A juicio en Ourense por blanquear casi 90.000 euros mediante un fraude informático

La Audiencia Provincial de Ourense acoge este miércoles un juicio contra una mujer acusada de un delito de blanqueo de capitales por haber utilizado sus cuentas bancarias para dar salida a casi 90.000 euros obtenidos mediante la manipulación ilícita de un correo electrónico.

Los hechos se remontan a principios del año 2023. De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, terceras personas no identificadas emplearon «un artificio informático» para acceder a la cuenta de correo electrónico del perjudicado; una vez dentro, los autores modificaron un mensaje enviado previamente por una empresa en la que se le reclamaba el pago de una deuda. En dicha comunicación sustituyeron el número de cuenta original de la compañía por uno de una entidad perteneciente a la acusada.

«Bajo la creencia» de que la información contenida en el correo electrónico «era veraz», la víctima realizó una transferencia bancaria el 9 de enero de 2023 por un importe de 89.553 euros. El dinero fue ingresado directamente en la cuenta de la perjudicada, que, según sostiene la acusación pública, había cedido previamente su numeración a terceros para recibir transferencias.

El Ministerio Fiscal detalla que una vez los fondos estuvieron a su disposición, la acusada realizó movimientos para distribuir el capital. Concretamente, dos días más tarde transfirió un total de 18.000 euros desde la cuenta receptora otra de su titularidad. Asimismo, el escrito de acusación indica que a mayores llevó a cabo varias retiradas de dinero en efectivo a través de distintos cajeros automáticos.

La Fiscalía considera que estos hechos son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales en relación con delitos de estafa, por lo que solicita una pena de dos años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía también interesa la imposición de una multa de 100.000 euros por la que, en caso de impago, pide una responsabilidad penal subsidiaria de diez meses de prisión.

A mayores, en concepto de responsabilidad civil, reclama que la procesada indemnice a la víctima con la cantidad íntegra: 89.553,30 euros más los intereses legales correspondientes.