Los padres de un niño con autismo, a los que una jueza dio la razón, piden a la Xunta que revise el caso tras una valoración «errónea» que rebajó el grado de dependencia

«Queremos hacer un llamamiento a la Xunta para que revise el expediente de nuestro hijo y haya una solución. Una valoración en 2023 que no fue correcta ha provocado una serie de consecuencias y de alegaciones desestimadas. Estamos frustrados, porque otros profesionales han visto al niño y su realidad física y cognitiva», resume Joaquín Dosrey. Él y su esposa Julieta Fernández son padres de tres niños en Ourense, dos de ellos dependientes, con trastorno del espectro autista (TEA). El conflicto entre los progenitores y la administración tiene que ver con el Programa Individual de Atención (PIA) y la consideración de libranza de los cuidados con respecto a I., de diez años.

La Consellería de Política Social rebajó de grado III a II —de una gran dependencia a una dependencia severa— el estado de necesidades de este menor. El nivel más elevado, para los casos en los que la persona requiere un apoyo generalizado por falta de autonomía, fue establecido en una resolución de octubre de 2017. Un dictamen de 2024 redujo el grado a II. La Xunta argumentó que tuvo en cuenta las condiciones médicas, sociofamiliares y las opciones de promoción de la autonomía personal. La disminución del grado conllevó un recorte de los recursos económicos asignados. Los progenitores presentaron una demanda judicial porque afirman que el niño necesita atención continua. «Nuestra dedicación es total», subraya Joaquín.

El pequeño tiene parálisis cerebral infantil, un trastorno de la comunicación (es un TEA no verbal, sin lenguaje), así como trastorno de conducta, déficit de atención y movilidad reducida. Necesita supervisión constante todo el día, además de ayuda para actividades básicas. Su discapacidad asciende al 85%. En el centro escolar cuenta con personal de apoyo y cuidador. Recibe terapia ocupacional, logopedia y psicología terapéutica, con una frecuencia de cinco terapias semanales.

«Entiende esta juzgadora que la situación de I. es la misma en la actualidad que en 2017, cuando le fue reconocida dependencia en grado III, no considerando ajustada a derecho la resolución de la demandada [en referencia a Política Social] que le reconoce dependencia en grado II», concluyó la magistrada María Blanca Díez, titular del Social 2 de Ourense, en una resolución de noviembre de 2024. La Xunta anunció recurso de súplica al TSXG, pero transcurrió el plazo sin que llegase a formalizar la acción. En febrero de 2025, el juzgado declaró firme esta sentencia.

«El niño perdió un derecho en base a una serie de errores. En vez de reconocer la administración de buena voluntad que lo valoró mal, como dice una sentencia firme, se enrocan en mantener el error»

La discrepancia entre la administración y los afectados

En este caso, la Xunta estableció como PIA una libranza para cuidados en el entorno familiar de intensidad parcial, compatible con una libranza vinculada a servicios de promoción de la autonomía personal. La familia revela que la administración activó una medida cautelar para disminuir a 0 los recursos de 500,94 euros al mes que la dedicación a tiempo completo conllevaría, en aplicación de la sentencia y del estado inicial antes de la valoración de 2023. Política Social basó la suspensión cautelar del pago de las prestaciones económicas reconocidas —una decisión con efectos desde el pasado enero—, en el hecho de que la familia «non presenta xustificación de realización dos servizos de promoción da autonomía persoal». Los padres no aportaron facturas —pero lo hicieron, dicen— como una forma de avalar su argumento de que «si quieren hacer un cambio de libranza, tienen que valorar al niño, que acudan los técnicos y se emita una nueva resolución teniendo en cuenta el TEA», indica Joaquín.

«El niño siempre ha ido a terapia, nosotros somos responsables»

«Que el niño va a terapia se puede comprobar pero, si nosotros entregamos las facturas, es como si estuviéramos aceptando ese PIA, cuando la realidad es que lo rechazamos. Por algo fuimos a juicio», enlaza Julieta. «Luchamos por la libranza que él tenía antes. Si fuimos a juicio es porque queremos que le restituyan lo que él tenía», reitera la madre. «El niño siempre ha ido a terapia, nosotros somos responsables», reivindica el padre. «Lo que exponemos es que el niño perdió un derecho en base a una serie de errores. En vez de reconocer la administración de buena voluntad que lo valoró mal, como dice una sentencia firme, se enrocan en mantener el error», amplía Joaquín.

Los padres sostienen que, al ser anulada por la autoridad judicial la clasificación en el grado II, el PIA que resultó de esa decisión administrativa carece de validez, porque parte de una supuesta valoración errónea del técnico, que presuntamente no tuvo en cuenta la situación del menor, el diagnóstico de TEA y su realidad física y cognitiva, según resalta esta familia. Pese a la resolución firme, «la administración no ha ejecutado actuación material alguna, manteniendo en la práctica los efectos de una resolución judicialmente anulada», argumentan los progenitores.

Julieta y Joaquín citan varios informes de distintos técnicos que ratifican la situación de su hijo I. como la de un gran dependiente. Varios documentos del Sergas, desde 2018, decían que el niño tiene trastorno del espectro autista de grado 3, con un retraso global del desarrollo. Los padres sostienen que se ha producido en este caso «una grave omisión» de los dictámenes del sistema público de salud. La familia sostiene que la valoración a domicilio de un terapeuta ocupacional «ignoró» la situación de autismo grado III, pese a que se trataba del «eje de la dependencia» del menor, que motiva la necesidad de supervisión en todos los aspectos de su vida.

«Queremos que en la administración alguien tenga la capacidad de ver que aquí cometieron un error. Si una persona se sienta a ver el expediente desde cero, tiene que ver lo que la jueza apreció y el resto de profesionales también»

En un escrito de febrero de 2026, del que afirman no haber recibido aún respuesta, los progenitores solicitan a la Jefatura Territorial de Política Social en Ourense una revisión de oficio del expediente. Joaquín y Julieta reclaman a la Xunta «que se subsanen los errores derivados de la omisión de informes médicos y la valoración del baremo».

Quieren que se ejecute la resolución judicial firme «de forma plena», que se restablezca la prestación de cuidado en el entorno familiar —de 500,94 euros—, con la anulación de la medida cautelar, y que la administración abone los atrasos desde que redujo el grado de dependencia, en mayo de 2024. Esta última cuantía ascendía a 5.510,34 euros hasta el pasado 16 de febrero, la fecha de presentación de este escrito.

Informes de una trabajadora social y del colegio corroboran la versión de los padres

Los progenitores resaltan que el informe educativo expone que el niño requiere «supervisión constante» porque carece de autonomía. En el colegio, el personal cuidador se encarga de su acompañamiento y control. En enero de este año, una trabajadora social de Concello de Ourense informó que la libranza por cuidados en el entorno familiar, de intensidad completa, constituye «o recurso máis axeitado para o menor, xa que vese moi ben atendido polos seus proxenitores».

Dicha modalidad «permite que os seus pais coticen e, ao mesmo tempo, que poidan asumir o custo dos servizos privados aos que acode». La trabajadora social destaca que I. «precisa apoio continuado e permanente» y valora que los progenitores «se encargan dos seus coidados de xeito responsable».

A pesar de los reveses sufridos, Julieta y Joaquín siguen apelando a que Política Social corrija la situación por propia iniciativa. «Nuestro único interés es que se cumpla la ley y se respeten los derechos» del menor, «ante lo que consideramos un desamparo de la propia administración», lamentan.

Si el estado actual persiste, se reservan posibles actuaciones ante la Fiscalía, u otros cauces. «Queremos que en la administración alguien tenga la capacidad de ver que aquí cometieron un error. Si una persona se sienta y mira el expediente desde cero, tiene que ver lo que la jueza apreció y el resto de profesionales también», finaliza el padre.

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