La Xunta de Galicia propone un convenio para desbloquear la obra del macroedificio único de oficinas de As Lagoas, tras años de silencio y parálisis

Tras casi cuatro años de parálisis, desde que la Xunta de Galicia empezó a hablar de la construcción de un gran edificio único —su gran búnker para unificar todas las oficinas dispersas en un gran edificio de 8 plantas en el barrio de As Lagoas y con una inversión prevista entonces de 25 millones de euros—, el Ejecutivo gallego ha movido ficha y acaba de enviar un borrador con una propuesta de convenio a los otros propietarios de la Junta de Compensación de ese polígono, para poder llevar a cabo «un proyecto ambicioso» que conjugue los intereses de todos.

Precisamente los intereses contrapuestos entre el edificio de la Xunta, cuyo diseño arquitectónico ganador ya se presentó hace tres años, colisionaban en parte con los de estos propietarios, que tienen ya licencia para construir viviendas en el mismo polígono, obras por las que llevan esperando casi 30 años. También tiene su parte de propiedad el Concello de Ourense, que será también el encargado de gestionar la gran superficie de suelo público que quedaría en la manzana interior.

El anuncio de que existe esta nueva propuesta, presentada hace unas semanas, coincide con la comparecencia pública realizada ayer por el BNG, que ha presentado una batería de preguntas ante el Parlamento de Galicia para saber precisamente qué ha ocurrido con un proyecto de grandes dimensiones y altas expectativas para la ciudad y del que nada se sabe desde hace años.

El nuevo borrador enviado por la Dirección General de Patrimonio de la Xunta plantea un diseño global que obligaría a cambiar la ordenación parcial del polígono. El objetivo es que el macroedificio no sea un «bloque aislado», sino que se integre en una gran plaza central conectada con la residencia universitaria. Pero, según los propietarios de parcelas y de derechos de edificabilidad de esa Junta de Compensación, «para que el puzle funcione, falta una pieza clave: el Ayuntamiento de Ourense». Es un convenio a tres bandas y «el Ayuntamiento tiene los espacios públicos y tiene que decir si le parece bien. Nosotros no podemos parar lo que ya tenemos por una simple promesa», advierten desde la Junta de Compensación.

El problema, que ha mantenido el proyecto paralizado desde que la Xunta adquirió las parcelas hace un lustro, no es solo presupuestario, sino técnico y jurídico. El macroedificio diseñado por la Administración autonómica es mucho más voluminoso y complejo de lo que el planeamiento original permitía para esas parcelas, lo que genera un conflicto directo con los derechos ya consolidados de los vecinos y propietarios del polígono.

El portavoz de los propietarios explica, con cautela, que este nuevo borrador intenta plantear una solución urbanística global. «No se trata simplemente de levantar un bloque de oficinas, sino de rediseñar todo el entorno de As Lagoas para integrar el edificio en un polígono que ya está en plena fase de ejecución», explica. La propuesta de la Xunta pasa por un cambio de ordenación parcial que permitiría ensamblar mejor ese gran equipamiento con las parcelas residenciales privadas, creando una gran plaza central que serviría de nexo de unión entre el nuevo edificio, la actual residencia universitaria y la avenida Otero Pedrayo. Es un intento de «permeabilizar» la zona, pero que requiere un consenso milimétrico para no atropellar los derechos de quienes llevan treinta años esperando para construir sus viviendas.

La complejidad del asunto no es menor. Los propietarios particulares no son sujetos pasivos en esta historia; tienen en su mano licencias de edificación concedidas, proyectos de urbanización muy avanzados y, lo más importante, sentencias judiciales que ratifican sus derechos de acceso a través de los espacios públicos.

El BNG exige información clara a la Xunta

El diputado del BNG por Ourense, Iago Tabarés, y el portavoz municipal, Luis Seara, han denunciado la situación de «parálisis absoluta» e incertidumbre que rodea al proyecto para construir un nuevo edificio administrativo de la Xunta de Galicia en el barrio de As Lagoas. Según los nacionalistas, este proyecto, que tiene como objetivo unificar todas las dependencias autonómicas actualmente dispersas por la ciudad, representa un ejemplo de «planificación cero» y de promesas incumplidas que se remontan a más de 30 años. Seara lamentó que, a pesar de haberse aprobado en 2021, el Gobierno gallego no haya facilitado información clara al respecto, una falta de transparencia que se extiende al propio Ayuntamiento de Ourense, donde el concejal de Urbanismo admitió recientemente desconocer el estado del inmueble.

Ante este escenario, Iago Tabarés ha registrado una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir al Ejecutivo autonómico que aclare la viabilidad técnica de la obra y presente un calendario real de ejecución. El diputado recordó que ya se han malgastado dos millones de euros en la adquisición de parcelas y en el pago de alquileres evitables, y criticó que, aunque la redacción del proyecto se adjudicó en septiembre de 2023 con un plazo de seis meses, a día de hoy todavía no existe ni proyecto definitivo ni licencia de obra. Desde el BNG urgen a la Xunta a confirmar si los terrenos comprados son suficientes para la edificación prevista de 24 millones de euros o si, por el contrario, existen problemas técnicos que impiden avanzar en una infraestructura que consideran fundamental para la eficiencia administrativa y el respeto a la ciudadanía ourensana.