Jácome culpa al interventor del retraso en el pago de facturas del Concello de Ourense por no fiscalizarlas y propone a los proveedores que acudan al juzgado

La guerra entre Gonzalo Pérez Jácome contra el interventor del Concello de Ourense, Gonzalo Alonso, no estaba zanjada, sino que suma una nueva batalla que podría dirimirse nuevamente en los tribunales. El alcalde convocó este jueves a los portavoces de la oposición municipal a una reunión de urgencia para comunicarles que la situación de impagos a los proveedores y la «paralización», en algunos casos, se produce en la mayoría de las ocasiones por la gestión del interventor.

En estos momentos, las deudas acumuladas por el Concello superan los 29 millones de euros, según el único informe de cuentas aportado en la documentación del último pleno municipal, el grueso a concesionarias y el resto con pequeños proveedores.

Según el regidor, el Concello tiene en cuenta 75 millones de euros a su disposición, pero el departamento de este habilitado nacional —al que ya destituyó del cargo en 2024 por decreto y tuvo que restituir a los meses por sentencia judicial— «no fiscaliza algunas facturas y eso impide automáticamente continuar su tramitación» para proceder a su pago. Asegura que la situación «está afectando a facturas tramitadas de forma ordinaria, avaladas por los respectivos departamentos, contratadas de forma totalmente regular por servicios prestados al Ayuntamiento y que deben ser pagadas».

El hecho de que muchos pagos no puedan realizarse, pese a haber fondos suficientes, se debe, según alega el Concello, «a que en muchas facturas existe una omisión de fiscalización, sea negativa o positiva, lo que impide que estas avancen en el trámite y sean finalmente abonadas». Ante este escenario que acentúa la ya tensa relación con el responsable de Intervención, el Ayuntamiento está dando parte de la situación a la Xunta, que es quien tiene que evaluar las actuaciones de dicho departamento.

Por otra parte, indicó que a todos los proveedores se les está informando de sus derechos para cobrar las facturas pendientes. Entre estos se encuentra el de acudir al juzgado a solicitar medidas cautelares, de acuerdo con el artículo 199 de la Ley de Contratos del Sector Público. El alcalde dejó claro que su deber es «velar por que los proveedores cobren» y que, «si una de las causas es que un departamento no fiscaliza las facturas, el gobierno municipal tiene que buscar formas legales para que los proveedores cobren».

Finalmente, el regidor avanzó que valora estudiar las vías legales para proteger los intereses municipales ante las consecuencias económicas de esta situación, tales como el pago de intereses de demora o costas judiciales. El alcalde entiende que no solo tiene el derecho de informar de todo esto, sino que es su obligación.

Gonzalo contra Gonzalo

Estas disputas del alcalde contra el interventor, un habilitado nacional, vienen de lejos. La denuncia más reciente la presentaba Gonzalo Pérez Jácome en marzo de este año ante la Xunta por supuestas «faltas graves o muy graves», puesto que consideraba que su trabajo fiscalizador —el que tiene encomendado y debe cumplir— era «obstruccionista».

Pero el problema se había recrudecido ya en 2024, cuando tras lanzar graves acusaciones contra el interventor, al que llamó «negligente», le acusó públicamente de «bombardear» su gestión o de actuar «con mala fe», por lo que firmó su destitución por decreto.

Finalmente, y tras una serie de menoscabos a su persona que, según constó en la denuncia del interventor, le provocaron un perjuicio en su salud, el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense condenó a Gonzalo Pérez Jácome, y también al Ayuntamiento, a indemnizar al interventor con 30.000 euros y a reponerlo en el cargo de forma inmediata al considerar que este había sufrido «acoso en el trabajo», por lo que decretó su nulidad. El TSXG ratificaría en noviembre de 2024 ese mismo fallo y obligó a Jácome a restituir a este habilitado nacional en su cargo.

Pero ahora, con un largo saldo de facturas impagadas debido en buena parte, siempre según el regidor, a ese excesivo celo fiscalizador de supuestas anomalías por parte del interventor, la guerra se acentúa y al alcalde no le importa tener ya una condena de acoso contra este mismo habilitado nacional.

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