Los vecinos desalojados por el derrumbe junto al Cardenal Cisneros reclaman 6.500 euros por los daños en el edificio

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense ha sido el escenario de un complejo cruce de acusaciones técnicas para dirimir responsabilidades sobre el derrumbe que, el 1 de marzo de 2023, hizo colapsar el muro aledaño al colegio Cardenal Cisneros de la ciudad en el contexto de unas intervenciones de acometida de gas. En el centro de nueva la batalla judicial se encuentra la Comunidad de Propietarios Fonte do Monte 7, cuyos vecinos—muchos de los cuales no pudieron regresar a sus viviendas por motivos de seguridad hasta seis meses después del incidente— reclaman una indemnización de 6.595,71 euros por los daños materiales sufridos en sus instalaciones. Un importe que busca resarcir la destrucción de elementos como una puerta de aluminio, un buzón, bordillos, una rampa lateral y las escaleras que comunicaban el edificio con el patio del centro escolar.

El tapón y la presión

En febrero de este mismo año el centro escolar fue quien llevó a juicio a la distribuidora del gas y la contratista de la obra de acometida, a las que solicitaba 41.000 euros, con base en el informe pericial de un arquitecto, para reparar los desperfectos en el área de recreo. La sentencia llegó semanas más tarde y el juez condenó a la contratista de la obra —que fue ejecutada por una subcontrata, no demandada— a indemnizar al centro educativo con 17.833,01 euros, exonerando a la distribuidora de gas.

Ahora es la comunidad de propietarios la que lleva a las empresas a juicio y, como pasó en la otra vista, con la reconstrucción técnica de los hechos en el centro del debate con un elemento clave: un final de línea de la red de abastecimiento de agua.

Según declararon los ingenieros de la contratista de la obra, la tubería de 110 mm no sufrió una rotura por impacto directo de la maquinaria. Para ellos, el desastre se originó cuando, al abrir la zanja para el gas, el «dado de hormigón» que debía asegurar el tapón del final de la tubería de agua perdió estabilidad. «El tapón salió disparado por la presión», explicó uno de los expertos.

Según las cifras aportadas, la red soportaba una presión de 8 bares, una fuerza que, según el jefe de obra, ejerce un «empuje impresionante». Al debilitarse el terreno circundante durante la excavación, el bloque de hormigón —que varios peritos describieron como «insuficiente» o «muy pequeño» para tal magnitud— no pudo contener el empuje, provocando la inundación instantánea que socavó los cimientos del muro.

Los cimientos al aire

El testimonio de uno de los Bomberos de Ourense devolvió a la sala la angustia vivida aquella tarde. La magnitud del agua fue tal que «arrastró todo a su paso», saturando el terreno y provocando el colapso del muro. El bombero recordó cómo tuvieron que rescatar a los residentes de los sótanos a través del patio del colegio, ya que las escaleras de acceso habían desaparecido engullidas por el derrumbe.

No hubo que lamentar daños personales, ni en el colegio ni en el edificio, pero en este desalojaron a los vecinos por precaución. «Al consultar los planos del inmueble, vimos que la cimentación era bastante superficial», lo que aumentó la preocupación por la estabilidad del bloque porque al caer la tierra que servía de apoyo y soporte «se veía que parte de la cimentación quedaba al aire», dijo el bombero en sala.

Su tarea se centró en apoyar a su equipo en las labores de rescate, por lo que él no entró a valorar sobre si el motivo del derrumbe fue el desplazamiento del tapón por su escaso tamaño o, sí, por la contra, este falló en su función de contención tras haber sido golpeado por una de las máquinas que se empleaban en las intervenciones, «mis labores se centraron en la evacuación y evaluación de daños», esgrimió señalando que sí había «oído hablar» de «un tapón y un dado de hormigón», pero no realizó estudio técnico al respecto.

Vibraciones y golpes

Determinar si fue culpa de la empresa encargada de la ejecución de la red de abastecimiento de agua o de las obras realizadas es el punto fundamental para saber quién deberá asumir los costes, si alguien deberá hacerlo. La demanda de los vecinos se sostiene en la declaración que, según se leyó ayer en sala, el propio día del incidente, uno de los empleados de la subcontrata que realizaba la obra le dio a la policía. Él habló de estar realizando perforaciones y «picar un taco de hormigón».

En el Juzgado de Instrucción, el perito de la empresa contratista de la obra defendió que no había oído esa versión y que, por tanto, no podía entrar a opinar, pero, en todo caso, «un bloque de hormigón debería resistir el rascazo de un cazo».

Desde la empresa distribuidora de gas fueron aún más claros, «respeto la declaración del trabajador, pero es posible que él lo contase cómo creía que había pasado en el propio momento, antes de revisar nada más», defendió la perito para la que fue un razonamiento lógico por parte del trabajador creer que, sí emanaba agua tras haber estado trabajando en la zona, podría haber sido por el uso de maquinaria, pero no tuvo por qué ser así. Ambas partes ponen el foco en la precaria ejecución del tapón de la red de agua y su falta de señalización reglamentaria.

Los responsables de la obra insistieron en que este tipo de instalaciones singulares deben estar señalizadas con una banda azul y contar con una arqueta de registro que advierta de su presencia, algo que manifestaron que no había. Sí se encontró una arqueta «pero era de pluviales».

Se preguntó reiteradas veces sobre el tipo de maquinaria empleada en la acometida, «una mini-excavadora que cabe por una puerta», fue el único elemento que aseguraron usar los obreros. A mayores, tan solo la ejecución manual, por lo que los peritos defendieron que «si el tapón hubiese tenido una conexión mecánica en lugar de depender exclusivamente de un bloque de hormigón apoyado, el siniestro nunca habría ocurrido, independientemente de las vibraciones» que pudiese ocasionar la mini-excavadora.

La factura

Así las cosas, aunque en un principio se incluía en la demanda la reconstrucción del muro de contención y eso elevaba las cantidades solicitadas por encima de los 20.000 euros, finalmente se tramita por otra vía, por lo que la comunidad se centra ahora en los «daños colaterales»: la rampa lateral de hormigón, la valla, el buzón de correos y la reposición de la puerta de aluminio de acceso y pide 6.595,71 euros.

La jueza deberá ahora determinar el grado de responsabilidad de cada actor: si la distribuidora y la contratista actuaron con la diligencia debida, si la subcontrata fue negligente con la mini-excavadora, o si la concesionaria del agua debe responder por mantener una red con finales de línea carente de la señalización que exige la normativa vigente.

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