El juez que imputa a Jácome reitera que no ve malversación ni falsedad: «No se cuestiona lo que ingresa por su condición de alcalde, sino el hecho de no haber pedido la compatibilidad»

El magistrado instructor Leonardo Álvarez mantiene su criterio y no ve razones para ampliar la causa contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a más delitos que la presunta prevaricación continuada que el juez le imputó en un auto del pasado mes de abril, el que dio por finalizada la fase de instrucción.

La acusación particular, que ejerce el exconcejal Telmo Ucha, considera que el regidor también debe ser juzgado por malversación y falsedad documental. Esta parte solicita penas de prisión para Jácome, largas inhabilitaciones, así como que sea sentenciado a indemnizar al Concello de Ourense con casi medio millón de euros. El fiscal solo ve incidios de prevaricación y cree que sus actividades privadas «con importantes beneficios», fundamentalmente por su televisión, Auria TV, son «absolutamente incompatibles» con su sueldo público de alcalde. El regidor busca el sobreseimiento y no tener que sentarse en el banquillo. La defensa alega que la empresa de comunicación es «una mera administración patrimonial no incompatible» con ser regidor.

«Las alegaciones del recurso no desvirtúan la legalidad de la resolución impugnada, que debe ser confirmada», expone el magistrado instructor en el auto que rechaza el recurso de la acusación particular. Sus argumentos —añade Leonardo Álvarez— no se ven desvirtuados por las alegaciones del denunciante. Desde que llegó al cargo en junio de 2019, Jácome ha cobrado su salario público de alcalde con dedicación exclusiva, de más de 70.000 euros brutos al año en la actualidad, mientras mantenía de forma ininterrumpida su actividad empresarial privada. El magistrado reitera que «no se cuestiona lo que ingresa el investigado por su condición de alcalde con dedicación exclusiva, sino el hecho de no haber pedido la compatibilidad pese a ser consciente de que estaba obligado a ello», subraya el instructor.

El hecho de que las declaraciones de bienes e intereses del alcalde en el registro que presentó en la Diputación no coincidan presuntamente con la declaración fiscal de bienes inmobiliarios —la acusación particular afirma en su escrito que el alcalde tiene 19 propiedades inmobiliarias y la defensa subraya que se trata de una herencia pendiente de repartir—, no conlleva que exista delito. «No se observa que la documentación presentada por el investigado, sea o no incompleta, convierta a este en acreedor a una sanción penal», expresa el magistrado.

Las posturas discrepantes sobre los hechos serán examinadas por la Audiencia Provincial de Ourense, que estudiará el recurso directo de apelación, presentado por la defensa, así como los argumentos de la acusación particular. La representación legal de Ucha planteó un recurso de reforma —rechazado ahora por el instructor— y, subsidiariamente, de apelación.

En su último informe en el procedimiento, la Fiscalía de Ourense, que en 2024 archivó una denuncia por hechos similares, aunque advirtió al alcalde de que la situación era irregular, ha solicitado en la causa actual la confirmación del auto del magistrado que imputa al alcalde por presunta prevaricación. «Sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar, motivo por el que retiró la que presentó», expresa el fiscal del caso.

En el escrito de oposición al recurso de la defensa, la acusación pública subraya que el regidor de Ourense «ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen de dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público». En ese informe, el fiscal Mario Brualla detalla que el regidor «realizaba declaraciones de IVA, como consecuencia de su actividad empresarial, tenía ingresos por dos actividades económicas, además de sus rendimientos de trabajo, alcanzando estas dos actividades unos ingresos brutos de 162.000 euros anuales, que duplicaban sus ingresos por rendimiento de trabajo».

En su última declaración sobre esta causa, Jácome justificó que cuenta con ingresos privados «a mucha honra, porque en España es legítimo, obviamente», manifestó. «Vivimos en un Estado de Derecho donde se permite la propiedad privada, y decenas de diputados en las Cortes tienen segundas viviendas arrendadas y tampoco pidieron la compatibilidad, porque en ciertos casos no procede», argumentó. Ahora es turno de la Audiencia Provincial.

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