La acusación particular contra Jácome afirma que el alcalde tiene 19 inmuebles, pide cárcel y que pague medio millón de euros: el regidor lo tilda de «desbarre»

La acusación particular en el procedimiento penal contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ya ha presentado el escrito de conclusiones provisionales, sin aguardar a la decisión que adopte el magistrado instructor —y, en apelación, la Audiencia Provincial—, tras el recurso del denunciante para que la causa por un presunto delito de prevaricación continuada del regidor, por no pedir la compatibilidad para compaginar su salario público de alcalde con los ingresos de su actividad privada, se amplíe a los presuntos delitos de malversación y falsedad documental.

Por cautela procesal, para no dejar sin presentar el escrito fuera del plazo establecido por el instructor, la acusación particular, que ejerce el exconcejal Telmo Ucha, ha registrado el documento, aunque la justicia aún no haya concretado el marco delictivo al que se enfrentará Jácome en el caso de que tenga que ir a juicio. Ni siquiera está asegurado, por ahora, que tenga que sentarse en el banquillo. El líder de Democracia Ourensana defiende su inocencia y también recurre para solicitar el sobreseimiento de la causa.

Piden que se fije una fianza

El escrito provisional de la acusación particular atribuye al alcalde presuntos delitos de malversación apropiatoria agravada, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. Por este último, solicita 13 años de inhabilitación para empleo y cargo público. Por malversación agravada, 7 años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta. Por falsedad, 4 años y medio de cárcel, multa de 108.000 euros y 5 años de inhabilitación especial. En concepto de responsabilidad civil, el denunciante del alcalde reclama que sea condenado a una indemnización de al menos 491.025,72 euros, a favor del Concello y de la Diputación de Ourense. La acusación particular pide que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, así como la prestación de una fianza por parte de Jácome.

El alcalde, como es habitual, reaccionó en las redes sociales. Tilda de «desbarre» los términos del escrito de calificación de la acusación particular. Incluso bromea con las elevadas peticiones de prisión que formula la parte contraria. «¿Y por qué no 70 años?», ironiza. El regidor considera que «es solo una maniobra, sin visos de prosperar, para acaparar atención y titulares».

Jácome incide en que la acusación particular acusa «por delitos que ni siquiera están admitidos en el auto de procedimiento abreviado». En opinión del regidor, «se trata de una táctica derivada de la denuncia de un exconcejal de DO despechado, diseñada para alimentar la polémica, aunque después todo quede en nada. El odio mantiene viva su esperanza. ¡Ni caso!», expresa en la red social.

Ingresos públicos y privados

La acusación contra el alcalde se centra en que, desde que llegó al cargo en junio de 2019, ha cobrado su salario público de alcalde con dedicación exclusiva, de más de 70.000 euros brutos al año en la actualidad, mientras mantenía de forma ininterrumpida su actividad empresarial privada, principalmente de su televisión Auria.

De acuerdo con la documentación tributaria citada en el escrito por la acusación particular, la facturación bruta acumulada de Jácome, por sus actividades particulares entre 2019 y el tercer trimestre de 2025, alcanzaría una gran cuantía económica, con ejercicios como 2020 (218.041 euros) o 2023 (138.228 euros) de especial relevancia. Importes de la actividad privada mientras mantenía el cobro íntegro del sueldo de regidor. La acusación sostiene que el investigado era plenamente consciente de la incompatibilidad legal.

Cuentas y propiedades

La acusación particular alude a un circuito financiero de derivación de fondos que, en su opinión, cimenta el presunto delito de malversación. Según el denunciante, que en su día formó parte del círculo afín del regidor, hasta que su relación se convirtió en enemistad, las subvenciones públicas recibidas por Democracia Ourensana, con cargo a los presupuestos del Concello y la Diputación, se trasladaban a las cuentas del partido. La formación abonaba servicios a Auria TV, un medio del alcalde, resalta la acusación. A la postre, los importes terminaban en la cuenta personal del regidor, añade esta parte.

El escrito de acusación denuncia discrepancias entre las declaraciones del investigado ante los registros públicos y sus declaraciones tributarias. En cuanto a las actividades, y según el querellante, Jácome habría dejado en blanco o tachado los apartados referidos a actividades mercantiles o profesionales, pese a facturar anualmente decenas de miles de euros por su actividad empresarial. En el ámbito de las propiedades inmobiliarias, mientras en el registro de la Diputación declaró supuestamente que solo tenía un piso y una herencia, el documento de IRPF del mismo ejercicio reflejó presuntamente 15 inmuebles, cifra que ascendió a 19 propiedades en 2024.

Calificación de los hechos

La imputación jurídica de la acusación particular en su escrito atribuye al alcalde una presunta malversación apropiatoria, a la que aplica la agravante de prevalimiento del carácter público. La parte considera que la presunta prevaricación concurre tanto en una vertiente activa como omisiva, al ignorar mociones del pleno sobre la incompatibilidad y también un requerimiento de la Fiscalía en 2024, que archivó una investigación previa sobre la doble vía de ingresos, pero advirtió al alcalde de que era una situación irregular.

La presunta falsedad que la acusación particular imputa al regidor se ampara en una supuesta simulación de las declaraciones del registro de intereses en las instituciones, documentos que adquieren naturaleza oficial al incorporarse a un registro público, según la acusación particular. En cuanto a la calificación técnica, las tres infracciones habrían sido cometidas en concurso real con una relación de conexidad medial.

El querellante cree que la falsedad habría sido el instrumento que desactivó los controles institucionales que habrían impedido la presunta malversación y la prevaricación. Con carácter subsidiario, para el supuesto de que no se estime acreditado un ánimo de apropiación por parte de Jácome, el denunciante interesa la calificación alternativa de administración desleal del patrimonio público.

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