La concejala que se sintió acosada por otro edil culpa al alcalde de Barbadás de «presiones» para que no se supiese: «Me dijo que si lo contaba me cesaba»

La crisis que agitó al PSOE en Galicia por el caso de José Tomé, alcalde de Monforte y expresidente de la Diputación de Lugo —investigado por presunto acoso sexual a una mujer—, tuvo una derivada en Barbadás. El regidor Xosé Carlos Valcárcel se quedó con el único respaldo de un edil socialista, después de que una de las concejalas presentase una denuncia en el canal interno del partido. La mujer cree que el regidor no actuó bien y la presionó después de que ella le contase que un concejal presuntamente la acosó sexualmente por Whatsapp. Ese varón dimitió en agosto de 2024 y la denuncia ante el PSOE contra Valcárcel es de diciembre de 2025. El detonante fue que el alcalde suscribió un comunicado de cargos socialistas sobre la tolerancia cero ante el acoso. Cuatro concejalas respaldaron a su compañera y las cinco renunciaron a sus áreas de gobierno. Valcárcel pidió la baja del PSOE y, junto a un exsocialista y al cargo de Democracia Ourensana, gobierna Barbadás en minoría de 3 de 17 concejales. Este martes, la magistrada de la Sección de lo Social (plaza 3) de Ourense celebró el juicio tras la demanda de la concejala contra el Concello y el regidor por incumplimiento de prevención de riesgos laborales y vulneración de derechos fundamentales. El alcalde no fue citado al juicio. Su letrado y el abogado del Ayuntamiento defendieron su actuación. En declaraciones a FARO, él también: «Desde que ella sufrió el supuesto acoso, siguió siendo año y medio concejala con dedicación exclusiva, hasta que dimitió motu proprio. No tapé nada, ese señor dimitió y yo a ella no la amenacé ni la presioné. ¿Aportaron pruebas en el juzgado? ¿Por qué la parte actora no solicitó mi declaración? Porque no interesa».

El 20 y 27 de julio de 2024, de madrugada, la mujer recibió wasaps «fuera de tono» de un compañero. La afectada contó los hechos al regidor. Según ella, tras mostrarle y leerle los mensajes, Valcárcel prometió «medidas». La mujer afea al regidor que la presionase para que el caso no trascendiese. «Me dijo que si contaba lo que había pasado me cesaba, 'a ver qué vas a hacer después'», relata ella. Su impresión es que el propósito era «tapar» lo ocurrido. Sufrió las consecuencias en su salud mental. Tras regresar de una primera baja, con una «herida que nunca se cerró», se sintió «presionada, con una losa encima».

Cuando vio en redes sociales el comunicado contra el acoso, al que se adhería Valcárcel, «me afectó y dije: 'Ya no puedo más'». Sus compañeras en el grupo la apoyaron y, tras una reunión con cargos del PSdeG, dejaron el gobierno. Niegan que el partido les pidiese ese paso para forzar la caída del regidor, quien pese a todo resistió.

La defensa del regidor y el Concello vinculan la demanda de la edil, registrada este abril, con una acción judicial que impulsa el regidor. Ella lo niega y afirma que presentó la causa días antes de recibir la citación del pleito de Valcárcel. El alcalde emplaza a un acto de conciliación a las cinco concejalas socialistas, al líder ourensano del PSOE, Álvaro Vila, al secretario de organización provincial, Antonio González, y al secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro. El trámite, señalado para junio y que también cita al PSdeG como persona jurídica, es la acción previa a una posible querella por injurias y calumnias.

El regidor solicita 50.000 euros por daños morales: considera que sus excompañeros menoscabaron su imagen. Reclama «disculpas públicas» de los citados y que rectifiquen. Cree que las declaraciones de sus viejos compañeros, ahora rivales, son falsas y sin fundamento.

La Fiscalía avisa: «Podría haber una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la concejala; se primó la gobernabilidad del Concello en lugar de la salud de la concejala»

En el juicio de este martes estaba la fiscal jefa de Ourense, Eva Regueiro. En su opinión, el cauce laboral no es el adecuado para la demanda, porque la mujer no es trabajadora del Concello, sino cargo electo. Las vías adecuadas serían la contencioso-administrativa o la civil, indicó. No obstante, la fiscal jefa expresó que, en caso de que la magistrada social se declare competente, «podría haber una vulneración del derecho fundamental a la integridad física y psíquica de la concejala».

El Ayuntamiento carecía de plan de igualdad. Regueiro entiende que «la actuación del alcalde ha sido totalmente incorrecta», con «amenazas de cese» a la concejala que fueron «corroboradas» en el juicio por dos compañeras y por la directora del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Barbadás. «Se primó la gobernabilidad del Concello en lugar de la salud de la concejala», observa la fiscal.

Victoria Morenza, una de las concejalas que apoyaron y renunciaron a las competencias junto a la afectada, declaró que la edil «se sintió poco apoyada por el alcalde». La testigo corroboró la versión de la demandante: «Dijo que si lo hacíamos público nos cesaría y nos quitaría la dedicación exclusiva».

Morenza afirma que, en una reunión tras la denuncia interna en el partido, Valcárcel aseguró: «La hija de puta me ha denunciado, le voy a hacer la vida imposible». Las cuatro compañeras de la afectada renunciaron a sus responsabilidades en el ejecutivo local «por cuestión de ética, principios y en defensa de la igualdad, porque sentimos que la víctima no fue arropada por su superior».

Otra edil, Ana Peleteiro, declaró en la vista que el regidor les dijo a ella y a la afectada que «iba a conseguir la dimisión» del presunto acosador, con una «salida digna» por cuestiones personales. «A quien dijese otra cosa y sacase a la luz el verdadero motivo lo cesaría de forma fulminante», relató la testigo. Corrobora el supuesto insulto del alcalde a la concejala. «Si puedo le voy a joder la vida», pone la testigo en boca de Valcárcel. Consultado por este periódico, él lo niega: «Dos de los testigos que ellas dicen que estaban en esa reunión acreditan que no dije eso». Valcárcel añade que en ese momento no sabía nada de una denuncia interna en su contra, sino que se enteró después, tras la consulta de un periodista, alega.

«Ella me relató que la había amenazado con el cese y que no se debía saber este tema», apuntó en el juicio la técnica de igualdad que está al frente del CIM de Barbadás. En cambio, los dos concejales que cogobiernan con Valcárcel lo exculpan. «Dijo que iba a pedir la dimisión del concejal y fue lo que aconteció, es la medida más drástica que se puede tomar en política», apuntó el exsocialista que sigue al lado del alcalde. «En ningún momento» escuchó amenazas a sus antiguas compañeras.

El representante de DO no recuerda ningún insulto de Valcárcel. Sobre la gestión de la salida del exedil señalado por presunto acoso, el testigo dice que «el alcalde tomó cartas en el asunto» para lograr la renuncia. «Si lo hubiera cesado se hubiese perdido la mayoría».

Los abogados del Concello y del regidor solicitan la desestimación de la demanda y cuestionan la forma y fondo del caso. «Lo lógico es que se denuncie al acosador en el momento, aquí se está buscando una indemnización dos años después», expresó el letrado del Ayuntamiento. «No se pueden cuestionar los plazos en los que las víctimas ponen las denuncias, así es la perspectiva de género», apuntó Eva Regueiro.

El abogado de la mujer solicita una indemnización de 97.000 euros. La Fiscalía cree que el daño moral de la demandante está «extendido en el tiempo y acreditado» por el parte de baja de atención primaria, así como por un informe psiquiátrico del Sergas.

El letrado del alcalde comparte que la jurisdicción laboral no es la competente para este caso, cree que hay motivos de prescripción y resalta que la implementación del plan de igualdad en el Concello era responsabilidad de la demandante. En relación a los hechos, el defensor afirma que el regidor obró bien y «consiguió la renuncia» del cargo señalado por supuesto acoso sexual.

«No hay una pericial que determine que las dolencias de la demandante están relacionadas con los hechos», enlaza el abogado del Ayuntamiento. El letrado rebate el fondo del asunto y cree que los mensajes del exedil a la concejala, en horas de madrugada, «no pueden ser un riesgo laboral» porque se producen fuera del horario institucional. Interpreta, además, que no serían constitutivos de acoso sexual.

El alcalde «actuó dentro de sus competencias y consiguió que dimitiese el concejal. No tiene potestad disciplinaria o laboral sobre otra persona elegida democráticamente», explicó el letrado. Desde que tuvo conocimiento de los mensajes inapropiados, el 1 de agosto de 2024, pasaron dos semanas hasta la renuncia por escrito del edil, que se materializó en el pleno de septiembre. «El alcalde fue diligente», cree el abogado.

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