La oposición exige explicaciones al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras la «grave» petición de nueve años de inhabilitación

La petición de la Fiscalía Provincial de que se abra juicio oral contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y de que se le imponga una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa ha reabierto el debate político en el Concello y provocado una reacción unánime de la oposición municipal. Aunque con distintos tonos y matices, PP, PSOE y BNG coincidieron este miércoles en reclamar «explicaciones» públicas al regidor municipal y en subrayar la «gravedad» de la situación para la institución municipal.

La solicitud del Ministerio Fiscal de inhabilitación se debe a la supuesta incompatibilidad entre el régimen de dedicación exclusiva por el que Jácome percibe un salario público como alcalde y el mantenimiento de actividades privadas que le generaron importantes ingresos económicos durante los últimos años. La Fiscalía sostiene que el regidor era consciente de esa incompatibilidad y que, pese a ello, continuó desarrollando dichas actividades sin solicitar la correspondiente declaración de compatibilidad «a sabiendas de la ilegalidad» que eso supone.

«Gravedad» para el PP

Tras conocerse el contenido del escrito, ediles de los tres grupos de la oposición no han tardado en dar sus valoraciones. La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ana Méndez, reclamó nuevamente al alcalde que ofrezca «explicaciones a la ciudadanía». La dirigente popular asegura que la formación respeta los tiempos judiciales y el trabajo de los tribunales, por lo que «será el procedimiento judicial quien determine los hechos y también las responsabilidades». No obstante, Méndez trasladó que «la situación es enormemente grave».

«Estamos hablando de que la Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense por un presunto delito de prevaricación relacionado con su compatibilidad para ejercer actividades privadas», subraya Méndez. La portavoz recordó que su grupo ya había pedido aclaraciones cuando se inició la investigación y lamentó que esas explicaciones sigan sin producirse. «Lo más grave es que Gonzalo Pérez Jácome sigue sin dar la cara y sin ser capaz de explicarle a la ciudadanía una situación tan seria como esta», afirmó.

La representante popular fue más allá y vinculó este episodio a lo que considera una forma habitual de ejercer el gobierno municipal por parte del regidor. Según sostuvo, la falta de transparencia «no constituye un hecho aislado», sino que forma parte de una manera de entender la gestión pública en la que «el alcalde no considera necesario rendir cuentas ante nadie». En ese sentido, recordó que Jácome sigue siendo el único integrante de la corporación municipal que no ha hecho pública su declaración de bienes y actividades desde que accedió a la Alcaldía en 2019.

Méndez aprovechó además para relacionar la situación judicial del alcalde con la gestión municipal de los últimos años. Aseguró que Ourense arrastra problemas económicos, proyectos paralizados, subvenciones perdidas y dificultades en distintos servicios municipales mientras el regidor permanece inmerso en distintas controversias. Por ello defendió la necesidad de una «alternativa seria, responsable y centrada en los problemas reales de la vecindad».

PSOE, «dimisión ética y estética»

También el PSOE ha calificado la solicitud de inhabilitación como una cuestión «muy grave, gravísima». La concejala María Fernández, sostiene, al igual que las filas populares, que cualquier responsable político que se encontrase en una situación semejante debería, cuando menos, comparecer públicamente para dar explicaciones. «Es una cuestión que consideramos muy grave y por la cual cualquier político al uso no sé si dimitiría, pero por lo menos pensaría en dar explicaciones públicas y en dimitir por ética y estética», afirma.

Con todo, la socialista marca distancia respecto a cualquier interpretación anticipada del procedimiento judicial y defiende la necesidad de «actuar con prudencia». Fernández insiste en que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar si existe responsabilidad penal por parte del alcalde. «Debemos ser muy respetuosos con los tiempos judiciales. No vamos a sustituir a los tribunales ni a hacer juicios paralelos», dijo, al tiempo que expresó su confianza en que las resoluciones que se adopten sean cumplidas por el regidor.

La concejala socialista situó además el foco en las consecuencias políticas que, a su juicio, tiene para la ciudad la constante sucesión de polémicas. Fernández censuró que «Ourense lleva demasiado tiempo instalada en un clima de ruido, polémica y parálisis institucional», una situación que «necesitamos que termine», valoró antes de añadir que «lo que necesitamos es un Concello que funcione, un gobierno centrado en resolver los problemas de los vecinos y de las vecinas, no en crearlos».

Urgencia judicial

Por su parte, el portavoz municipal del BNG, Luis Seara, optó por una valoración más contenida. El nacionalista evitó entrar en consideraciones sobre el fondo de la causa judicial y prefirió centrar su intervención en la labor política de su formación y en la preparación de una alternativa de gobierno para las próximas elecciones municipales. «Nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar exclusivamente en aquello que depende de nosotros y a convencer a la gente de que existe una alternativa al actual desgobierno», señaló.

Con todo, Seara reconoció que la situación afecta al alcalde de la tercera ciudad de Galicia y «presumiblemente candidato a la reelección», por lo que consideró conveniente que la causa se resuelva «con la mayor brevedad y con la mayor celeridad posible», ya que si la sentencia sale antes de mayo del 2027 y es condenatoria no podrá volver a presentarse a los comicios.

La Audiencia tiene la palabra

Aunque la Fiscalía ya ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral y una pena de nueve años de inhabilitación, la Audiencia Provincial todavía tiene pendientes de resolver los recursos presentados tanto por la defensa de Jácome —que pide el archivo de la causa— como por la acusación particular, ejercida por el edil Telmo Ucha, que solicita ampliar los delitos investigados a falsedad documental y malversación de caudales públicos.

Será este órgano judicial el que determine si los hechos llegan finalmente a juicio y cuál debe ser el alcance de las responsabilidades que puedan derivarse de la causa. Por el momento, el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, ha limitado su valoración a un mensaje en su perfil de X: «Como dije en su día, es algo sin base que se quedará en nada, que solo vale para que los medios de comunicación hagan ruido», sostiene.

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