El censo de la provincia de Ourense gana 3.400 extranjeros más en un año, casi un 8% de la población total, el índice más alto de Galicia

Mientras una parte del hemiciclo político habla de regular o expulsar a parte de la población migrante sin papeles, Ourense es cada vez más mestiza. Los distintos acentos se van colando en los más diversos apartados de la vida diaria, en especial en hostelería y servicios. El último censo anual de población, que acaba de publicar el INE (Instituto Nacional de Estadística), computa un total de 305.278 vecinos y vecinas censados en Ourense, de los cuales 24.134 son personas extranjeras al cierre de 2025. El dato, que es casi histórico y previo a este proceso de regularización de migrantes, es que en un solo año —es decir, en los 12 meses de 2025— se ganaron 3.400 más en la provincia. Esto supone que casi el 8% de la población total de la provincia es de nacionalidad extranjera, el mayor porcentaje de las cuatro provincias gallegas.

Los datos del censo publicados ayer, con fecha de cierre de 2025, no dejan lugar a dudas: la emigración es la que aviva y sostiene una demografía cuyo crecimiento, en el tránsito de 2024 a 2025, ha sido inferior al que ha experimentado la población migrante. El saldo vegetativo no ha sido negativo gracias a ellos, pues los 305.278 habitantes suponen solo 811 más que el año anterior.

Destaca de forma especial un colectivo como el más numeroso y el que más ha crecido proporcionalmente al resto: el de venezolanos. De los 24.134 extranjeros, 11.042 son venezolanos y venezolanas, lo que supone un incremento notable en un solo año.

Críticas al proceso de regularización

Pero para Lorenzo Domínguez, que es presidente de la Asociación Venezolana en Ourense, Alma Llanera, "la cifra es superior, creemos que pueden ser unos 20.000 y se va a disparar con el proceso de regularización". Domínguez ha dado la voz de alarma sobre un proceso de regularización extraordinaria que, lejos de ser la alfombra roja prometida, se está convirtiendo en una carrera de obstáculos contra un reloj que no se detiene. El problema es matemático y, por tanto, implacable: mientras el plazo para presentar la documentación expira el próximo 30 de junio, los servicios sociales del Concello de Ourense ya están asignando citas para informes de vulnerabilidad en el mes de julio. Esta descoordinación deja a cientos de personas en un limbo burocrático donde el derecho se desvanece por falta de tiempo.

Domínguez explica con claridad que el sistema ha nacido con el pie izquierdo. El proceso debería haber arrancado el 1 de abril, pero el decreto definitivo no se publicó hasta el día 14, «robando» dos semanas de margen que nunca se recuperaron. En una provincia marcada por la dispersión geográfica como Ourense, las trabas se multiplican. Actualmente, los migrantes en situación de mayor precariedad —aquellos que no tienen un NIE provisional y no pueden realizar el trámite 'online'— dependen de una cita presencial en Correos o en las escasas ONG colaboradoras. El embudo es evidente: solo la oficina de Correos de la capital, en una provincia con núcleos tan distantes como Valdeorras o Verín, centraliza la recepción de documentos, y las citas tardan días en confirmarse o simplemente no llegan.

A este caos logístico se suma el requisito del informe de vulnerabilidad, un documento que Lorenzo califica casi de «absurdo» en su planteamiento, pues considera que no existe mayor vulnerabilidad que estar en situación irregular y no poder trabajar. El Concello de Ourense, con una plantilla de trabajadores sociales bajo mínimos —donde, según denuncian, solo están operativos tres de los nueve previstos—, se ve incapaz de absorber la demanda. Se están repartiendo folletos informativos incompletos que exigen la misma documentación para el informe que para la regularización, duplicando esfuerzos y dilatando esperas. Domínguez lamenta que no se haya establecido una ventanilla única en los ayuntamientos o protocolos unificados que permitieran a cualquier trabajador social de la zona sellar un modelo básico para agilizar el trámite.

La importancia de este proceso en la provincia es capital. Domínguez cree que la cifra real solo de venezolanos y venezolanas en la provincia podría rozar los 40.000 si se cuenta a quienes tienen doble nacionalidad o están sin papeles. Ourense es el ayuntamiento de la península con mayor proporción de habitantes de esta nacionalidad, un 2,9% del total. Ante esta realidad, Alma Llanera está redoblando esfuerzos en reuniones con la Diputación y entidades como Cáritas para intentar desatascar el procedimiento. Una de las grandes bazas de este decreto es que, una vez presentada la solicitud, el migrante recibe un número de resguardo que le permite trabajar de inmediato. Sin embargo, Domínguez teme que el desconocimiento del sector empresarial local sobre esta ventaja deje a muchos sin contrato a pesar de tener el papel en la mano. La llamada desde la asociación es clara: hace falta calma, pero también una respuesta administrativa que esté a la altura de un colectivo que solo busca trabajar e integrarse legalmente en la tierra de sus antepasados.

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