El fiscal pide exculpar al tractorista por el gran incendio de Oímbra y ve «evidentes errores de coordinación y mando» entre Xunta, Seaga y Concello

Tres jóvenes de la brigada de Oímbra se vieron atrapados por el fuego cuando acudían a colaborar en la extinción. Resultaron heridos graves: uno de ellos, con quemaduras de especial magnitud. Las llamas avanzaron sin control y arrasaron más de 23.700 hectáreas, al unirse a otro frente iniciado en Xinzo. El gravísimo incendio forestal declarado el 12 de agosto de 2025 en el concello ourensano de Oímbra ha pasado a la historia de Galicia como el segundo más grande desde que hay registros. En dos semanas de un verano catastrófico, Ourense sufrió los tres peores incendios de la historia de Galicia: 32.000 hectáreas entre Larouco y varios municipios de Valdeorras; 23.000 en Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso, más el megaincendio de Oímbra. Por este último es investigado únicamente un trabajador, un tractorista que hacía desbroces. La Guardia Civil cree que la causa pudo ser la fricción de las cuchillas del vehículo con unas piedras, provocando así la ignición en la vegetación. La Fiscalía de Ourense valora el «contudente atestado» del instituto armado, pero solicita al Tribunal de Instancia de Verín que el operario sea exculpado con el archivo de la causa. Además, el ministerio público observa «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, Seaga y el Concello de Oímbra «en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica».

El delito por el que se investiga al operario es el de incendio forestal por imprudencia. En un informe aportado al procedimiento, el fiscal Miguel Ángel Ruiz concluye que «la imprudencia atribuible al investigado no puede ser valorada como grave», por lo que procede el sobreseimiento. El tractorista «actuaba siguiendo unas órdenes de trabajo», como empleado de una empresa del sector agrícola, «sin que pueda imputársele una mayor responsabilidad por cumplir el trabajo», afirma.

El 12 de agosto de 2025, el índice de riesgo diario de incendio forestal (IRDI) era de nivel extremo. Una de las cuestiones debatidas es si existía una orden de paralización de los desbroces, o se produjo descoordinación al comunicarla, como se denunció en el ámbito político. La defensa citó un correo electrónico de esa mañana, de las 10.04 horas —enviado desde Seaga a la empresa en la que es empleado el tractorista— con las zonas de trabajo indicadas. El Concello de Oímbra también tenía ese día un vehículo desbrozando. El letrado incidió en que no hay pruebas de que su cliente causase ninguno de los dos focos del grave incendio. Además, el abogado alegó que nunca llegó a emitirse ni notificarse una orden efectiva de paralización de las rozas para ese día. El fiscal apunta que no consta que el tractorista investigado «fuera notificado, o avisado de algún modo, de una prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce».

A las 13.28, media hora antes del inicio del incendio en A Granxa, se había decretado la Situación 2 de emergencia en toda la provincia de Ourense, que se enfrentaba a jornadas durísimas por la grave crisis que consumió más de 100.000 hectáreas en territorio ourensano, con personas heridas, poblaciones confinadas y desalojadas, infraestructuras afectadas y propiedades arrasadas, incluidas aldeas enteras.

Las pesquisas de la Policía Judicial de la Comandancia de Ourense apuntaron «rápidamente» al tractorista investigado. Testigos indicaron que el origen del fuego podía estar en un tractor que desbrozaba en la carretera. El trabajador no fue consciente de haber causado el incendio. Además, alegó que tras ver el humo y el fuego colaboró usando el propio vehículo para ayudar a apagar.

Tras ser detenido el operario ingresó en prisión provisional, por los indicios en ese momento. Estuvo sin libertad entre el 17 de agosto y el 8 de septiembre de 2025. El avance de la instrucción judicial ha permitido una composición de hechos «completa», dice el fiscal, gracias a los «minuciosos oficios» de la Guardia Civil.

El investigado «ayudó en la medida de lo posible a tratar de extinguir el incendio, con los escasos medios que tenía ante tal magnitud»

El tribunal requirió documentación de la empresa en la que trabajaba el investigado, así como del Concello de Oímbra —la alcaldesa, Ana Villarino, declaró como testigo—, la Xunta y Seaga. Constan en el procedimiento «múltiples correos, órdenes de trabajo, facturas y seguros», además de «numerosas testificales», más los informes sanitarios y forenses de los heridos, que ejercen la acusación particular.

Las pruebas descartan que el incendio fuese intencionado, constata la Fiscalía. Para que una persona sea responsable de un fuego forestal por imprudencia, debe ser grave y constituir «una infracción cualificada del deber objetivo de cuidado», con la «omisión de las cautelas más elementales exigibles». El fiscal se basa en jurisprudencia del Supremo. «No basta, por tanto, la mera producción del resultado lesivo ni la constatación de una conducta descuidada, siendo preciso acreditar una actuación que revele una patente y relevante vulneración de las más básicas normas de prudencia», indica la Fiscalía.

La clave para determinar si el tractorista incurrió en una imprudencia grave es determinar «la intensidad de la infracción del deber de cuidado, atendiendo al grado de previsibilidad del resultado y a la entidad de la conducta», expresa el fiscal. Aplicado ese principio al caso, la actuación del investigado «no puede considerarse como grave».

«No estaba desbrozando por iniciativa propia en una finca de su titularidad, sino que seguía unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo», resalta la Fiscalía. Además, «ayudó en la medida de lo posible a tratar de extinguir el incendio, con los escasos medios que tenía ante tal magnitud, y hasta la llegada de los servicios de auxilio».

En su informe, de fecha 13 de julio, el fiscal Miguel Ruiz se detiene en el papel de las administraciones. «Cuestión distinta y a dilucidar en el orden correspondiente —vía administrativa o civil— es la responsabilidad derivada de los evidentes errores de coordinación y mando entre Xunta de Galicia, Seaga y el Concello de Oímbra en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica». Como las personas jurídicas «no puede cometer imprudentemente el delito de incendio», sean entidades públicas o privadas, no cabe la vía penal contra ellas.

Tras el paso de la Fiscalía, que coincide con la defensa en pedir el sobreseimiento, la jueza de la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción de Verín decidirá si archiva, tras analizar las posturas del resto de partes personadas.

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