Avante lleva a la Fiscalía la falta de reglamento para la Policía Local del Concello de Ourense

La plataforma ciudadana progresista Avante ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Ourense para que investigue la negativa del gobierno municipal a aprobar el reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Local. El colectivo solicita al Ministerio Público que practique las diligencias que considere oportunas para determinar si los hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa o si solo presentan relevancia administrativa.

La iniciativa parte de esta plataforma, integrada por representantes de asociaciones vecinales y sindicatos, que sostiene que el Concello se niega a cumplir una norma vigente y que, además, «ha desatendido» una recomendación emitida por la Valedora do Pobo en la que «instaba expresamente al Concello a aprobar el reglamento».

No obstante, Avante aclara que su escrito no supone una acusación directa contra ningún responsable municipal. «No le corresponde a la ciudadanía ni a los representantes políticos determinar si existe un delito. Para eso está la Fiscalía», explicó Francisco Diéguez, portavoz de la plataforma, quien insistió en que el objetivo es que se investigue si existe o no responsabilidad penal ante la falta de aprobación del reglamento.

Según sostiene el colectivo, la ausencia de esta normativa supone un incumplimiento por parte del gobierno local, motivo por el que ha decidido trasladar el caso a la Fiscalía para que valore si procede abrir una investigación.

Avante enmarca esta actuación en el contexto judicial que afectó al Concello de Ourense a lo largo de esta semana hasta que la Audiencia Provincial decidió archivar la causa por presunta prevaricación contra el regidor municipal Gonzalo Pérez Jácome, dejando abierta la vía administrativa, pero no la penal, en la que la Fiscalía solicitaba 9 años de inhabilitación para el regidor.

Con este contexto, desde Avante consideran que se hace aún más necesario «reforzar la transparencia, el respeto a la legalidad y el control de las actuaciones de la administración municipal».

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