«Enfermar no es un delito»: el lema del encierro en Ourense contra el nuevo plan de control de la Xunta en las bajas laborales

«El problema no son las personas que enferman; son las personas que explotan», señalaba ayer Xulia González, secretaria comarcal de la CIG, durante el encierro convocado por este sindicato en la Delegación Territorial de la Xunta en Ourense, que se celebró de forma simultánea en las 7 grandes ciudades gallegas y en la que participaron en la ciudad de As Burgas 40 personas, contra el nuevo Plan de Mejora de la Xunta que da más poder a las mutuas para decidir sobre las bajas por incapacidad laboral e incluso «prima a los médicos que agilizan las altas por incapacidad temporal», indica el sindicato.

Los manifestantes, que estuvieron en el interior de la dependencia de la Xunta en Ourense hasta las 14:00 horas de ayer, corearon consignas como «a sanidade cura, a mutua factura»; «menos presión, máis curación», «¡Enfermar, non é delito!» o «coa nosa saúde, non se xoga».

Las movilizaciones son una respuesta al plan que acaba de publicar la Xunta en el Diario Oficial de Galicia del pasado 27 de mayo de modificación y mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal. Según los trabajadores de la CIG que se movilizaron ayer en Ourense, «con ello pretenden darle más poder a las mutuas, entidades privadas que no están para cuidar de nuestra salud sino para ahorrar dinero a las empresas», señalaron.

Según la secretaria comarcal de la CIG que participó también en el encierro, «quieren hacer pasar por problema lo que en realidad es consecuencia de un mercado laboral cada vez más precario, más duro y más agresivo con la salud de las trabajadoras y de los trabajadores».

Despedida por estar de baja en Ourense

Ponen como ejemplo lo ocurrido a una trabajadora de Indea en Ourense que, «después de ver cómo empeoraba su salud a causa del trabajo, acabó siendo despedida».

Considera que esa es «la realidad que quieren ocultar cuando hablan de absentismo, cuando el problema no son las personas que enferman sino que el problema son las empresas que explotan, las administraciones que miran para otro lado, y las políticas que protegen más los beneficios empresariales que la salud de la clase trabajadora», indicó ayer Xulia González durante este encierro.

«Por ello estamos aquí. Para decirle a la Xunta que no vamos a permitir que se persiga a las personas enfermas. Para defender una sanidad pública fuerte y unos derechos laborales que costaron décadas de lucha conquistar. Porque la salud es un derecho. Porque enfermar no es un delito». Un 5,79 % de bajas en Ourense.

Ourense tiene una media de 5,79% de bajas según la CEO

Unos recientes datos publicados por la Confederación de Empresarios de Ourense fijaban la duración media de las bajas en Ourense en los 68,3 días, y el absentismo en una tasa de 5,79%, lo que calificaron como «una desventaja competitiva», a la que se suma, indicaron en esta comparecencia pública de la patronal del pasado mes de mayo, «la escasez de mano de obra en muchos sectores, como la pizarra, el granito o el comercio, perdiendo capacidad productiva por no poder cubrir vacantes de larga duración».

Las claves del plan publicado por la Xunta

El protocolo común de gestión y seguimiento clínico de las bajas que discuten no solo la CIG sino sectores médicos, se rige oficialmente a través de la Resolución de 20 de mayo de 2026 de la Consellería de Sanidad, publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Según la Xunta, con estos cambios busca agilizar la recuperación del paciente y evitar demoras innecesarias, flexibilizando la tramitación conjunta entre la sanidad pública, las mutuas y la inspección médica.

Expone como claves fundamentales del protocolo la agilización de pruebas médicas. Para ello se establece una autorización única de la Inspección de Servicios Sanitarios para las pruebas o tratamientos realizados por las mutuas, lo que consideran evita esperas burocráticas.

Además, los resultados de las pruebas diagnósticas efectuadas por las mutuas se incluyen directamente en la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Otro paso criticado duramente por la CIG, pero que, según la Xunta, evita «duplicidades innecesarias».

También indican que las propuestas de alta emitidas por las mutuas que cumplan con los requisitos de motivación y fundamentación objetiva serán confirmadas más ágilmente por la Inspección para evitar la prolongación injustificada del proceso. Lo que para la Xunta es agilidad, para la CIG es «un paso para la privatización y control del trabajador». De hecho, la Xunta prevé contratar más inspectores dedicados a la unidad de control y salud laboral, permitiendo tramitar los expedientes con mayor celeridad.

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