El comercio de la avenida de Portugal, dispuesto a exigir indemnizaciones de responsabilidad patrimonial al Concello por las pérdidas de ventas por las obras

La plataforma de vecinos y comerciantes de la avenida de Portugal, en el barrio de O Couto, celebraron en la noche de este jueves una reunión para buscar «salidas urgentes» a la paralización de las obras de remodelación de esta calles, en la que contaron con la participación y apoyo de todas las asociaciones de vecinos del entorno y de las dos grandes agrupaciones de asociaciones de vecinos, Federación Limiar y Agrupación MIño. Una de las líneas que se barajó al principio del encuentro y que pensaban luego cerrar con unas conclusiones definitivas, es el inicio de un procedimiento para reclamar al Concello de Ourense indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, por la demora de más de un año en la ejecución de unas obras que al final «están al cincuenta por ciento y que podrían tardar un año más si aún tienen que recurrir a un nuevo concurso público para adjudicarlas», explica Manuel Mosquera, miembro de la plataforma y empresario.

Manuel Mosquera no oculta su indignación ante lo que califica como un «limbo» administrativo que ya dura más de un año. Lo que comenzó como una reforma urbanística se ha transformado en una «zona cero» donde vecinos y comerciantes conviven con zanjas abiertas, negocios al borde de la quiebra y una absoluta falta de información por parte del Ayuntamiento. El colectivo se reunió para decidir un calendario de movilizaciones que promete elevar la tensión social en la ciudad, contando con el respaldo no solo de los residentes directos, sino de las principales federaciones vecinales y asociaciones de otros barrios que ven en este conflicto un precedente peligroso para toda la urbe.

El malestar es palpable al caminar por el tramo afectado. Mosquera denuncia que el consistorio está optando por «chapucillas» de emergencia —pequeños arreglos y parches en el asfalto— que, a su juicio, suponen un despilfarro de dinero público. «Van a gastar dinero de todos para tapar cuatro agujeros que después habrá que volver a destapar para continuar la obra de verdad», lamenta. Los afectados sospechan que estos movimientos de última hora solo buscan evitar la avalancha de reclamaciones por caídas de peatones, un problema que se ha multiplicado debido al estado ruinoso del firme y los accesos a los portales. Mientras tanto, la obra principal permanece paralizada por el conflicto jurídico con la anterior constructora, dejando a los vecinos atrapados en una espera que ya consideran insoportable.

Ante el silencio administrativo —Mosquera asegura que el alcalde no ha respondido a sus escritos presentados por registro—, la estrategia de la plataforma se divide ahora en dos frentes: el judicial y el de la protesta callejera. Por un lado, preparan una ofensiva de reclamaciones patrimoniales. Los negocios, sector por sector, presentarán demandas individuales para intentar recuperar las pérdidas económicas derivadas de la inacción municipal. Aunque son conscientes de que el camino judicial será largo y probablemente acabe en el contencioso-administrativo, lo ven como la única vía para que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad por haber contratado a empresas que el colectivo tilda directamente de insolventes o «estafadoras».

La jornada marca un punto de inflexión. Con el permiso de la Delegación del Gobierno ya en trámite, la plataforma planea una manifestación que busca presionar para que se agilice la nueva licitación. No quieren más promesas vacías ni parches temporales; exigen una solución integral que devuelva la normalidad a una de las arterias más castigadas de la ciudad. El colectivo insiste en que no pararán hasta que se aclare qué ha pasado con los fondos públicos y cuándo se retomarán los trabajos con garantías reales. La unidad del movimiento vecinal parece ser su mayor activo en una batalla legal y social que, según advierten, no ha hecho más que empezar.

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