El exconcejal de Ourense que pasó de aliado a denunciante de Jácome recurre para que sumen malversación y falsedad a la imputación por prevaricación

Cuando el PP abandonó a Gonzalo Jácome en su primer mandato, y lo dejó solo vadeando la crisis tras las denuncias internas que causaron la ruptura de Democracia Ourensana, el alcalde resistió en un complejo escenario de minoría, gracias al respaldo de uno de sus fieles desde siempre, Armando Ojea —actual diputado autonómico de DO—, y de un concejal, Telmo Ucha, que también le brindó su apoyo. Los tres conformaron durante meses un microgobierno en el que Ucha ejercía labores en múltiples frentes, aglutinando competencias en departamentos clave de la administración local, como servicios sociales, termalismo, transportes y seguridad ciudadana. La relación se rompió en el contexto electoral de 2023.

La distancia se fue agrandando y de la afinidad pasaron a una enemistad compartida. Ucha, que también tiene borrones propios —la jefa de la Policía Local sufrió su acoso laboral— empezó a solicitar información, a ser una voz crítica e incómoda contra el regidor. Su postura aumentó de intensidad, hasta que se animó a presentar la querella que ha desencadenado la imputación del alcalde de Ourense, al que el magistrado instructor atribuye un presunto delito continuado de prevaricación, por no solicitar la compatibilidad para compaginar su salario de alcalde, con dedicación exclusiva, con los ingresos de su actividad privada, que se nutren sobre todo de su televisión, Auria TV.

Jácome mantiene las dos fuentes de ingresos sin pedir autorización al pleno, pese a ser consciente «de la injusticia» y del «grave daño» a las arcas municipales —dice el juez en su auto— en el caso de que esté cobrando un sueldo público incompatible con una actividad privada con beneficios. Ucha, personado como acusación, ha recurrido la resolución para que la justicia sume al alcalde dos presuntos delitos más para un enjuiciamiento simultáneo: malversación de fondos públicos y falsificación de documento oficial.

«No se requeriría diligencia adicional alguna que no estuviera al alcance de la instrucción ya concluida», afirma la acusación. Si su petición es aceptada, la situación ascendería en la escala de riesgo para el líder de Democracia Ourensana, porque las dos son infracciones para las que el Código Penal prevé penas de prisión.

El regidor recurrirá para pedir su exculpación

La acción de Ucha, representado en el procedimiento por el abogado Eduardo Sánchez González, se canaliza, en primer lugar, como un recurso de reforma, es decir, ante el mismo magistrado instructor, Leonardo Álvarez. Si la petición no prospera, la parte adelanta su propósito de recurrir en apelación, para que la Audiencia Provincial se pronuncie. La decisión relativa a si el regidor ourensano se sienta en el banquillo, y por qué presuntos delitos, quedará en manos de los magistrados del tribunal.

Tras el auto y la repercusión pública del caso, Jácome adelantó en redes sociales que apelará. «Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio», cree. Su abogado defensor ha declinado hacer declaraciones sobre el procedimiento. El alcalde sostiene que la denuncia carece de base, como «hemos visto mil veces», y ha acusado a la prensa de alegrarse por informar de su situación judicial.

«Las percepciones de la dedicación exclusiva abonadas al alcalde de Ourense (...) constituyen fondos públicos sustraídos en beneficio del patrimonio privado del investigado en íntima conexión con el delito de prevaricación», cree la acusación. En varios momentos de su recurso, alude a un presunto «circuito de derivación de fondos públicos» por parte del alcalde.

Según el auto del instructor, Jácome percibió sueldos como regidor de 69.925,94 euros brutos en 2020; 70.555,24 en 2021; 73.024,70 en 2022; 75.215,42 euros en 2023; 77.457,30 en 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025, el último periodo incluido en la información certificada que recibió el juzgado.

Según un informe de la Policía en una investigación previa de la Fiscalía —archivada a favor de Jácome—, el alcalde declaró entre 2019 y 2022 «unos ingresos procedentes de su actividad económica que ascienden a 197.256,75 euros», anota el magistrado en la resolución. En mayo de 2024, la Fiscalía cerró con un archivo la investigación previa, pero declaró que la situación de ingresos públicos y privados sin haber solicitado la compatibilidad al pleno del Concello de Ourense constituían una situación irregular. La acusación cree que existe una malversación: «La percepción de fondos públicos sin derecho equivale a apropiación».

Declaraciones de intereses y de patrimonio

El escrito legal del exconcejal Ucha pide a la justicia que además impute al regidor por falsedad en documento público, un presunto delito que «se proyecta sobre las declaraciones obligatorias suscritas por el investigado ante el registro de intereses de la corporación local», subraya el abogado. Según esta parte, esas manifestaciones de Jácome «presentan una doble dimensión falsaria: la ocultación de actividades privadas incompatibles y la ocultación sistemática del patrimonio inmobiliario real».

Presuntamente, en el registro de actividades del Concello de Ourense, el alcalde no ha declarado, al inicio y en las renovaciones del mandato, ninguna actividad privada, «omitiendo en todo momento el ejercicio como empresario en el sector audiovisual», contrapone la acusación. «El investigado realizó declaraciones conscientemente incompletas (...) Con ello creó ante la Administración la apariencia falsa de que no ejercía actividad privada incompatible alguna», argumenta esta parte.

El escrito de recurso pone el foco en el patrimonio inmobiliario del alcalde, «notablemente más extenso», presuntamente, que el que asegura tener en sus declaraciones en los registros públicos. «Las declaraciones de bienes presentadas ante el registro de intereses de la corporación (tanto ante el Ayuntamiento como ante la Diputación) omiten de forma sistemática y patente el grueso del patrimonio inmobiliario real del investigado, sin que exista justificación jurídica alguna para tal omisión selectiva», sostiene la acusación.

La representación legal de Telmo Ucha señala que Jácome declaró menos bienes que los inmuebles de su propiedad que sí aparecen en mayor número, presuntamente, en sus documentos del IRPF. Dicha «omisión» de información inmobiliaria en sus comunicaciones a los registros de intereses «no puede explicarse por error u olvido, atendida la magnitud y singularidad de los bienes ocultados. Se trata de una omisión dolosa, selectiva y reiterada», sostiene la acusación.

«El delito de falsedad en documento público del registro de intereses guarda una relación de conexidad objetiva con los delitos de prevaricación y malversación», añade el recurso. «La ocultación de actividades incompatibles en el registro de actividades era condición necesaria para mantener la apariencia de legalidad del régimen de dedicación exclusiva del que derivó la percepción de retribuciones indebidas», interpreta el querellante.

La justicia decidirá si la causa llega a juicio con el único delito que aprecia el instructor, o bien si el recurso de la acusación prospera o, entre ambos caminos desfavorables para el alcalde, se impone la tesis de Jácome. El regidor mantiene su inocencia y busca el sobreseimiento para no tener que sentarse en el banquillo en la Audiencia Provincial, con las elecciones municipales a un año de distancia. El único hecho probado a estas alturas es la desavenencia entre dos antiguos compañeros que son íntimos enemigos.

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