Blindaje de Guardia Civil y policías contra la entrada de uva foránea en las D.O. de la provincia de Ourense

La provincia de Ourense se prepara para afrontar una de las campañas de vendimia más vigiladas de su historia reciente. En un esfuerzo conjunto y coordinado, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en alianza con las administraciones autonómicas y locales, han diseñado un plan de contingencia policial extraordinario. El objetivo es contundente: establecer un control férreo y absoluto en las fronteras y vías de acceso para impedir de forma radical la entrada de uva foránea ilegal. Incluso se mirará con lupa el tráfico entre denominaciones de origen, para evitar «todo aquello que ponga en riesgo el esfuerzo de nuestros viticultores», según indicó el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos.

Ourense alberga en su territorio cuatro de las cinco Denominaciones de Origen (D.O.) de la comunidad autónoma: Ribeiro, Valdeorras, Ribeira Sacra y Monterrei. Ayer, ante la inminencia de la campaña de recogida de 2026, la Subdelegación del Gobierno sentó a la mesa a todos los representantes tanto de las D.O. como de las administraciones y fuerzas de seguridad para blindar el prestigio y la economía de un sector que es el sustento de miles de familias en la provincia.

Un frente común

El anuncio oficial se produjo en la reunión de coordinación celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Ourense. El encuentro, presidido Eladio Santos, reunió a la plana mayor de la seguridad pública, altos cargos de la Xunta de Galicia y a los máximos representantes de los cuatro consejos reguladores de la provincia. La consigna compartida por todos los asistentes fue clara: tolerancia cero ante cualquier intento de fraude.

Eladio Santos comunicó que los operativos policiales de este año serán notablemente más frecuentes, dinámicos e imprevistos en comparación con ejercicios anteriores. La Guardia Civil de Tráfico y las patrullas de seguridad ciudadana intensificarán los controles en los puntos estratégicos y zonas limítrofes que conectan Ourense con otras provincias de la comunidad, así como en la frontera internacional con Portugal.

«Hemos establecido unos operativos muy rigurosos de control. No vamos a permitir que se ponga en riesgo el esfuerzo de nuestros viticultores», subrayó el subdelegado.

La vigilancia no solo se centrará en el transporte de mercancías de origen externo. Las fuerzas de seguridad también vigilarán con lupa el tráfico interno entre las propias zonas de producción gallegas para atajar de raíz el intercambio fraudulento de uvas o de mostos entre las diferentes denominaciones de origen, garantizando que cada botella cumpla escrupulosamente con los requisitos de su respectivo consejo regulador.

Al encuentro asistieron personalidades clave como el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo; el director de la Axencia Galega de la Calidad Alimentaria (AGACAL), Martín Alemparte; y el director territorial de Medio Rural, José Antonio Armada.

Por la parte policial, el despliegue operativo quedó ratificado con la presencia de mandos de primer nivel, incluyendo al capitán jefe del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil, Javier Barja; el inspector de la Policía Nacional, Francisco Javier Mangana; el subinspector jefe de la Policía Autonómica, Miguel Ángel Mojón; el jefe interino de la Uprona, Miguel Ángel González, y el capitán jefe de la Compañía de Verín, Abel José Rodríguez. Tampoco faltaron responsables de Protección Civil y los líderes de las denominaciones de origen, como Concha Iglesias (Ribeiro), Antonio Lombardía (Ribeira Sacra), Patricia de Andrés (Valdeorras) y Gonzalo Losada (Monterrei).

Un sector clave en juego

La necesidad de este blindaje policial se vuelve aún más crítica en este 2026, un año en el que las previsiones meteorológicas y del campo apuntan a una cosecha de elevada producción. En este escenario de abundancia, la tentación de introducir uva de menor coste y menor calidad procedente de fuera de los territorios amparados representa una amenaza para los precios del mercado local y la reputación de los caldos ourensanos.

El subdelegado del Gobierno insistió en que el vino no es solo un producto de consumo, sino un pilar macroeconómico esencial para el desarrollo rural y el turismo de Ourense. Por este motivo el frente común para evitar que se introduzca producto foráneo fraudulento pretende evitar una desencadenar una crisis reputacional sistémica un delito de fraude alimentario generalizado.

Multas, penas de prisión o expulsión de la D.O.

Las autoridades reunidas ayer en la Subdelegación del Gobierno recordaron que las sanciones por intentar burlar estos controles policiales no serán meramente económicas. El marco legal vigente estipula graves consecuencias para quienes participen en estas redes de fraude. Así, se contemplan cuantías elevadas por infracciones administrativas, además de responsabilidad penal, con penas de cárcel por delitos relativos al fraude alimentario y la falsificación de sellos de origen.

Entre las medidas que se pueden aplicar, y que se recordaron ayer, está la «expulsión fulminante de las bodegas infractoras de sus respectivos Consejos Reguladores», lo que les haría perder el derecho a etiquetar bajo la D.O. También existen riesgos sanitarios severos, como la introducción incontrolada de plagas agrícolas que podrían devastar viñedos enteros. El Gobierno y la Xunta han cerrado filas, en un trabajo de apoyo mutuo. n

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