Cae un prófugo a 1.000 kilómetros del lugar del delito: la Guardia Civil detiene en Verín a un rumano buscado por estafa en Andorra

El trabajo de vigilancia por parte de las autoridades en zonas fronterizas como la ourensana de Verín, uno de los puntos más transitados para cruzar entre España y Portugal en el noroeste de la Península, permite en ocasiones atrapar a personas que cuenta con causas pendientes con la justicia. Es lo que ha ocurrido esta vez con un ciudadano rumano, de 66 años de edad, un prófugo contra el que existía una orden de búsqueda y de detención internaiconal, con el objetivo de lograr su extradición a Andorra, por su implicación en una causa de estafa en el pequeño principado.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Verín, en colaboración con efectivos de seguridad ciudadana del instituto armado de la misma zona, arrestaron a este hombre, después de darle el alto en la autovía das Rías Baixas, la A-52. Cuando los funcionarios policiales comprobaron sus datos personales, saltó la alerta: constaba en contra de este individuo una orden emitida por Interpol para su arresto y posterior entrega a Andorra, donde ahora este varón tendrá que rendir cuentas con la justicia de aquel país, tras ser detenido a mil kilómetros de distancia del lugar del delito.

El proceso por el cual España entrega a una persona a otro país para que sea juzgada o cumpla una condena pendiente se denomina extradición pasiva, tal y como se conoce en el argot legal a este mecanismo de cooperación internacional entre los estados. Las autoridades españolas actúan siguiendo distintos marcos legales, según cada caso y el país que emite la solicitud, o bien en el que se produce la detención de una persona perseguida por España.

Dentro de la Unión Europea, el procedimiento al que se recurre es el de las llamadas euroórdenes, un trámite judicial y rápido que no necesita la intervención del Gobierno. Fuera del espacio comunitario, con países con los que existe un tratado a modo de acuerdo, el procedimiento sigue lo establecido en los respectivos convenios bilaterales. Con los estados con los que nuestro país no ha sucrito un pacto para los casos de extradición, la resolución es más lenta y difícil, y en ocasiones requiere un arduo trabajo en la vía diplomática.

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