La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para Jácome, alcalde de Ourense, por supuesta prevaricación

La Fiscalía Provincial ha solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra el regidor municipal de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, para quien pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación administrativa, tras concluir que ha estado percibiendo un salario público en régimen de dedicación exclusiva mientras mantenía actividades empresariales privadas que le reportaban ingresos, en ocasiones, superiores a su propio sueldo como alcalde.

El representante del Ministerio Fiscal recuerda en su escrito que Jácome desempeña el cargo de alcalde desde junio de 2019 bajo un régimen de dedicación exclusiva, pero sin haber solicitado en ningún momento la compatibilidad necesaria para desarrollar otras actividades profesionales.

El escrito es contundente al afirmar que el acusado actuó «a sabiendas de la ilegalidad que ello supone» y del perjuicio causado a las arcas municipales, ya que cobraba un sueldo al que no tendría derecho si no se le concedía dicha compatibilidad. La acusación detalla una situación de «pluriempleo y pluriactividad», al estar el alcalde dado de alta simultáneamente en el régimen general y en el de autónomos. Entre las actividades señaladas destaca la explotación de su televisión privada, Auria TV, de la que es propietario y único responsable, pero también su papel como administrador único de la mercantil Jolper Música SA, papel que desempeñó hasta agosto de 2020.

«Las ocupaciones ajenas al cargo de Alcalde del acusado, no tenían el carácter de residual, secundario o marginal. A pesar de ello el acusado nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Concello de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad», sostiene el fiscal.

Las cantidades percibidas

El escrito aporta pormenorizadamente las cantidades percibidas por el alcalde y revela que, mientras su sueldo municipal oscilaba entre los 68.000 y 77.000 euros anuales, sus ingresos privados por Auria TV alcanzaron picos de hasta 218.041 euros solo en el año 2020.

Anualmente, Fiscalía expone que el regidor cobró en el año 2020 un sueldo público de 69.925,94; 70.555,24 euros en 2021; 73.024,70 euros en 2022; 75.215,42 euros en 2023; 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025. Mientras tanto, en el apartado de ingresos privados, percibió en 2020 los citados 218.041 euros de su televisión; en 2021 de esa misma fuente de ingresos, 84.671,47 euros; 111.591,69 en 2022; 136.257,25 euros en 2023 y 89.905,23 en 2024.

A mayores, en 2021, a sus ingresos televisivos se sumaron 73.260 euros brutos procedentes de la promoción inmobiliaria. En esta línea, el escrito pone de manifiesto que el 5 de agosto de 2019, mes y medio después de su investidura, el propio Pérez Jácome solicitó «formalmente al Concello de Ourense, la declaración de compatibilidad de sus actividades». No obstante, fue una petición de la que desistió por escrito tres días más tarde, el 8 de agosto, con entrada en el registro Municipal el día 9 de agosto de 2019. Fiscalía insiste en que esta retirada se debió a que «sabía que no le iban a conceder la compatibilidad».

Ignorar advertencias

El relato de los hechos recuerda que el Pleno municipal ya instó al alcalde en diciembre de 2021, mediante una moción, a renunciar a su sueldo por esta incompatibilidad, una petición a la que Jácome «hizo caso omiso».

La situación no cambió tras el paso por las urnas dos años más tarde. Tras las elecciones locales del 28 de mayo de 2023, Jácome fue reelegido alcalde en la sesión constitutiva del 17 de junio de 2023. Solo unas semanas después, en la sesión extraordinaria del 12 de julio de 2023, se sometió a votación el nuevo régimen retributivo de la corporación y se fijó para la Alcaldía un sueldo de 74.850 euros anuales en régimen de dedicación exclusiva.

El fiscal subraya que este acuerdo fue aprobado, entre otros, por el propio acusado, quien «votó a favor de aprobar el mismo», a pesar de que seguía ejerciendo actividades profesionales incompatibles con dicha exclusividad.

Así las cosas, la Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de prevaricación y atribuye a Jácome la responsabilidad como autor. Pide una pena de inhabilitación especial por tiempo de 9 años para empleo o cargo público y solicita que dicha inhabilitación se refiera a todo empleo en la función pública cuyo acceso sea electivo, incluido personal de confianza, en cualquier Administración Pública, entes o sociedades públicas, o en sociedades mixtas de capital público y privado.

La Audiencia Provincial decide

La situación se judicializó tras las denuncias presentadas en 2024 por el antiguo concejal Telmo Ucha, quien exigía la devolución de los salarios cobrados, a su consideración, indebidamente. Su denuncia fue archivada, pero ahora, la Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para que la Audiencia Provincial juzgue estos hechos, calificándolos como un delito de prevaricación.

Con todo, en la Audiencia Provincial aún están pendientes de resolución los recursos presentados por la defensa de Jácome, que solicita el archivo de la causa, y por la acusación particular, ejercida por Telmo Ucha, que solicita ampliar los delitos investigados a falsedad documental y malversación de caudales públicos. Es la Audiencia Provincial la que decidirá si los hechos constituyen delito y, de ser así, cuál es la responsabilidad penal.

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