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Un derecho universal

"La vivienda nos cuesta la vida": protesta ciudadana por los precios del mercado inmobiliario un19,2% más caros en Ourense

Los manifestantes partieron de la sede de Vivenda coreando consignas como «queremos vivir, non sobrevivir» o «rentista escoita, estamos en loita»

Alquileres de 600 euros y más para sueldos mileuristas y pisos a un precio medio de 264.000 euros en la ciudad «nos restan recursos para cubrir otras necesidades»

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«El encarecimiento de los precios de la vivienda obliga a la mayoría de los ciudadanos a destinar la mayor parte de su jornada laboral y de sus ahorros únicamente a cubrir los costes de alquiler o hipoteca; esto los que pueden pagarla, y aun así el dinero que se dedica a tener un techo impide tener luego un proyecto de vida digno, pues reduce los recursos que nos quedan para otras necesidades», explica Miguel Cimas, portavoz de Espazo Veciñal, la plataforma que se manifestó a las 20:00 horas de ayer en Ourense bajo el lema «Una vivienda que nos cuesta la vida» para exigir políticas que defiendan un derecho cada vez más difícil de garantizar.

Los manifestantes salieron a las 20:00 horas de la sede del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), en Sáenz Díez, hasta la Plaza Mayor coreando consignas como «rentista escoita, estamos en loita» o «queremos vivir, non sobrevivir», portando pancartas, la principal bajo el lema de la convocatoria «A vivenda cústanos a vida».

Una vez en la Plaza Mayor, donde remató la marcha reivindicativa, dieron lectura a un manifiesto en el que recordaron que la vivienda es un derecho básico y que «esta siendo tratada como una mercancía y una fuente de negocio para fondos de inversión, entidades financieras y grandes propietarios, mientras millares de personas ven cada vez más difícil acceder o mantener una vivienda en condiciones dignas».

Durante la movilización reclamaron «la adopción de medidas urgentes para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar el derecho a la vivienda. Entre las demandas destacan la declaración de Ourense como zona tensionada, la regulación de las viviendas turísticas, la ampliación del parque público de vivienda y el fin de los desahucios. Asimismo, se defenderá la necesidad de establecer límites efectivos a los precios de los alquileres y combatir las prácticas especulativas que contribuyen al encarecimiento de la vivienda».

En el caso de Ourense, los últimos datos correspondientes al mes de mayo que acaba de publicar el portal Fotocasa fijan el precio medio de un piso en Ourense en los 264.000 euros, aunque según el estudio los precios suben ya por encima de los 310.000 euros para pisos de más de 100 metros. El precio supera los 400.000 euros, llegando a los 600.000 en las calles de la llamada milla de oro.

Pero el problema está, sobre todo, como denuncian los manifestantes, en la continua escalada que impide adaptar los salarios a la subida del alquiler –que están ya entre los 500 y los 700 euros al mes– y a los del precio de la vivienda en venta en la ciudad, que se ha disparado, según el mismo informe de mayo de 2026, un 19,26% en los últimos seis meses.

Zonas tensionadas

Llama la atención que, según el estudio más reciente de mayo de Fotocasa, el precio medio en la ciudad presenta al barrio de As Lagoas como el más caro, con una media de 2.601 euros el metro cuadrado de vivienda en venta, seguido del distrito Centro (2.451 euros/m²) y el Casco Viejo de la ciudad. Sin embargo la zona de O Polvorín la más barata, un piso cuesta una media de 140.000 euros.

Ourense ciudad y esas zonas, por contratos, serían una zona caliente o tensionada. Esa «temperatura del mercado» se analiza basándose en la duración media que tardan los pisos en venderse. Si hay mucha rotación, se dice que es un mercado caliente o tensionado.

Como curiosidad, afirman que el hecho de que algunos barrios tengan más demanda y suba el precio se debe a que hay más demanda de jóvenes con hijos que quieren colegios, zonas verdes y sitio donde aparcar. Lo cierto es que los manifestantes ayer reclamaban que, en una ciudad con sueldos de 1.500 euros en muchas familias, «no se pueden cobrar 600 o 700 por un alquiler», indican. Señalan la proliferación de viviendas turísticas como uno de los factores determinantes en la escalada de precios, al retirar inmuebles del mercado residencial tradicional y «reducir la oferta disponible».

También criticaron los convocantes de la manifestación vecinal, el modelo actual de vivienda protegida, argumentando que la orientación de estos pisos hacia la venta genera un «círculo vicioso» que no garantiza el derecho habitacional a largo plazo. Finalmente, desde Espazo Veciñal han insistido en que el impacto de esta crisis va más allá de los colectivos vulnerables en riesgo de desahucio, afectando a la mayoría de la población que ve asfixiada su economía personal. Cimas lo comparó con la sanidad, que cuando se convierte en mercancía deja de ser un derecho universal.

El PPdeG defiende su modelo de vivienda en Celanova

Por su parte el PPdeG reivindica las medidas «efectivas, pragmáticas y reales» en materia de vivienda que ejecuta el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda, subrayando que esta es la principal preocupación de los gallegos. Frente a esto, los populares critican con dureza la ley estatal de vivienda de Pedro Sánchez por su falta de consenso y financiación insuficiente, asegurando que genera inseguridad jurídica y desprotección a los propietarios. Así lo manifestaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y el presidente provincial del PP de Ourense, Luis Menor, en una jornada informativa en Celanova que reunió a unas 200 personas.

Durante el encuentro, Prado recordó el compromiso de duplicar las viviendas públicas en Galicia, pasando de 4.000 a 8.000, cuyas primeras entregas se realizarán este año 2026. Además, destacó un presupuesto histórico de 350 millones de euros acompañado de reformas fiscales para incentivar la construcción, el desarrollo de suelo para 25.000 nuevos hogares y el programa Fogar Vivo para movilizar inmuebles vacíos. La número del PPdeG acusó a la oposición gallega de ser cómplice de un Ejecutivo central en Vivienda.

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