Audiencia Provincial
Se enfrenta a tres años de cárcel por desviar más de 55.000 euros de una empresa maderera en Ourense
La Fiscalía acusa al joven de un delito de falsedad en documento mercantil por incluir su número de cuenta en una factura que no le pertenecía
Si no se puede probar que modificó el documento para desviar el pago, solicita dos años de cárcel por blanqueo de capitales
Investigadores de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. / Iñaki Osorio
En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Ourense se sienta esta mañana un joven nacido en el año 2002 que se enfrenta a una petición de tres años de prisión por haber, presuntamente, orquestado un fraude informático que despojó a una empresa local de más de 55.000 euros.
Los hechos que se juzgan en la Audiencia Provincial se remontan al período comprendido entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2022. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado, actuando por cuenta propia o en connivencia con terceros, con ánimo de ilícito enriquecimiento, empleando "mecanismos no autorizados" logró vulnerar la seguridad del correo electrónico de una empresa maderera. Una vez dentro del sistema, el acusado interceptó una factura que iba dirigida a otra firma del sector por un importe exacto de 55,158,46 euros.
El mecanismo del fraude consistió en una manipulación documental, en la que el acusado modificó los datos de esa factura original para sustituir la cuenta de cobro legítima por una de su titularidad. Posteriormente, con el cambio realizado, envió el documento alterado a la empresa pagadora y esta, al "presentar una apariencia normal" la factura procedió al pago de la misma mediante transferencia, creyendo que cumplía con obligaciones comerciales, pero ingresando el dinero en realidad en la cuenta del acusado.
Posibles penas
El Ministerio Público califica estos hechos como un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa, por lo que solicita una condena de tres años de prisión para el joven, así como una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros. En caso de que no se pueda probar la autoría directa del hackeo, Fiscalía también propone una tesis alternativa.
En este escenario acusa al hombre de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, bajo esta premisa el procesado habría actuado como una mula aceptando recibir transferencias de origen ilícito en su cuenta a cambio de una comisión, siendo su participación "imprescindible para lograr el desplazamiento patrimonial". En este supuesto solicita una pena de dos años de prisión y una multa por el valor total del dinero defraudado.
En cualquiera de los casos, en el apartado responsabilidad civil, la acusación solicita que se indemnice a la empresa con total de la cantidad del dinero sustraído, 55.158,46 euros.
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