La Fiscalía no ve falsedad ni malversación de Jácome pero acusará por prevaricación

En un escrito del pasado 29 de abril, el fiscal Mario Brualla González expresa la oposición del ministerio público a que la causa contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se amplíe a los delitos de malversación y falsedad documental, como pretende la acusación particular, que ejerce el exconcejal Telmo Ucha, un antiguo colaborador con el que el regidor está enemistado en los últimos años. La Fiscalía pide la desestimación del recurso del denunciante pero también solicita la «confirmación de la resolución recurrida». Es decir, del auto del 14 de abril en el que el magistrado instructor Leonardo Álvarez imputa al regidor un presunto delito de prevaricación continuada, por no solicitar al pleno la compatibilidad para compaginar su salario público de alcalde con los ingresos de su actividad privada, como propietario de su televisión local, Auria TV.

El gobierno local ha interpretado el escrito de la Fiscalía como un propósito de que no acusará al regidor, pero el ministerio público aclara que «no ha solicitado el archivo» y avanza su intención de acusar. Mientras que la acusación particular ya ha registrado su escrito de calificación jurídica de los hechos y de petición de condena, dentro de los diez días de plazo estipulados por el juez —el querellante solicita penas de cárcel, largas inhabilitaciones y el pago de una indemnización de casi medio millón de euros—, el fiscal aún no ha presentado su escrito, pero llevará a cabo la acción. Fuentes jurídicas inciden en que el ministerio público opera con plazos más flexibles, sin que una presentación posterior pueda calificarse automáticamente de extemporánea, como ya ha asentado el Tribunal Supremo en términos generales. En la Fiscalía sostienen que el fiscal Brualla sigue dentro del plazo para hacerlo.

Si aún no ha presentado el escrito es porque está pendiente de la resolución del recurso de reforma que presentó la acusación particular, en el que esta parte pretende que la causa contra Jácome incluya los presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos. De contemplarse este último, el procedimiento tendría que adaptarse al trámite de la ley del jurado. «A la espera de esto, la Fiscalía va a presentar escrito por prevaricación administrativa», afirman las fuentes del ministerio público.

«Siempre dijimos que estábamos ante una denuncia sin recorrido, hecha simplemente para ruido mediático», dijo el político este miércoles. Tras conocer por los medios la intención del ministerio público, expresó una nueva reacción en sus redes sociales: «Transcurrido el tiempo legal y tras anunciar yo hoy que Fiscalía no había acusado, ahora le dicen a la prensa que sí presentarán el escrito contra mí... ¡aunque sea fuera de plazo! Y les recuerdo que el propio Ministerio Fiscal había archivado la misma causa en 2025», reaccionó.

«En realidad, no es algo preocupante porque no hay base y quedará en nada, pero pone de manifiesto los «cálculos» y «giros» judiciales. No olvidemos aquí la discrecionalidad que subyace, y es que el cargo de fiscal jefe provincial es un cargo de libre designación que cambia con cada relevo de siglas en Moncloa. O sea, o está alineado, o calla», afirmó el alcalde en sus redes.

Lo seguro es que el ministerio público ha impugnado el recurso de la acusación particular, sobre el que tendrá que pronunciarse el magistrado instructor. «No estamos ante ningún delito de malversación», afirma el fiscal. El denunciante aludía a un presunto circuito financiero de derivación del dinero hacia la cuenta personal del regidor. La «disposición» que se hace de los fondos públicos «es posterior al acto de obtenerlos» —es decir, al cobro de su salario como alcalde—, por lo que «no concurrirían los elementos del tipo» penal que define la malversación de caudales públicos, entiende el fiscal.

En cuanto al delito de falsedad documental que sostiene la acusación particular —esta parte apunta a que la declaración de Jácome en el registro sobre intereses y bienes presentado en la Diputación no coincide con su declaración tributaria y oculta propiedades—, el fiscal expone que no existe infracción penal por parte del alcalde, «porque el bien jurídico protegido por el tipo de falsedad es la seguridad y veracidad de tráfico jurídico. Dicho bien nunca estuvo en peligro», indica el representante del ministerio público.

El fiscal recuerda que, en diciembre de 2021, una moción plenaria aprobada por mayoría instaba al alcalde «a renunciar a su sueldo municipal, que es claramente incompatible con su actividad profesional», recoge el escrito de la Fiscalía. El representante añade: «Los concelleiros del Ayuntamiento de Ourense sabían perfectamente las actividades a las que se dedicaba el investigado, por lo que la declaración de bienes públicos que hizo el mismo nunca logró el objeto de confundir o alterar la percepción de la realidad, siendo un hecho notorio que el investigado era el dueño de la televisión Auria, y que por la misma recibía importantes ingresos, por lo que la declaración anterior nunca consiguió su propósito de alterar», argumenta la Fiscalía.

«Por todo lo expuesto, se solicita la confirmación de la resolución recurrida y la desestimación del recurso interpuesto». Es decir, para el ministerio público Jácome pudo incurrir en prevaricación, pero no en una malversación de fondos ni falsedad documental. Los pareceres de las distintas partes —la defensa solicita el sobreseimiento de la causa, al que se opone el ministerio público— serán analizadas por la Audiencia Provincial, que tendrá la última palabra acerca de si el regidor de Ourense se sienta en el banquillo, y por qué presuntos delitos.

Suscríbete para seguir leyendo