El Concello de Ourense adjudica el transporte urbano para los próximos cinco años gracias al apoyo del PP, pese a las dudas del interventor municipal

El Concello de Ourense, en pleno extraordinario, aprobó el levantamiento del reparo suspensivo formulado por el interventor municipal sobre la adjudicación del servicio de transporte urbano, un contrato valorado en 48,9 millones de euros que regirá el funcionamiento de los autobuses de la ciudad durante los próximos cinco años. La propuesta salió adelante con los votos favorables de Democracia Ourensana y la abstención del Partido Popular, mientras que PSOE y BNG votaron en contra. Apenas unos minutos después de finalizar la sesión plenaria, la Junta de Gobierno Local, reunida con carácter extraordinario y urgente, aprobó la adjudicación del servicio a la unión temporal de empresas formada por Sagalés y Gavilanes para el período comprendido entre el 1 de julio de 2026 y el 1 de junio de 2031.

Antes de llegar a esa adjudicación, la sesión arrancó con la intervención del propio interventor municipal, Gonzalo Alonso, autor del reparo que obligó al gobierno local a llevar el asunto a pleno. El habilitado nacional explicó que su informe se fundamenta en una «insuficiencia de crédito presupuestario», una de las causas previstas en la normativa para formular un reparo suspensivo.

Choque de valoraciones entre el interventor y el secretario

«Yo recomendaría que, en líneas generales, se leyeran mis informes. Si se leen, normalmente se entienden. El informe que hice dice lo que dice, creo que está bastante preciso en cualquiera de sus términos», afirmó durante su intervención después de que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, le pidiese que explicase públicamente los motivos de su objeción, respuesta que dio con sorpresa porque «no suelo recibir la solicitud expresa del alcalde para que exponga los informes» .

Frente a la posición de Intervención, el secretario municipal, Francisco Cacharro, defendió que el expediente sí cuenta con cobertura suficiente para seguir adelante. Según explicó, tras la emisión del reparo la Alcaldía solicitó un informe jurídico en el que se concluye que existe crédito para formalizar la adjudicación.

El secretario situó el origen de la discrepancia en la interpretación de una resolución judicial relacionada con la deuda acumulada con la actual concesionaria. Mientras Intervención considera que esas cantidades deben computarse como gasto comprometido y condicionan la disponibilidad presupuestaria futura, Cacharro sostuvo que los compromisos de gasto de ejercicios posteriores quedan supeditados a la existencia de crédito en cada presupuesto anual.

«Yo entiendo que esa interpretación es errónea. Los compromisos de gasto a futuro quedan subordinados al crédito que haya en cada presupuesto y que, con esa condición, se puede adjudicar el contrato», señaló durante el debate.

La oposición ve riesgo judicial

La explicación no convenció a los grupos de la oposición, que cuestionaron tanto la seguridad jurídica del expediente como la capacidad financiera del Concello para afrontar una concesión de casi 50 millones de euros.

La concejala socialista María Fernández lamentó que el gobierno municipal haya optado por continuar con la tramitación pese a las dudas planteadas por Intervención y reclamó explicaciones sobre las cantidades que el Concello adeuda actualmente a la empresa que presta el servicio en precario. «Tiene que abandonar su guerra con la Intervención municipal y buscar otra que afecte menos a los intereses de la ciudadanía, porque no avanzamos nada y nos sale carísimo», reprochó la edil socialista al alcalde.

Fernández recordó además que la actual concesionaria mantiene reclamaciones económicas pendientes desde 2024 y pidió conocer con exactitud cuánto dinero se debe, cuánto se prevé pagar y si esas obligaciones terminarán afectando a otras áreas de gestión municipal.

En términos similares se expresó el portavoz del BNG, Luís Seara, que calificó de «surrealista» la situación generada alrededor de la adjudicación. El nacionalista sostuvo que el propio expediente reconoce la necesidad de recurrir a futuras modificaciones presupuestarias y advirtió de que la operación podría acabar siendo objeto de impugnaciones judiciales. «Para poder adjudicar hay que tener crédito. Si no lo hay no se puede adjudicar», aseveró Seara.

En esta línea, el portavoz nacionalista sostuvo que el contrato «nació con problemas desde el principio» y acusó al gobierno local de trasladar constantemente la responsabilidad a los funcionarios municipales. «Nos llama a la junta de portavoces para hacer el paripé diciendo que los funcionarios son muy malos, que hay dinero, pero no le dejan pagar», señaló.

El apoyo popular

Con todo, fue la posición del Partido Popular la que resultó determinante para desbloquear la situación. Aunque los populares evitaron respaldar expresamente la propuesta del gobierno, optaron por abstenerse. El concejal Javier Rodríguez-Nóvoa justificó la postura de su grupo argumentando que el transporte urbano lleva once años funcionando sin una concesión plenamente regularizada y que prolongar indefinidamente esa situación sería perjudicial para la ciudad.

«No vamos a obstruir», resumió el edil popular antes de cargar contra la gestión del alcalde. «Usted es culpable por omisión. Este es su segundo mandato, por favor intente asumir alguna responsabilidad política. Todas las concesiones están en precario por su falta de voluntad en la gestión», afirmó Rodríguez-Nóvoa durante su intervención, en la que recordó que Jácome lleva siete años al frente del Concello, reprochándole que atribuya los problemas actuales exclusivamente a gobiernos anteriores.

«Mentirosos e hipócritas»

El debate provocó una extensa respuesta del alcalde, que repartió responsabilidades entre los anteriores ejecutivos municipales, la complejidad administrativa y el funcionamiento interno de determinados departamentos. En este sentido, Pérez Jácome acusó a los grupos de la oposición de ser «mentirosos e hipócritas» y defendió la actuación de su gobierno.

Con todo, reconoció que «la licitación de servicios que están en precario no ha sido una de nuestras prioridades», justificando esa estrategia asegurando que el gobierno municipal centró buena parte de sus esfuerzos en la ejecución de obras e inversiones urbanas porque «los servicios en precario son el menor de los males, lo más importante es hacer obras».

Con respecto a las dudas planteadas sobre la financiación futura del contrato de adjudicación, el regidor defendió que el Concello dispone de mecanismos para garantizar los pagos aunque resulte necesario realizar ajustes presupuestarios. «El dinero lo sacamos de donde siempre, de la modificación de crédito», explicó, asegurando que esa posibilidad ya está contemplada dentro de la planificación económica municipal.