La defensa de Jácome alega que su televisión local supone «una mera administración patrimonial no incompatible» con ser alcalde

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, está imputado por presunta prevaricación, por no haber solicitado al pleno la compatibilidad de su salario de alcalde, con dedicación exclusiva —más de 70.000 euros brutos anuales, en la actualidad—, con los ingresos privados, fundamentalmente los que le reporta su televisión local, Auria TV.

El regidor defiende su inocencia y ha presentado un recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial. Jácome cree que la denuncia formulada por el exconcejal Telmo Ucha, quien pasó de ser uno de sus más cercanos colaboradores a convertirse en enemigo, carece de base. Además de recurrir a la Audiencia para que archive el procedimiento, la defensa del regidor formula escrito de oposición contra la solicitud del querellante de que la causa contra el alcalde se amplíe a los delitos de falsedad documental y malversación agravada.

La acusación particular solicita una condena de cárcel, el pago de una indemnización de casi medio millón de euros y un largo periodo de inhabilitación. Tras conocer esa pretensión, Jácome ha calificado el movimiento como un «desbarre» de su anterior aliado, en «una maniobra, sin visos de prosperar, para acaparar atención y titulares (...) El odio mantiene viva su esperanza», dice.

El abogado del alcalde, Luis Manuel Salgado Carbajales, considera que la acusación particular «parte de una premisa errónea, cual es afirmar que existe una incompatibilidad en el investigado entre la ocupación pública como alcalde y sus ingresos privados, llegándose por tanto a la igualmente errónea conclusión de que los ingresos públicos percibidos son incompatibles con los ingresos privados percibidos».

«No puede concluirse que los ingresos públicos percibidos son irregulares o indebidos», afirma el defensor

El querellante cree que existe una conexión entre la prevaricación y la malversación, con un flujo de fondos públicos hacia el patrimonio del alcalde a través de los salarios del Concello percibidos desde que llegó al cargo en junio de 2019, periodo sin una compatibilidad aprobada por la corporación. «Los acuerdos de dedicación exclusiva nunca pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación imputable al alcalde de Ourense, por cuanto dichas resoluciones administrativas no son dictadas por el alcalde, sino por un tercero, que es el pleno», incide el letrado, quien además subraya que las asignaciones «son fiscalizadas por el interventor y autorizadas por el tesorero».

Además, la defensa de Jácome añade que «no es objeto de este procedimiento el examen —reservado a la jurisdicción administrativa— de si existe compatibilidad o no entre los ingresos privados del alcalde y su percepción pública, lo cual veda de plano la posibilidad de afirmar la existencia de una percepción indebida». Al no existir una resolución administrativa ni judicial firme que declare una incompatibilidad entre la ocupación pública y los ingresos privados, «no puede concluirse que los ingresos públicos percibidos son irregulares o indebidos, quedando absolutamente vacía cualquier pretensión de incluir esta conducta dentro de un delito de malversación».

Resoluciones a favor de la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas

El letrado expone que «la no solicitud de declaración de compatibilidad no convierte automáticamente en incompatibles los ingresos públicos percibidos, por cuanto solamente serían incompatibles en caso de que así fuese declarado por resolución administrativa o contencioso administrativa». La parte añade que, incluso en un escenario hipotético de declaración de incompatibilidad, aún cabría la opcion de renunciar a los ingresos privados.

La defensa asegura que Jácome está «absolutamente legitimado» para cobrar su salario público, inherente a su cargo. Recuerda que la Fiscalia no vio delito en una investigacion previa, y que «en el mismo sentido, el Tribunal de Cuentas no declaró responsabilidad».

«El alcalde de Ourense no tiene, al margen de las tareas propias de su cargo como alcalde, otra ocupación distinta», sostiene la defensa

Con respecto a la acusación del denunciante sobre falsedad documental, el defensor subraya que «no consta en el procedimiento el documento sobre el que se sustenta tal imputación. Es de perogrullo». El magistrado instructor descartó incorporar a la causa los papeles sobre las declaraciones de intereses y bienes patrimoniales del regidor, porque «no guarda la más mínima relación con los hechos», observó el juez.

«Sustentar tal imputación en la ocultación de actividades privadas incompatibles con su percepción pública carece de virtualidad jurídica por cuanto los ingresos procedentes de su condición de titular de Auria TV no son considerados una actividad incompatible con su cargo público de alcalde», dice el abogado, a mayores.

«El alcalde de Ourense no tiene, al margen de las tareas propias de su cargo como alcalde, otra ocupación distinta», afirma Salgado en su escrito. «El hecho de ser el propietario de una TV, Auria, no es una ocupación ni actividad que limite o afecte a su dedicación preferente a las tareas propias de su cargo, no existiendo incompatibilidad entre tal titularidad privada y su cargo público, motivo por el cual no procede afirmar que existe una ocultación documental de una actividad privada incompatible».

A criterio de esta parte, la propiedad de su televisión local «se trata de una mera administración patrimonial no incompatible». La defensa aduce que «los actos de gestión de dicho canal de emisión (en tanto que mero activo patrimonial) son actos de administración de su patrimonio personal». El abogado cree que constituyen «actividades exceptuadas del régimen de incompatibilidades (...) y, por consiguiente, que no precisan, para su válido ejercicio, ser declaradas como compatibles por el pleno del Ayuntamiento».

El escrito abunda en esta idea de defensa: «La renta generada por la propiedad de la televisión de la que el investigado es titular es un fruto de una propiedad, y como tal una renta de capital, y no una renta del trabajo producto de una ocupación remunerada. Consiguientemente, si no hay actividad ni ocupación remunerada no existe incompatibilidad que declarar», plantea el letrado.

Patrimonio inmobiliario

La acusación del exconcejal Telmo Ucha incluye revelaciones como que, presuntamente, el alcalde tiene en realidad 19 inmuebles, mientras que en el registro de intereses de la Diputación declaró solo un piso. La defensa lo explica así: «Pretende la recurrente que el investigado declare como propios bienes que no son de su titularidad sino de una herencia yacente, que ni siquiera ha aceptado y no ha sido repartida entre los herederos».

Esta situación «explica», según el defensor, «cualquier discordancia entre la declaración de bienes presentada ante el registro de intereses de la corporación —en la que deben figurar solamente los bienes titularidad del investigado, entre los que no deben constar los relativos a la herencia yacente, por no ser propietario de los mismos— y las declaraciones fiscales o tributarias que incluyen —para todos los herederos— los bienes de la herencia yacente, por cuanto son susceptibles de generar rendimientos de capital inmobiliario o imputación de rentas, y por tanto sometidos al control fiscal impositivo».

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