La abogacía de Ourense denuncia la «extrema precariedad» del turno de oficio: la participación de los letrados cae un 20% en tres años

El sistema público de justicia gratuita blinda el acceso a los tribunales y el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que no tienen recursos suficientes para costearse un procurador y abogado de pago. La prestación de esta garantía constitucional es obligatoria, pero la participación en el turno de oficio no. Años de reivindicaciones por mejores condiciones retributivas y laborales, con una huelga de por medio incluida, han hecho mella entre los profesionales de la abogacía. Este domingo se conmemoró el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, pero en el colectivo cunde el sentimiento de que no había nada que celebrar. Al contrario, las posturas para urgir mejoras siguen vigentes. Desde Ourense, la junta de gobierno del Colexio da Avogacía denuncia una situación «de extrema precariedad e insostenibilidad» de un sistema que —recuerda la institución— es el encargado de «garantizar la defensa de los ciudadanos». La entidad profesional subraya que la justicia gratuita «no puede seguir sosteniéndose sobre el sacrificio personal y económico de los profesionales que la hacen posible».

Según los datos del colegio ourensano se ha registrado «una tendencia regresiva alarmante que pone en riesgo la continuidad y la calidad del servicio que, con muchos más asuntos, cuenta con menos letrados y letradas». En menos de tres años, el número de profesionales adscritos al turno de oficio en la provincia de Ourense ha caído un 20%: de 326 abogados en 2023 a 260 en este año 2026. En la especialidad de procedimientos de violencia de género, la caída ha sido «especialmente grave», de 109 a 64 profesionales inscritos. Esta situación «compromete la especialización y disponibilidad en una materia de máxima sensibilidad social», afirma la entidad profesional.

«Esta pérdida de capital humano se extiende a casi todas las jurisdicciones, dificulta a los profesionales su labor y refleja el desánimo generalizado del colectivo», asegura el Colexio da Avogacía de Ourense.

Además, la institución cree que la justicia de proximidad se encuentra en peligro. Tras la centralización en Ourense de las causas de violencia machista de toda la provincia, salvo de las comarcas de Valdeorras y Trives —el Colexio da Avogacía presentó recurso contra esa decisión, resultado de la nueva ley estatal de los tribunales de instancia—, «se suman ahora los efectos del descenso de profesionales, agravados por la propia configuración geográfica de la provincia». Según la institución, la cobertura de los partidos judiciales de Xinzo de Limia, Bande y Celanova «depende casi por completo de la adscripción voluntaria de letrados y letradas con sede en la capital, ya que solo seis profesionales con domicilio en dichos partidos están adscritos al turno de oficio penal».

Para garantizar un servicio mínimo, con disponibilidad efectiva y evitando incompatibilidades entre acusado y víctima, «la provincia necesita más de veinte letrados de guardia diarios, que no perciben retribución alguna por su disponibilidad las 24 horas», incide el colegio profesional. «Sostener este despliegue —que exige largos desplazamientos y disponibilidad permanente— resulta hoy una carga insostenible bajo las actuales condiciones de nula compensación y ausencia de derechos», añade la junta de gobierno.

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