El presunto incendiario de Vilardevós también será juzgado por amenazar de muerte a un vecino y disparar al aire con dos pistolas

E., el acusado de provocar el incendio de 578 hectáreas de agosto de 2025 en Vilardevós, una situación de emergencia que obligó a confinar dos poblaciones y causó la intoxicación leve de un bombero forestal, conoció hace escasos días la petición de la Fiscalía de que sea condenado, por ese delito, a 6 años de prisión y a indemnizar a la Xunta con 834.000 euros, el coste del operativo de extinción. A mayores, el encausado afronta otro juicio, que tendrá lugar el próximo mes de enero en Ourense, en la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. En este procedimiento, el presunto incendiario está acusado de amenazar de muerte a un vecino, con el que tiene mala relación, y de disparar al aire con dos pistolas. El ministerio fiscal solicita 22 meses de prisión.

Este lunes se celebró la audiencia preliminar, sin acuerdo de conformidad entre la fiscal y la defensa. La magistrada ha señalado la fecha del juicio para el 20 de enero de 2027. El letrado del encausado adelantó la estrategia defensiva, que en este momento procesal se basa en no reconocer los hechos y buscar la absolución.

Por una parte, el letrado solicita la nulidad de la prueba de análisis químico efectuada por la Guardia Civil para acreditar presuntamente que E. disparó un arma de fuego el día de los hechos. Cuando se acciona una pistola, en la mano que aprieta el gatillo quedan residuos característicos. El defensor cuestiona la cadena de custodia de esta prueba y cree que debe ser anulada por la juzgadora. Tras esa cuestión previa, la magistrada indicó en la vista que resolverá la cuestión en la sentencia, tras la valoración en conjunto de todas las pruebas que se practiquen en el juicio, así como del fondo del asunto.

Además, el defensor resta credibilidad al denunciante de estos hechos, y considera que actuó con un móvil espurio porque, según manifestó el abogado en la sala, el encausado había denunciado al hijo del afectado por una agresión. En base a ese contexto de supuesta revancha, el letrado sostiene que la denuncia contra el encausado es falsa.

E., de 48 años, permanece en prisión provisional, tras varias solicitudes de excarcelación por parte de su defensora —otra abogada— en la causa del incendio forestal. La justicia ha denegado la petición varias veces, basándose en el riesgo de fuga y reiteración delictiva, así como en los «serios indicios» de que el encausado fue quien prendió fuego a las 23 horas de la noche del día 1 de agosto, en dos lugares situados a unos 1,3 kilómetros de distancia, con focos a un lado y otro de una carretera local. Sin embargo, el sospechoso negó los hechos en fase de instrucción. Está en el centro penitenciario de Dueñas, en Palencia, desde donde compareció este lunes por videoconferencia.

El acusado tiene historial con la justicia. En abril de 2024, el Penal 2 de Ourense lo sentenció por un delito de quebrantamiento, mientras que en junio de 2018 fue condenado por daños, en una resolución de la Audiencia Provincial. Ahora tiene por delante el procedimiento del incendio forestal del pasado agosto —será juzgado en la Audiencia, en fecha pendiente de señalamiento—, así como el de amenazas y tenencia ilícita de armas, que se resolverá en juicio en el Penal 1, en enero del año que viene.

Los hechos que le atribuye la Fiscalía tuvieron lugar, presuntamente, el 6 de mayo de 2024. El acusado y el perjudicado tienen una mala relación, y ese día el sospechoso obró «con ánimo de atentar contra la tranquilidad y estabilidad emocional» de la víctima, señala el ministerio público en su escrito de acusación.

Según el fiscal, los dos varones se encontraron en la localidad de Terroso, en el municipio de Vilardevós, y el encausado presuntamente insultó y amenazó de muerte al denunciante: «Voute matar, e tamén a túa muller, o teu fillo e a cona que vos pariu», dijo el sospechoso, según la acusación. A continuación, presuntamente sacó dos pistolas de una bolsa y disparó al aire. El acusado carece de licencia para tener y usar armas.

Por el delito de amenazas, el ministerio público solicita una condena de 9 meses de prisión, más la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años, así como la prohibición de que el acusado se comunique o se aproxime al denunciante a una distancia de menos de 200 metros, durante un periodo de 21 meses. Por el delito de tenencia de armas, la Fiscalía solicita 13 meses de prisión, así como la privación del derecho y porte de las mismas durante tres años.

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