

Esta discriminación territorial, en comparación con el resto de Galicia —pues hay cuatro ambulancias de este tipo en Pontevedra y A Coruña, y tres en Lugo—, viene acompañada por la dispersión territorial de Ourense y el envejecimiento de la provincia.

En estos momentos solo hay una en Ourense, una provincia dispersa y con un grado de accidentalidad laboral en zonas como Valdeorras por encima de la media. Por ello, la moción aprobada ayer incluyó una enmienda del BNG en la que solicitaba que, además de la ambulancia medicalizada y con soporte vital básico —algo fundamental, pues garantiza las posibilidades de supervivencia al ser como un pequeño «hospital móvil», indican, hasta llegar al centro hospitalario—, se dote en el interior de la provincia, en zonas clave como Verín y Valdeorras, un vehículo de Soporte Vital Avanzado de Enfermería para la zona de Trives y Viana, y uno más de soporte vital básico en la ciudad de Ourense. La iniciativa incluye la petición de refuerzos urgentes con ambulancias de enfermería avanzada mientras se consiguen las unidades médicas completas.

Se pide además que se incorpore a la base del helicóptero del 061 una ambulancia medicalizada, conectada directamente con el área sanitaria y siempre disponible para cuando el helicóptero no pueda volar.

Tanto Rosendo Luis Fernández (PP) como el propio Luis Menor, presidente de la Diputación en el cierre del debate de este punto, defendieron lo mismo. Rosendo Luis sostuvo que la provincia está atendida mediante los estándares de tiempo (atención urgente en menos de media hora), los Puntos de Atención Continuada (PAC), los hospitales comarcales y la red de transporte. Argumenta que el debate real no es solo el número de ambulancias, sino los tiempos de respuesta e infraestructuras, destacando la inversión de más de 66,8 millones para el servicio aéreo urgente que incluirá cobertura nocturna.

Justifica la abstención del PP porque DO rechazó su enmienda (que proponía evaluar primero el helicóptero nocturno antes de exigir la segunda unidad) y enfatiza que el problema central no es el dinero, sino la falta de médicos y personal sanitario especializado.

Además, la cobertura de ese servicio que se pide supondría 26 personas (técnicos especializados, médicos y demás) cada uno de los 365 días del año. Al igual que Luis Menor, en su alocución señaló que lo importante aquí no es el número de ambulancias, sino su tiempo de respuesta, y este se encuentra en los mejores parámetros.

«Escuchar a este sujeto, a este individuo, a este Rosendo me indigna, casi me da una liposucción o una lipotimia», indicó con sarcasmo el portavoz de DO, Rafael M. Cachafeiro. «¡Cuando tengáis un accidente, un ictus o un ataque al corazón que no sea de noche, porque el helicóptero de Ourense no podrá salir!», lamentó.

Tanto DO como PSOE apoyaron la propuesta del Bloque de ampliar a varios puntos la dotacion de estas ambulancias, pues según María José Mangana (BNG) la comarca de O Barco y A Rúa (31.000 vecinos) está desatendida de soporte vital avanzado y que se tardan 52 minutos en emergencias si la ambulancia no es medicalizada.

Por otro lado, se aprobó una mocion del del PSOE para impulsar un plan de apoyo a los concellos en la gestión de edificaciones en estado de ruina. El Gobierno provincial aprovechó para anunciar que dotaba con 300.000 euros más el Plan de Vivienda, con lo cual serán ya 1,5 millones para ayudar a los ayuntamientos a identificar viviendas e inmuebles en ruina o abandono. Desde la Corporación provincial se dará asistencia técnica desde la Diputación para realizar los trabajos de identificación de esos inmuebles. Este acuerdo se añade a otras propuestas relacionadas, entre las que figura solicitar a la Xunta de Galicia la puesta en marcha de actuaciones de conservación, aseguramiento, demolición o ejecución subsidiaria.

Propiedades abandonadas

El pleno también aprobó otra moción en la que se demandan medidas administrativas y legales para regularizar propiedades abandonadas, tanto rústicas como urbanas, como herramienta de protección de los núcleos rurales para garantizar la seguridad pública y prevención frente a los incendios. Así, se pide a la Xunta un sistema centralizado de tramitación y gestión de los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de la Ley prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, prestando apoyo a los ayuntamientos con menor capacidad de gestión recaudatoria.

Acuerdo para pedir a Adif que garantice la limpieza de los entornos de vías férreas para prevenir incendios

El pleno también aprobó —con la única abstención del PSOE— una moción del PP para que Adif haga una limpieza continuada de la maleza que flanquea la red ferroviaria, una medida orientada a prevenir nuevos incendios forestales como ha ocurrido recientemente.

La iniciativa popular fundamenta su reclamación en incidentes recientes, como el fuego registrado este pasado junio en San Cibrao das Viñas tras caer un árbol sobre la vía, e históricos, citando las 180 hectáreas quemadas en Boborás en 2015 que derivaron en una condena judicial para Adif y Renfe.

Para Xosé Carlos Valcárcel, del grupo de no adscritos, la limpieza es «básica como factor preventivo», mientras que Xosé Manuel Puga calificó la situación de «grave» y urgió a la Xunta a que utilice todas sus competencias para exigir a Adif que cumpla.

Por su parte, Álvaro Vila, del PSOE, justificó la abstención de su grupo con un reproche a la Xunta, a la que afirma que no ha ejecutado el 70% de los trabajos preventivos en los municipios, y acusó al PP de centrarse en buscar culpables en lugar de reforzar la prevención invernal.

PP y DO denunciaron la «inacción» del gestor estatal. Denuncian la falta de medidas y Luis Menor defendió además la inversión autonómica y de la Diputación, destacando la creación de 22 brigadas de prevención en el rural o la compra de maquinaria para los concellos, eludiendo la responsabilidad en el mantenimiento de esas zonas.

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