Ourense blinda su descanso: el Concello da luz verde a la nueva ordenanza de ruidos tras 24 años de espera

Ourense ha dado un paso importante para actualizar su convivencia sonora. El pleno extraordinario del Concello aprobó de forma definitiva la nueva Ordenanza Municipal de protección contra la contaminación acústica. El texto, que viene a sustituir a la normativa «obsoleta» vigente desde el año 2002, salió adelante con los votos favorables del grupo de gobierno, Democracia Ourensana, y el Partido Popular, mientras que el PSOE optó por la abstención y el BNG se posicionó en contra.

La nueva norma no solo busca ajustar la ciudad al decreto autonómico 106/2015, sino que establece un nuevo marco para la gestión del ruido en las terrazas y el ocio nocturno. Así, uno de los puntos de mayor fricción fue la gestión de las Zonas Acústicamente Saturadas. El concejal de Urbanismo, Fran Lorenzo, defendió la normativa como una «herramienta base» esencial: «Es un paso más en una hoja de ruta en la que seguimos trabajando para dotar de seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a los empresarios», aseguró.

Sin embargo, la oposición cuestionó la eficacia de la norma si no va acompañada de medios humanos y materiales. La portavoz socialista, Natalia González, justificó la abstención de su formación señalando la «frustración» vecinal ante la falta de respuesta institucional: «De poco vale aprobar esto hoy si mañana no podemos hacerlo cumplir. Ourense lleva muchos años acumulando conflictos y la sensación de la vecindad ha sido de abandono y falta de respuesta», trasladó aludiendo a que «lo importante será como se aplique, con qué medios cuenta el concello y si va a existir voluntad política».

El conflicto y la discoteca

El debate subió de tono al abordar casos concretos como el de la antigua discoteca Macau—ahora Desorden—, en la zona de Valle-Inclán. El nacionalista Luis Seara cargó contra el gobierno local, acusándolo de permitir que la vida en el barrio sea «insoportable» y de dejar caducar cientos de denuncias. «El problema no es la norma, sino la aplicación de la misma. Cuando hablamos de ruido no hablamos solo de molestias, hablamos de agresiones a la salud pública», sentenció Seara.

Por su parte, el Partido Popular centró su defensa en el mantenimiento del Casco Histórico como zona protegida. La edil popular Sonia Ogando, quien describió la normativa vigente hasta ahora como «obsoleta», destacó como «mayor logro» que la zona antigua mantenga su condición de ZAS de forma íntegra hasta que se apruebe un plan zonal específico para declararla Zona de Protección Acústica Especial—ZPAE— en un plazo máximo de 18 meses.

En esta línea, Ogando instó al alcalde a no dejar esta protección en un «limbo» porque «Esta ciudad necesita convivir entre quien descansa y quien trabaja, sin permisividades, pero sin restricciones desproporcionadas», dijo sumándose al PSOE y al BNG en la reclamación de que «no valdrá de nada» la ordenanza si «el ayuntamiento no dota de todos los medios materiales y humanos suficientes para un control proactivo a partir de las denuncias y a día de hoy todos somos conocedores de que no existen esos medios», aseveró.

Gestión de fondos europeos

Con todo, el punto de confrontación política llegó con la moción del PP para denunciar la pérdida de subvenciones y fondos europeos. La oposición en bloque criticó duramente la devolución de fondos para proyectos como la Plaza de Abastos, la antigua prisión provincial o la digitalización del comercio local.

La popular Ana Méndez calificó la situación de «patrón de mala gestión»: «Estamos devolviendo fondos o ni siquiera llegando a recibirlos por una falta de planificación inaudita. Ourense se está quedando atrás», reprochó en una moción que dijo hacer para ser «constructiva» con la situación municipal. Al respecto, Méndez cifró en 2,3 millones de euros la pérdida definitiva para la reforma de la Plaza de Abastos y otros 3 millones para la antigua prisión provincial, proyectos que, según denunció, se tramitaron «a última hora y a toda prisa».

Desde el BNG, el concejal Xosé Puga elevó el tono al describir la gestión económica como un «auténtico caos». El nacionalista alertó sobre una baja ejecución presupuestaria, que situó por debajo del 60%, y lanzó una advertencia sobre el futuro de la ciudad: «Los fondos Next Generation no son dinero caído del cielo; habrá que devolverlos entre 2028 y 2034. Si Ourense no los aprovecha ahora, los pagaremos igual sin haber recibido el beneficio» . Asimismo, Puga denunció la existencia de una «deuda oculta» de «unos 50 millones de euros» que, según su grupo, aflorará en los próximos presupuestos para garantizar pagos pendientes.

Por su parte, la socialista María Fernández centró su crítica en la falta de una oficina técnica especializada, una demanda que su grupo sostiene desde el inicio del mandato. La concejala argumentó que la ausencia de planificación lleva al Concello a redactar proyectos deficientes, como el de la antigua cárcel, adjudicado mediante un «contrato menor y a las prisas», algo que la Unión Europea penaliza y, además, agravó las pérdidas hasta los 10 millones de euros porque «están sin pagar todas las obras en las que hay consignados fondos europeos».

La respuesta del gobierno local, en boca de la edil de Hacienda, Tamara Silva, fue de contraataque. Silva defendió que Ourense es la segunda ciudad gallega que más fondos capta y culpó a los anteriores gobiernos del PP de los retrasos en obras críticas como la Plaza de Abastos: «La subvención se otorgó en 2015 y tardaron tres años en licitarla mientras gobernaban ustedes. ¿De quién es la culpa ahora?», cuestionó.

Así las cosas, la moción fue aprobada por toda la oposición con el voto en contra de Democracia Ourensana, pero no se trata de un acuerdo vinculante.

Otros acuerdos

En el apartado técnico, el Concello aprobó por unanimidad su adhesión a la Red Digital de Emergencias y Seguridad de Galicia . Esto permitirá a la Policía Local contar con equipos de comunicación «Tetra» de última generación para coordinarse con el 112 y el 061. A mayores, en materia urbanística, se aprobaron inicialmente las ordenanzas que regulan el Informe de Evaluación de Edificios—ITE— y la figura de las entidades privadas de certificación diaria de los servicios municipales.

Además, salió adelante por unanimidad la propuesta del PSOE que pedía habilitar un espacio en el cementerio municipal para realizar entierros por el rito islámico. Asimismo, la corporación municipal se unió para abrir un expediente de honor a Doña María Generosa Souto Figueiroa, conocida por todos como Marita Souto, pionera del termalismo en Ourense recientemente fallecida.

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