Acusan a una mujer de hacerse pasar por policía y fiscal para obligar a otra a trabajar, gratis, más de un año en su casa en Ourense

«Yo había salido con un chico y ese chico tenía antecedentes y me decía que yo era cómplice, que para evitar tener que ir a prisión tenía que hacer esos trabajos». Es la explicación que este miércoles compartió en el Penal 2 de Ourense la víctima de un presunto delito de estafa peculiar: una supuesta amiga la obligó a realizar tareas en su domicilio particular como «trabajos a la comunidad» y como «un favor» para evitar una «condena de cárcel». Ahora es la amiga la que se enfrenta a dos años de prisión y a más de 20.000 euros de indemnización.

Los hechos duraron años. Según el escrito del Ministerio Fiscal, desde diciembre de 2022 hasta enero de 2024 la denunciante se desplazaba a casa de la acusada donde, sin recibir contraprestación alguna, realizaba labores domésticas y cuidaba de los tres hijos menores «por temor de ir a la cárcel».

La mujer trasladó en sala que la relación de amistad comenzó «en el año 2019 o en el 2020» , durante ese tiempo ella mantuvo una relación sentimental con un hombre que, según recoge el escrito, tenía antecedentes por un delito de estafa. Algo que presuntamente empleó la denunciada para obtener un servicio a domicilio sin coste valiéndose de una artimaña: hacerse pasar por distintos representantes públicos y miembros de cuerpos de seguridad del Estado.

Un falso policía y una fiscal

Para la Fiscalía, la acusada recurrió a su propio teléfono móvil, así como a otros tres de su titularidad para comunicarse con la víctima mediante WhatsApp en clave de engaño: «Haciéndose pasar por Policía Nacional, funcionario de juzgado y fiscal, le comunicó, faltando a la verdad, que ella debía cumplir trabajos en beneficio a la comunidad».

«La fiscal me decía que tenía que hacer lo que ella —la acusada— me decía», sostuvo la víctima consultada por la verdadera fiscal sobre por qué en ningún momento se planteó si la situación era real o no. «Como ella tenía esos contactos yo me fiaba de ella, porque era mi amiga, creía que me hacía un favor», manifestó.

Tampoco la hizo sospechar el hecho de que los trabajos aumentasen su horario: de 7 horas a 12 horas todos los días de la semana desde septiembre del 2022. Lo justificó con una sola frase: «Yo trabajaba allí por miedo». En el momento de los hechos la víctima pasaba por «una pequeña depresión» que la tenía «medicada» y en un estado «más vulnerable».

La clave para salir de la situación fue su propia hija. «Yo no me daba cuenta, un día hablé con mi hija y fue ella la que me llevó a denunciar», expuso, añadiendo otro dato: sobre el supuesto policía nacional que le hablaba por mensajería instantánea la acusada «me decía que se llamaba Roberto y que era el hijo del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas».

Nada le llamó la atención, ni que una supuesta fiscal y dos presuntos policías le hablasen por WhatsApp para darle las horas de trabajo, ni el hecho de no recibir un pago. Tampoco que «incluso me pidió 100 euros para manutención».

Hasta ahí llegó el juicio. Antes de dar inicio el abogado defensor presentó unos documentos bancarios que contradicen esta parte. Según lo presentado, la acusada sí le pagaba a la mujer, aunque no llegó a debatirse si era por estas causas o por otras, porque la víctima no reconocía el número de cuenta y la acusada declarará en último lugar. Quedó pendiente de una nueva fecha de señalamiento para resolver el entramado una vez que el banco coteje los datos y lo reporte al juzgado.

El tarot, hilo conductor

Pero no quedó ahí. Fuera de sala, la acusada quiso aportar a la prensa su versión de los hechos: una amistad «tóxica», brujería, dependencia y exceso de confianza son, para esta parte, los ingredientes del conflicto.

«Yo la conocí en 2016. No en el 2020 como dijo, y la conocí porque me tiraba las cartas a 20 euros la tirada», explicó sobre el inicio de la relación. Acudió a los supuestos servicios de la denunciante porque «me cogió en un momento vulnerable, yo me estaba divorciando del padre de mis tres hijos, estaba desesperada y confié».

Según su versión, la denunciante realizaba «endulzamientos» con los que los amados no te abandonaban y ella quería impedir la marcha de su marido. Con todo, el precio por esos servicios era «caro» entre «200 y 250 euros y yo no estaba en una situación económica muy buena».

Así se limitó a pedir las tiradas de cartas, pero desde 2016 hasta 2023, «porque crea dependencia». Tanto tiempo juntas compartiendo confidencias dio paso a que,a la persona que la sentó en el banquillo, la recuerde como «mi mejor amiga entonces, yo lo sentía así».

Niega los trabajos

Amiga a la que niega que le pidiese el desempeño de tareas del hogar. «Ella venía, pero no hacía nada. Éramos amigas», defiende. «Yo pasé por una muy mala racha económica, recibiendo ayudas de servicios sociales, Cáritas o Cruz Roja y me daban comida que incluso esta señora se llevaba porque me pedía», sostiene la acusada.

Según su relato, la denunciante le «pedía dinero constantemente» y a esas peticiones corresponderían las transferencias que el letrado presentó como prueba ayer:«Me pedía para medicinas, para comida y también para tabaco, por eso hay algunas pequeñas», dice la mujer. Cree que la denuncia partió del momento en el que le dijo que «tenía que dejar de pedir», porque acababa de «conseguir una ayuda para mi hija, que es dependiente las 24 horas del día, con una medicina que hay que darle cada dos horas, y ya me estaba pidiendo».

¿Por qué no cortó antes? «Por miedo a la brujería, llega un punto en el que te acojonas si te dice que una persona está enferma o se muere porque le hizo algo de brujería».

Así las cosas, el Ministerio Fiscal solicita para la acusada 2 años de prisión por un delito continuado de estafa y, a mayores, solicita que indemnice a la denunciante con distintas cuantías en función de los periodos trabajados. En concreto, reclama 875 euros mensuales entre junio y agosto de 2022; 1.000 euros entre septiembre y diciembre de ese mismo año, además de las horas extras que puedan acreditarse; 1.080 euros mensuales durante todo 2023, también con posibles incrementos por horas adicionales; y 1.134 euros por enero de 2024.

El Penal 2 tendrá que albergar una segunda parte de la vista antes de dictar sentencia.

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