La Fiscalía de Ourense rebate a Jácome: sus actividades privadas «con importantes beneficios» son «absolutamente incompatibles» con su sueldo público de alcalde

La Fiscalía de Ourense quiere que el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, sea juzgado por un presunto delito de prevaricación continuada, por haber compaginado su salario público de alcalde con los ingresos de su actividad privada —fundamentalmente, su televisión Auria—, sin haber solicitado la compatibilidad al pleno. Hace unos días, el ministerio público aclaró que acusará por este delito al regidor, a la vez que mostraba su oposición a ampliar la causa por los presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos que la acusación particular quiere endosar al alcalde, para el que pide pena de prisión. Ahora, en la respuesta al escrito de apelación formulado por la defensa —el abogado de Jácome solicita el sobreseimiento—, el fiscal del caso, Mario Brualla, ahonda en sus argumentos para llevar al banquillo al responsable político de la capital de As Burgas. «Como he dicho muchas veces, la denuncia en curso contra mí es solo ruido político», reacciona el alcalde.

El representante del ministerio fiscal solicita la confirmación del auto en el que el magistrado instructor Leonardo Álvarez señala indicios delictivos contra el alcalde. Brualla considera que la resolución contiene «acertados fundamentos». En 2024, la Fiscalía archivó una investigación preprocesal tras una denuncia sobre la no compatibilidad de ingresos de Jácome, aunque en el decreto advirtió de que la situación era irregular. En el procedimiento penal en curso, la acusación pública subraya que el regidor de Ourense «ha estado cobrando el sueldo de alcalde bajo el régimen de dedicación exclusiva, cuando lo cierto es que realizaba actividades privadas que le generaban importantes beneficios, absolutamente incompatibles con su sueldo público».

Una actividad privada «no desdeñable, vistos los importantes ingresos»

El abogado del alcalde cree que «ser propietario de Auria TV no es una ocupación ni actividad que limite o afecte a su dedicación preferente» a la alcaldía, «no existiendo incompatibilidad entre tal titularidad privada y su cargo público». El letrado sostiene que Jácome está «absolutamente legitimado» para cobrar del Concello y considera que su televisión local supone «una mera administración patrimonial no incompatible»

En su réplica por escrito, el fiscal se remite a pruebas incorporadas a la causa judicial: «El investigado realizaba declaraciones de IVA, como consecuencia de su actividad empresarial, tenía ingresos por dos actividades económicas, además de sus rendimientos de trabajo, alcanzando estas dos actividades unos ingresos brutos de 162.000 euros anuales, que duplicaban sus ingresos por rendimiento de trabajo», expone la Fiscalía en el informe que se opone al recurso de apelación de la defensa.

«En cuanto a la alegación de que no realiza ninguna actividad en Auria TV, no es creíble, con ese nivel de ingresos», manifiesta el fiscal, sino que las gestiones de publicidad y comunicación de su partido, Democracia Ourense, «conllevan una actividad consustancial para su gestión, una actividad no desdeñable, vistos los importantes ingresos».

El presunto delito de prevaricación que la Fiscalía y el magistrado instructor atribuyen a Jácome conlleva posibles penas de inhabilitación para cargo público de entre 9 y 15 años. Como indicios que la Fiscalía sostiene contra Jácome para calificar esta presunta infracción penal, el acusador público se remite a la moción llevada a pleno en diciembre de 2021, que instó al alcalde a que renunciase a su sueldo público, a un procedimiento tramitado por el Tribunal de Cuentas así como a la investigación previa de la Fiscalía.

Estos dos acontecimientos, curiosamente, son dos de los argumentos defensivos del regidor. «Fiscalía dice ahora que hay algún indicio para ir a juicio. Ni entonces había caso, ni lo hay ahora», manifiesta el alcalde en su primera reacción en las redes sociales. Pero en su informe de oposición al recurso, el fiscal recalca que el regidor «sabía perfectamente que tenía que solicitar la compatibilidad, pero no lo hacía porque sabía que se la iban a denegar, motivo por el que retiró la que presentó», incide la Fiscalía.

En su respuesta en redes sociales, Jácome ve contradicciones en el criterio de la Fiscalía en este caso, a la vista de dos escritos recientes: el que se opone al recurso de la acusación particular, y el que rechaza ahora la pretensión de la defensa. «Para el fiscal, el 29 de abril era 'público y notorio' que soy dueño de Auria y que recibo ingresos, pero en el escrito del 5 de mayo ya no es notorio y, por tanto, el jurídico del Concello no conocía que yo tenía esos ingresos. Un sinsentido», expone el regidor, sobre el informe de un técnico que el político esgrime en su defensa.

Además, Jácome reivindica que cuenta con ingresos privados «a mucha honra, porque en España es legítimo, obviamente», afirma. «Vivimos en un Estado de Derecho donde se permite la propiedad privada, y decenas de diputados en las Cortes tienen segundas viviendas arrendadas y tampoco pidieron la compatibilidad, porque en ciertos casos no procede», argumenta.

Los pareceres de las distintas partes —la Fiscalía y la acusación particular quieren que Jácome sea juzgado, aunque por distintos delitos, mientras que la defensa solicita el sobreseimiento de la causa, sin que llegue a juicio— serán analizadas por la Audiencia Provincial de Ourense, que tendrá la última palabra acerca de si el regidor de Ourense se sienta en el banquillo, y por qué presuntos delitos. El tribunal de instancia ha acordado la remisión a la Audiencia del recurso de apelación de Jácome, tras el informe de las diferentes partes procesales.

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