La Zona de Bajas Emisiones de Ourense arranca las multas sin señalización ni cámaras de videovigilancia

Llegó el día menos deseado para los conductores de vehículos antiguos en Ourense: a partir de este 1 de julio, entrar en la Zona de Bajas Emisiones implantada en la ciudad de As Burgas será objeto de multa para los vehículos no autorizados. El perímetro, delimitado por las calles más céntricas de la ciudad, ya fue activado el pasado 26 de diciembre en lo que se denominó «Fase 1 sin sanciones» y, tras siete meses de supuesta adaptación, las infracciones pasarán a afectar al bolsillo. Tal y como recoge el boletín provincial, traspasar la zona delimitada con un coche sin permiso o etiqueta medioambiental supondrá una multa de 200 euros.

Pero el día D, que en muchas otras ciudades se vivió con semanas de avisos en la carretera o con la despreocupación de que no habría grandes cambios en el tráfico —el caso de A Coruña, que limita el acceso por propósito de viaje y no por etiqueta—, en Ourense transcurrió con las dudas y el desconcierto como grandes protagonistas. Todo por una gran ausencia: los indicativos. Como FARO informó en su momento, todavía en la jornada inicial de multas no había ni una sola señal que indicase en la calle el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones. Encontrar uno de los ya conocidos dibujos del coche con partículas de humo en la ciudad de As Burgas es directamente imposible y, en consecuencia, también lo es enterarse del perímetro de la ZBE mientras se conduce. Todo lo contrario que en la zona digital, donde la web del Concello cuenta con una infografía explicativa detallada.

Esto se debe a que el Ayuntamiento licitó el contrato para la instalación del sistema de señalización y de 28 cámaras de videovigilancia aún a principios del mes de junio, es decir, casi medio año después de poner en vigor la medida. La ejecución de los trabajos, dotados con más de 700.000 euros, todavía no ha comenzado.

Dudas entre vecinos y conductores

«Ah, ¿era a partir de hoy? No lo sabía» es la frase que más se repite entre quienes transitaban a pie por las zonas en las que ya se puede multar. Alejandro, camarero de la zona que no tiene coche, ha estado al tanto de la actualidad sobre la normativa «porque ao traballar aquí temos que saber o que hai», pero comprueba a diario en el bar cómo la gente no tiene claros los plazos, perímetros y requisitos: «Sabémolo só os que somos de aquí, nada máis; a xente de fóra non o ve», afirma. También son comunes las quejas entre aquellos que han visitado otras ciudades con esta limitación —e incluso recibieron multas— y comparan la multitud de señales que allí apreciaron con la nulidad de la ciudad de As Burgas.

Pero si algo causó problemas en la primera jornada con sanciones fue su solapamiento con la zona peatonal. Un hecho que Jácome celebró este miércoles en redes como algo que dejará «un impacto menor» en la circulación, pero que en la calle tuvo una lectura bastante distinta: los diversos puntos donde la ZBE no coincide con el perímetro peatonal —siete de los trece accesos que hay en total, para ser exactos— son los que más confusión generan a los conductores, al no saber desde qué punto exacto pueden adentrarse.

Uno de estos «puntos calientes» se encuentra en la calle Ramón Cabanillas. La activación de las cámaras de vigilancia de la zona peatonal obligaba a desviarse al llegar a su cruce con Bedoya, pero la de Bajas Emisiones ya no permite acceder a coches sin etiqueta desde la intersección con la avenida da Habana, un tramo muy frecuentado para encontrar aparcamiento. Un laberinto que ya ha causado sustos a alguno que otro, como a una pareja de León que había venido a visitar a unos familiares. «Fuimos por aquí para buscar parking, y mira que lo revisamos», lamentaban alarmados.

Uno de esos allegados, Juan Otero, lamenta la falta de información con un «de diez personas que pasan por aquí, nueve no tendrán ni idea», pero también reprocha la extensión de esta nueva limitación, pues afirma que «con esto ya casi no puedes entrar en Ourense; irás al barrio de A Ponte para venir andando aquí». Pronuncia esas palabras antes de encontrarse con otra escena surrealista: una pareja de ancianos de fuera del Concello intenta meter monedas en el parquímetro de una zona azul que lleva suspendida desde el 1 de enero, pero que sigue intacta estéticamente tanto en esa calle como en el resto de sus puntos. «Esto es de decoración, para colgar la chaqueta o algo», les bromea Otero.

Sin cámaras ni directrices para la Policía Local

La pareja de León respiró tranquila al saber que su coche de 2006 tenía etiqueta C. Sin embargo, aunque no tuviera derecho a ella, esa multa nunca habría llegado por el simple motivo de que todavía no hay un dispositivo sancionador. La ordenanza municipal refleja que, además del sistema automático de lectura de matrículas que no está instalado, se podrá vigilar el acceso a la ZBE «a través de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico». Sin embargo, estos no han recibido ningún tipo de información por parte del gobierno municipal, según denuncia Bautista Rodríguez, delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME): «Directrices internas, cero. Moitos veciños teñen consultado a compañeiros pola rúa sobre a cuestión, pero dende o Concello indícannos que os remitamos á web municipal, cando hai diversidade de casos que escapan do que alí se especifica», comenta el policía local.

Rodríguez también lamenta la falta de trabajo previo para poder llegar a la ZBE sin incidencias, así como que esta «revolución do tráfico» —con la instalación de radares y zona peatonal en meses anteriores— se llevara a cabo «ás costas do colectivo máis afectado, pois para os policías locais a xestión do tráfico é practicamente o ámbito fundamental».

Jácome insiste en la obligación estatal

Por su parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha recordado este miércoles en sus redes —como ha mencionado en cada comunicación sobre el tema— que la entrada en vigor de la ZBE se produce «por obligación estatal», y reconoce abiertamente su intención de no ponerla en marcha: «La obligación era realmente para finales de 2025, pero lo hemos retrasado lo máximo posible», afirma el edil, que no menciona la falta de señalización en la publicación.