La Fiscalía de Ourense acusa a la gerente de una vivienda comunitaria de estafar a dos personas mayores

La Fiscalía solicita la apertura de juicio contra una mujer sexagenaria, sin antecedentes penales, a la que el ministerio público acusa de un presunto delito continuado de estafa, del que habrían sido víctimas dos personas mayores, usuarias en una vivienda comunitaria que la encausada gestionaba en la provincia de Ourense. Una perjudicada falleció en 2025. El fiscal solicita una condena de 3 años y 3 meses de prisión. Según fuentes judiciales consultadas, el procedimiento permanece en el tribunal de instancia, con la instrucción sin finalizar, aunque en la fase final de esa etapa previa al juicio. La autoridad ha dado traslado a la defensa para que presente su escrito de conclusiones. La Fiscalía presentó el suyo hace varias semanas y quiere que esta sospechosa se siente en el banquillo en la Audiencia Provincial de Ourense.

La acusada ejercía como gerente desde 2018 en una vivienda residencial para personas mayores. En abril de 2023 y julio de 2024, respectivamente, ingresaron en la residencia una mujer y un hombre que presuntamente fueron víctimas de un engaño económico.

La señora llegó a la vivienda comunitaria derivada desde el hospital de Ourense. Cuando ingresó en el centro no tenía relación con su familia. Entró en la residencia porque no podía regresar a su casa tras el alta hospitalaria. La mujer presentaba problemas de movilidad y carecía en ese momento de familiares de apoyo. Permitió que la gerente de la vivienda comunitaria figurase como persona autorizada en su cuenta bancaria.

La Fiscalía cree que la encausada se aprovechó de la situación de confianza, por razón de su puesto y por la dependencia que la usuaria tenía sobre ella. En el juicio habrá que determinar si la gerente obró con enriquecimiento injusto. El ministerio público considera que las retiradas de dinero y los cargos en tarjeta —por un valor conjunto de 4.580 euros, entre noviembre de 2023 y enero de 2024— no tenían por finalidad la atención de necesidades de la señora mayor. El fiscal cree que la encausada se benefició del dinero. La residente falleció en septiembre de 2025. El ministerio público quiere que la encausada devuelva esa cantidad a los herederos.

El otro supuesto perjudicado está propuesto como testigo para el juicio, si su salud se lo permite cuando llegue el momento. En el caso de que no sea posible, el fiscal pide que se visione su declaración en sede judicial. Este hombre vivía solo e ingresó en la vivienda comunitaria de la investigada en julio de 2024. No era capaz de tomar correctamente la medicación que necesitaba, así que unos familiares le buscaron un centro para que estuviera cuidado y controlado.

El señor solo pasó una semana en la vivienda comunitaria. La Fiscalía sostiene que, en ese corto espacio de tiempo, la gerente lo acompañó al banco. El varón retiró 1.500 euros en efectivo, que supuestamente entregó a la acusada, y además efectuó una transferencia de 5.900 a la cuenta de la residencia. Este traspaso iba supuestamente destinado a gastos de dentista, pero el ministerio público cree que el propósito real era apropiatorio por parte de la acusada. El fiscal afirma que no constaba necesidad ni presupuesto de un tratamiento odontológico.

Además de una pena de prisión, el ministerio público solicita que la gerente sea condenada a pagar una multa de 2.310 euros, y a devolver las cantidades presuntamente defraudadas, que suman casi 12.000 euros. Entre la prueba propuesta por el ministerio público para juicio se encuenntran las declaraciones de tres funcionarios del servicio de inspección de la Xunta de Galicia.

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