«Tengo la educación básica, no sé usar un ordenador», alega un acusado que recibió 55.000 euros de una ciberestafa en Ourense

Los delitos telemáticos, cometidos con la celeridad y la distancia que proporciona la red, continúan al alza, y en la provincia de Ourense representan ya uno de cada cuatro hechos que se denuncian ante las fuerzas de seguridad. En 2025 se cometieron en Ourense 2.321 infracciones de este tipo, un 4,6% más que entre enero y diciembre de 2024. Las estafas informáticas —1.986 detectadas en el territorio ourensano el año pasado— crecen un 7,8%. Este lunes, la Audiencia Provincial celebró un juicio por un fraude cibernético cometido en octubre de 2022. Sin que la investigación haya aclarado cuál fue el mecanismo de jaqueo, una empresa maderera creyó que transfería a otra 55.158,46 euros correspondientes a un pago, pero el dinero no llegó a la otra mercantil. Ambas presentan un distinto parecer sobre cuál es la perjudicada y mantienen un litigio abierto en un juzgado civil, para que se determine si cabe compensación por ese desembolso que nunca se materializó. La cuestión penal es la que sentenciará la Audiencia. Un joven de 23 años, que recibió el dinero en una cuenta que abrió presencialmente en una oficina bancaria de Granada, está acusado por la Fiscalía de una estafa agravada, o alternativamente de un blanqueo de capitales por imprudencia.

El ministerio público solicita una pena de prisión de año y medio más una multa de 810 euros, en la calificación de estafa, o bien de doce meses y una sanción por el importe del fraude, si el tribunal aprecia blanqueo. La acusación particular atribuye un delito de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con estafa. Solicita 6 años y medio de cárcel, más una multa de 1.260 euros.

«La gente lo ha utilizado lo que ha podido y más, porque es muy influenciable. Su debilidad son las adicciones», afirma la madre del sospechoso

«Estaba en un mal momento de mi vida; me engañaron», dijo en su derecho a la última palabra el encausado, que intervino por videoconferencia desde Granada. Antes, en su interrogatorio —sólo respondió a su letrado—, defendió su inocencia —afirma que no accedió al correo electrónico de las empresas, ni modificó la factura—, y apuntó a que terceras personas lo engañaron a él y lo amenazaron de muerte, en una época en la que, según dijo, vivía en una casa okupa. «Tengo la educación básica, no sé hacer uso de un ordenador», alega.

Su madre declaró en el juicio. «De pequeño sufrió bullying, la gente lo ha utilizado lo que ha podido y más, porque es muy influenciable. Su debilidad son las adicciones», expresó la señora. Tras los hechos, el joven cambió de ciudad como consecuencia, según su versión, de las amenazas que sufrió, e incluso una paliza en la calle.

«No solo colaboró dando su número de cuenta, sino que se apropió de dinero», resalta la fiscal

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el encausado actuó «directamente o a través de otra persona, con quien a su vez estaba concertado y empleando mecanismos no autorizados». Este es el relato para el delito de estafa, en el que el joven presuntamente prestó una «colaboración indispensable para consumarla». Si la tesis que prospera es la del blanqueo, el ministerio público expone que «el acusado se puso de acuerdo con personas no identificadas para servir de intermediario para recibir transferencias de dinero a cambio de un determinado porcentaje». El ministerio público cree que en este suceso existió un «engaño bastante» que propició que la empresa emisora del pago «confundiese la apariencia de la factura».

El sospechoso niega que obtuviera un beneficio. «No vi ni un euro», dijo en el juicio. Pero la fiscal desmontó esta versión, en base a la prueba documental del extracto bancario. «Hizo transferencias a distintas personas, múltiples movimientos por distintos conceptos, retiradas de efectivo en oficina y en cajero, y gastos de ocio de pequeñas cantidades, hasta que se agotó todo el saldo disponible y dio de baja la cuenta», expuso la fiscal. «No solo colaboró dando su número de cuenta, sino que se apropió de dinero», subrayó.

Ojos de los ciberdelincuentes en servidores de las empresas que sufren estos casos: «Son estafas sofisticadas y complicadas. Los jáquers comprometen una cuenta de correo y esperan a que hayan una transferencia o un movimiento para meter mano», resume un guardia civil que investiga fraudes telemáticos

Así detectaron los hechos

«Llegó la factura por correo; nada me llamó la atención porque estaba todo bien, las toneladas, el precio, todo», recordó ante el tribunal la representante de la empresa de maderas cuyo pago fue desviado con el ciberdelito. Según la testigo, el correo que recibió era de la dirección de correo de la otra mercantil. Pasados veinte días, recibió una llamada de la segunda maderera, porque el dinero no había llegado. Cuando verificaron el número de cuenta de la factura, el código no pertenecía a la destinataria.

Habían transcurrido tres semanas, y a la empresa que esperaba el dinero le pareció «raro» que no llegase la transferencia, según relató su representante. Tras hablar con su homóloga de la otra empresa, que creía que el pago se había hecho, ambos comprobaron la factura, vieron que el número de cuenta no pertenecía a la destinataria, y acudieron juntos al cuartel para denunciar.

La empresa a la que nunca llegó el dinero afirma que un examen informático descartó que hubieran sido ellos las víctimas de un jaqueo. «Un perito dice que a nuestro correo nadie entró», resumió el empresario. Esta mercantil reclama en el juzgado a la primera el abono del envío de madera. «Sigue sin pagarse», afirmó el testigo, pese a que la primera compañía pretendía hacerlo con la transferencia que los ciberdelincuentes desviaron.

«Son estafas sofisticadas y complicadas. Los jáquers comprometen una cuenta de correo y esperan a que hayan una transferencia o un movimiento para meter mano», explicó en términos sencillos, en el juicio, un agente de la Guardia Civil especializado en la lucha contra ciberdelitos. Las averiguaciones del instituto armado permitieron acreditar que el acusado abrió la cuenta a la que llegaron los 55.000 euros en una oficina próxima a su domicilio de Granada. En ella recibió el dinero desviado en la estafa.

«Hay un vacío probatorio que la acusación no puede suplir con una mera apertura de una cuenta bancaria», alega la defensa

No fue posible determinar quién realizó el acceso informático ilegal, añadió el investigador. Para seguir el rastro harían falta comisiones rogatorias a Estados Unidos, para que las compañías propietarias de las cuentas de correo electrónico faciliten información. Es un trámite que se dilata en el tiempo y no garantiza que las tecnológicas lleguen a colaborar.

La defensa cree que no hay pruebas que vinculen al encausado con el delito informático, e incide en que existe «disparidad» entre las dos empresas madereras sobre el origen del jaqueo y la condición de parte perjudicada. El letrado añade que el fraude pudo ser causa de una vulnerabilidad en la seguridad de las mercantiles.

«Hay un vacío probatorio que la acusación no puede suplir con una mera apertura de una cuenta bancaria», interpreta el letrado. Su tesis es que terceras personas usaron la cuenta del encausado y lo sometieron a presiones. «Es una de las dinámicas de este tipo de fraudes», expuso. El defensor pide la absolución o, en caso de condena, la aplicación de las penas mínimas, con atenuantes por la «vulnerabilidad» de su cliente, por las drogas.

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