«No tengo ni la ESO», alega la acusada de desviar casi 90.000 euros obtenidos con un fraude informático en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense juzgó este miércoles a una mujer acusada de un delito de blanqueo de capitales por haber utilizado sus cuentas bancarias para dar salida a casi 90.000 euros obtenidos mediante la manipulación previa e ilícita de una cuenta de correo electrónico. Ella, que declaró por videoconferencia, negó los hechos aludiendo a su bajo nivel educativo como efecto limitante para llevar a cabo la artimaña.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a principios del año 2023. De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, terceras personas no identificadas emplearon «un artificio informático» para acceder a la cuenta de correo electrónico del perjudicado; una vez dentro, los autores modificaron un mensaje enviado previamente por una empresa en la que se le reclamaba el pago de una deuda.

En dicha comunicación, siempre según la versión de Fiscalía, sustituyeron el número de cuenta original de la compañía por uno de una entidad perteneciente a la acusada quien, una vez que los fondos estuvieron a su disposición, realizó movimientos para distribuir el capital: se transfirió 18.000 euros de la cuenta receptora a otra de su titularidad y, además, hizo retiradas en efectivo.

La víctima de estos hechos es un ourensano que vio desaparecer, en concreto, 89.553,30 euros después de creer que estaba completando una transacción pendiente. Así lo relató él mismo en Sala, donde expuso que tras vender la farmacia que regentaba, llamó a una empresa distribuidora de medicamentos para saldar una deuda pendiente. «Ellos me enviaron un correo electrónico en el que me decían que hacer y me mandaban número de cuenta y certificado. Lo revisé y coincidía, pero ese día no pude ir al banco y fui dos días más tarde e hice la transferencia», relató la víctima.

Creyó que había resuelto esa situación y se despreocupó hasta que, diez días más tarde, la distribuidora lo llamó consultándole por qué aún no había hecho el pago. «Les dije que no era posible y les entregué el resguardo del banco, pero me dijeron que ese no era su número. Quise comprobarlo y el correo había desaparecido», expuso.

Así, pidió que reenviasen el correo electrónico y al hacerlo comprobó que «efectivamente no coincidían los números, además me di cuenta de que yo siempre pagaba en Abanca y era de otra entidad», dijo el hombre al que el banco le dijo que «no podía hacer nada por el tiempo pasado», por lo que interpuso la denuncia.

Tras su declaración se escuchó la de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en su caso. «Se verificó que la titular de la cuenta es la acusada», manifestó uno de los agentes que describió la forma de actuar como la de una «mula» bancaria. Alguien que cede sus cuentas a terceros para desvíos patrimoniales a cambio de una comisión. Porque pese a recibir el importe íntegro del farmacéutico, 70.000 euros fueron enviados a una cuenta en Bélgica donde el grupo no pudo seguir el rastro, a pesar de haber solicitado un permiso europeo.

El hecho de que la mayor parte del dinero fuese enviado al extranjero, pero ella se quedase con 18.000 euros y, además, hiciese retiradas en efectivo, es para los agentes un signo más de su función en un entramado fraudulento.

«Todo apunta a que es ella», sostuvo el agente que, tras consultar la defensa si no sería posible que alguien hubiese entrado en las cuentas de la mujer, convirtiéndose ella también en víctima, fue claro: «es impepinable que ella tuvo que validar ciertos accesos».

En la misma línea se expresó otra agente que participó en la investigación. «Para el acceso de las cuentas hubo empleo de biometría, uso de fotos de la cara de la mujer», aseveró. El abogado defensor cuestionó si alguien podría haber tenido acceso previo a esas imágenes y emplearlas. Para la agente, no: «Son fotografías que se suelen realizar en directo porque te piden gestos concretos, mirar a un lado, a otro, tocarte la nariz.... y coincidían con el DNI de la acusada».

También incidió en el comportamiento como mula bancaria, «el dinero igual que entró, salió, en el plazo de 24 horas se regó por otras cuentas». Además, las retiradas de dinero se produjeron a escasos metros del domicilio de la acusada, en Almería.

El último perito fue el agente que se encargó de estudiar el correo electrónico: «está demostrado que terceras personas tenían acceso a la cuenta» del perjudicado, aseguró trasladando que la seguridad «estaba comprometida». Esa situación explica la desaparición del correo que experimentó la víctima, «dentro de la cuenta puedes editar y eliminar», aseguró el Guardia Civil e ingeniero informático, quien expuso que «sustituir un correo por otro es muy sencillo» . Procesos que, dijo, «un usuario normal no nota porque somos personas de hábitos».

La acusada declaró en último lugar y solo a preguntas de su abogado, ante el que se limitó a negar los hechos, así como el conocimiento de la víctima o de su cuenta de correo. Aludió a la dificultad que le supondría haber ejecutado tal enredo porque, consultada sobre su nivel de estudios, defendió «no tengo ni la ESO», «ni conocimientos informáticos».

Conclusiones

Así las cosas, la defensa pide la absolución basándose en el derecho de in dubio pro reo, mientras que las acusaciones elevaron sus conclusiones a definitivas.

Para Fiscalía es un delito de blanqueo de capitales y debe responder como autora con una pena de 2 años de cárcel y 100.000 euros de multa. «Ha quedado probado que la cuenta bancaria fue creada por la acusada y hay ánimo de lucro. Tenía solo 50 euros, recibió 90.000 y no solo no avisa al banco, sino que lo envía fuera y se transfiere 18.000 euros...Queda probado que era mula bancaria, una profesional a la que no se le conoce oficio», dijo el representante del Ministerio Público.

La acusación particular califica el delito de estafa, cree que no se limitó solo a la cuenta bancaria, sino que participó del engaño. «La intervención de la acusada es fundamental y no accesoria». Además, subrayó que «sin esa cuenta no estaríamos hoy sentados aquí. Era consciente de la operación fraudulenta». Pide, por tanto, 5 años de prisión y una sanción económica de 12 meses a razón de 10 euros diarios.

A mayores, ambas acusaciones solicitan que como responsabilidad civil indemnice a la víctima con todo el dinero sustraído: 89.553,30 euros. Quedó visto para sentencia.