El forense examinará la capacidad cognitiva de un septuagenario acusado de agresión sexual a una empleada doméstica

Accedió a la sala de vistas en silla de ruedas y parecía incapaz de reaccionar cuando se dirigían a él este lunes en el acto de audiencia preliminar, en el tribunal de instancia de Ourense. La magistrada de la Sección Penal (plaza 1) ha acordado que un forense del Instituto de Medicina Legal (Imelga) examine al encausado para determinar si tiene capacidad para prestar declaración en un juicio, o para comprender y decidir libremente sobre un posible acuerdo de conformidad, de ser el caso. Este hombre de 74 años y sin antecedentes penales está inmerso en un procedimiento por presunto delito de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron presuntamente en el municipio ourensano de Cualedro. En octubre de 2022, el encausado tenía contratada a una empresa para que se encargara de las labores domésticas en su domicilio. El 18 de octubre de 2022 acudió a trabajar a su casa la víctima de estos hechos. La trabajadora ejercía en sustitución, para cubrir unas vacaciones. Tres días más tarde, sobre las 9 horas de la mañana, la víctima se encontraba realizando las tareas en la vivienda cuando sufrió el ataque.

Presuntamente, el acusado se abalanzó sobre ella, la tiró a la cama y le hizo tocamientos en los pechos, además de besarla sin su consentimiento. Según el relato de los hechos que concreta la Fiscalía en su escrito, el septuagenario le dijo a la mujer que quería hacer el amor con ella, mientras trataba de tocarla en sus partes íntimas. Además, le ofreció dinero por tener relaciones sexuales, añade el ministerio público.

Cuando consiguió zafarse del presunto agresor sexual, la víctima salió corriendo y avisó a su empresa de lo que había ocurrido. La Fiscalía indica que estos hechos causaron un daño psicológico a la perjudicada. Sufrió un trastorno por estrés postraumático de tipo agudo, con problemas de ansiedad generalizada. Necesitó tratamiento y el informe alude a secuelas en su salud mental.

El ministerio público presentó en julio de 2025 el escrito de acusación contra el sospechoso de estos hechos. En el informe no apreciaba ninguna circustancia eximente o atenuante de la responsabilidad penal. Queda por determinar cuál es su situación actual, un pronunciamiento que corresponderá al médico forense.

En la calificación provisional, la Fiscalía solicita 2 años y 7 meses de prisión, una pena de libertad vigilada superior en tres años a la condena de prisión que recayese, así como inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio, o actividades sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad, por un tiempo de cinco años superior a la pena de prisión que se impusiese.

Como medida de protección adicional, el fiscal pide en su escrito que se prohíba al septuagenario acercarse a menos de 200 metros de la víctima, durante cinco años, y que no pueda tampoco comunicarse con ella por ningún medio durante ese periodo. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, con el objetivo de resarcir a la víctima por el daño moral sufrido, la Fiscalía solicita que el presunto agresor sexual sea condenado a pagar 12.000 euros.

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