Los funcionarios critican la nueva organización judicial y piden refuerzos, medios y formación: «O persoal está desconcertado e moitos veñen traballar angustiados»

El nuevo modelo de organización de los tribunales de instancia, en vigor desde el 1 de enero en aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, que pretente la eficiencia del servicio público de justicia, no está teniendo una buena aceptación por parte de distintos operadores jurídicos. Entre el colectivo de funcionarios existe malestar por los cambios drásticos de las funciones asignadas —que dificultan la especialización—, por la ausencia de refuerzos y por la reordenación de los espacios físicos de trabajo, que han complicado a ciudadadanos y profesionales a la hora de atinar con la oficina a la que deben acudir para realizar un trámite. Este jueves, unos 150 trabajadores públicos de la administración de justicia participaron en una asamblea informativa en Ourense, la más multitudinaria hasta el momento de las que se han desarrollado en Galicia.

La reunión fue convocada por cinco sindicatos: CSIF, SPJ-USO, STAJ, UGT y CC OO. El próximo 2 de junio se reunirán con el director xeral de Xustiza, José Tronchoni. En esa mesa sectorial, los representantes del personal trasladarán al alto cargo de la Xunta las inquietudes, reivindicaciones y malestar de los funcionarios con el nuevo sistema de organización judicial y de reparto del trabajo. Las organizaciones sindicales alertan de las consecuencias que este proceso está teniendo en el funcionamiento de los órganos judiciales y en las condiciones laborales de los funcionarios. En síntesis señalan la falta de planificación, medios materiales y refuerzos suficientes para afrontar la reorganización del servicio público de justicia.

«Hai menos funcionarios con máis servizos»

«A implantación foi moi precipitada, fíxose sen medios, sen dotar de persoal suficiente, hai moita descoordinación e prexudica os cidadáns», resume Francisco Javier Álvarez, el presidente de la junta de personal. Los funcionarios que asistieron a la reunión informativa llenaron la sala de vistas más grande del edificio judicial de Ourense. Esta provincia fue la primera de Galicia donde se implantó el nuevo sistema como programa piloto. La nueva ley de estructura de judicial es de ámbito estatal, impulsada por el Gobierno, pero los sindicatos consideran que la Xunta ha aprovechado el cambio para reducir el gasto.

«Cesaron todos os reforzos que había en Galicia a data 31 de decembro, amortizaron prazas, só se crearon dúas en Ourense, na Fiscalía, e nomeouse unha decena de xefaturas de equipo sen crear as prazas, sacándoas do conxunto do cadro de persoal. Son, ademais, xefaturas que non tramitan. Hai menos funcionarios con máis servizos», expone Álvarez. Los problemas y disfunciones a la hora de tramitar procedimientos afectan a los ciudadanos —confirma el colectivo—, aunque en una reunión con el secretario coordinador provincial, el LAJ que está al frente de la organización en Ourense dijo a los sindicatos que los datos estadísticos son «satisfactorios».

«Presionan dicindo que hai que traballar máis; hai moitas baixas»

La supresión del viejo modelo del siglo XIX, estructurado en juzgados compartimentados, dio paso al sistema de tribunal de instancia, con sus diferentes secciones. Esa transformación ha conllevado una reorganización y una reordenación de las plantillas. La forma anterior de trabajar permitía la especialización, una carencia que los funcionarios detectan con el nuevo modelo. El colectivo demanda la creación de más equipos de trabajo específicos. «Antes había un xuíz asignado. Hai funcionarios que están traballando para sete xuíces de civil», expone Álvarez.

«Todas as semanas cambian os criterios de traballo. A xente está desconcertada, moita vén angustiada, porque aínda por encima os presionan dicindo que hai que traballar máis ou por que non vimos pola tarde», transmite el presidente de la junta. «Hai moitas baixas, derivadas de problemas profesionais desta implantación, e tamén baixas comúns, porque a maioría do persoal é maior».

Las listas de interinos están agotadas y las ausencias, si es que se cubren, tardan en reemplazarse o se suplen con personas sin experiencia previa en la administración judicial. «Chegan, non hai ninguén que os forme e están con compañeiros que están queimados. Debería haber formadores específicos para realizar esa función», enlaza Álvarez. La formación también será necesaria, cree el colectivo, para enseñar a utilizar el futuro nuevo sistema informático de tramitación, Atenea, homogéneo para toda España.

Non estamos pedindo diñeiro. Pedimos que se respecte a nosa saúde laboral e que esta implantación non nos afecte na nosa saúde mental

Francisco Javier Álvarez

— Presidente de la junta de personal de justicia

Los sindicatos, que canalizan la incertidumbre del personal, la sobrecarga de trabajo en las oficinas y el deterioro organizativo que observan, descartan la posibilidad de acudir a la huelga. La convocatoria de 2018 generó división sindical, así como un desgaste económico y personal para los funcionarios. «O primeiro é ver que nos di a administración na reunión do 2 de xuño. Se non, iremos estudando medidas, progresivamente: concentracións, asembleas, manifestacións e medidas de presión que supoñan o menor custe económico. Chegaremos ata onde nos pidan os compañeiros», responde el presidente de la junta de personal.

En la provincia hay unos 350 funcionarios de administración de justicia. Unos 200 ejercen en el partido judicial de Ourense. Los cinco sindicatos consideran necesaria una ampliación de la relación de puestos de trabajo —RPT— y que se modifique la estructura organizativa actual para que haya más áreas y se creen equipos de trabajo específico, favoreciendo la movilidad y una especialización mayor. El nuevo sistema propicia que haya funcionarios con una carga de trabajo muy superior, critican. Otra demanda del sector es la regulación del teletrabajo. Los sindicatos recuerdan que hace un año que existe normativa estatal sobre la materia y urgen a la Xunta un borrador. «Non estamos pedindo diñeiro. Pedimos que se respecte a nosa saúde laboral e que esta implantación non nos afecte na nosa saúde mental», dijo como colofón el presidente de la junta, ante los compañeros reunidos en asamblea.

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